Caiga-Quien-Caiga-Tu-fuente-de-noticias
#NoticiaOpinión

Un año más para Guaidó Por Enderson Sequera

Ayer, en una sesión cercana a la medianoche, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma al Estatuto para la Transición.

Siguiendo la tesis de “volver a la constitución desde la constitución”, el parlamento venezolano electo en 2015 continuará en funciones por un año más hasta el 05 de enero de 2023.

¿Qué se aprobó?

La discusión y aprobación de esta reforma estuvo marcada por la polémica. El péndulo del debate oscilaba entre la propuesta de Primero Justicia aprobada en primera discusión, cuya autoría se atribuye al diputado Juan Miguel Matheus, que buscaba limitar la presidencia encargada a un rol poco más que simbólico y crear una especie de gobierno parlamentario y la propuesta de la procuraduría especial, que, por el contrario, buscaba fortalecer el rol de la presidencia encargada disminuyendo el control parlamentario.

A todas estas, ¿qué se aprobó en la sesión de ayer? Con base al documento difundido por el equipo de Comunicaciones de la AN, aquí lo aprobado:

  • Continuidad constitucional de la AN electa en 2015 por un año más. Será ejercida a través de la Comisión Delegada.
  • El presidente de la AN actuará como presidente encargado para “defender la democracia y dirigir la protección de activos en el exterior”. Deberá rendir cuentas ante la AN.
  • En el caso de la política exterior, se dividen las tareas: el presidente encargado podrá “designar jefes de misiones diplomáticas” en los países que reconozcan a la AN, mientras que la Comisión Delegada autorizará las mismas y podrá designar representantes de la AN en temas como “Derechos Humanos, migración o crisis humanitaria y lucha contra la corrupción” en países donde no se reconozca a la AN.
  • Sobre el tema de los activos, la Comisión Delegada podrá autorizar el nombramiento o remoción de las juntas ad hoc presentadas por el presidente encargado y presentar instrumentos financieros para defender los activos. Se mantiene la figura del procurador especial. Junto al presidente encargado, estos deberán rendir cuentas mensualmente ante la Delegada -juicio por juicio- de “los avances estratégicos y el estado de la defensa de los activos del Estado en el extranjero”.
  • La Comisión Delegada podrá autorizar los nombramientos y remoción del presidente encargado para la junta ad hoc de PDVSA y sus filiales.
  • Se prohíbe el uso de activos del Estado recuperados por cualquier organismo del Poder Público hasta que se celebren elecciones libres.
  • La Comisión Delegada podrá autorizar, excepcionalmente, “el uso de fondos públicos, priorizando los gastos ordinarios del Poder Legislativo Nacional y la defensa de los activos del Estado venezolano en el extranjero”.
  • La Comisión de Administración del Gasto continuará sus funciones.
  • El Centro de Comunicación Nacional será sometido a una reestructuración (en la anterior propuesta se planteó su eliminación).

Minutos antes de cerrar la sesión, el presidente Guaidó dijo que publicaría un decreto derogando diversas instancias del gobierno encargado. Culminada la sesión, la presidencia emitió un comunicado donde celebró el acuerdo “unánime”.

Solo los diputados Luis Barragán y Dinorah Figuera, de Vente Venezuela, salvaron su voto al aludir que habían recibido tardíamente los cambios de la propuesta. En días pasados, Vente Venezuela hizo público que no aprobaría la continuidad constitucional del gobierno interino.

Consecuencias políticas

La reforma del Estatuto de la Transición aprobada ayer en la AN es un punto medio entre las posiciones de los grupos dominantes del parlamento. Por un lado, no se impone la propuesta de Borges y PJ que aspiraban a convertir a la AN en un gobierno parlamentario, pero tampoco se aprueba rajatabla la propuesta de la procuraduría que planteaba reducir los controles a la presidencia encargada.

Dado que el artículo 15 del Estatuto no hace referencia al artículo 233 de la constitución, algunos han interpretado que esto elimina la figura del presidente encargado. A juicio del jurista José Ignacio Hernández, esto no es cierto. “La reforma del artículo 15 no hace referencia al artículo 233 de la Constitución (…) Este cambio formal es intrascendente y no puede dar lugar a interpretar que la reforma del Estatuto eliminó la figura del presidente encargado al reducir el ejercicio de ciertas funciones ejecutivas por parte del presidente de la Asamblea”, afirmó*.

En esencia, el nuevo Estatuto de la Transición es una versión austera del original, que reduce la estructura del gobierno encargado, pero mantiene la figura de la presidencia encargada.

En adelante, la presidencia encargada será sometida a mayores controles por parte de la Comisión Delegada. No obstante, mantiene lo sustancial: la conducción de la política exterior, la defensa de los activos en el extranjero y el liderazgo para la defensa de la democracia a lo interno.

Luego de filtrarse y aprobarse en primera discusión la propuesta de Borges y PJ, la dura crítica de los expertos constitucionalistas aumentó el costo político de aprobar dicha reforma. En tanto, se produjo una discusión intensa en el seno de la AN para modificar la propuesta.

En entrevista para Politiks, ya el procurador especial, Enrique Sánchez Falcón, alertaba: “La reforma al Estatuto para la transición será negada o modificada”. Tenía razón.

La pugna en el seno de la AN para llegar a un acuerdo -y no someter ambas propuestas a votación abierta donde se lanzaba una moneda al aire- impidió que se diera la sesión el 30 de diciembre. Incluso, la sesión del día de ayer, originalmente convocada para las 10:00 a.m., inició a las 10:30 p.m. en medio de las quejas de la prensa nacional e internacional.

Si el objetivo de la reforma era mostrar espíritu de rectificación ante la ciudadanía que demanda transparencia, dilatar la discusión hasta el 03 de enero cercano a la medianoche fue una señal que en nada contribuye a la confianza ciudadana.

Curiosamente, el gran ausente de esta reforma fue la voz ciudadana en la opinión pública.  El venezolano, en medio de las navidades y de una desconexión total con lo político, no prestó atención al debate. Esto es una clara señal del desgaste sufrido por la presidencia encargada, en particular, y por la clase política venezolana, en general.

Al final, el quid de la cuestión de la forma fue el control de los activos en el exterior. En días previos a la discusión, la Corte Suprema de Reino Unido falló a favor de Juan Guaidó como jefe de Estado en el caso del oro venezolano en bancos ingleses. Esto puso de relieve que, pese a no haber logrado propiciar una transición a la democracia en Venezuela, la firma de Guaidó, en representación de la AN, tiene efectos jurídicos en el extranjero.

Finalmente, la AN decidió avanzar en un acuerdo salomónico: el presidente encargado seguirá dirigiendo la defensa de los activos en el exterior, se mantiene la figura del procurador especial (se había propuesto eliminarla en la versión anterior), pero estos deberán rendir cuentas de manera más estrecha a la Comisión Delegada. A su vez, esta se reserva la potestad de decidir sobre la designación y remoción de funcionarios en las juntas ad hoc en el extranjero.

¿Esta reforma nos acerca al cambio político?

Aprobada la reforma, resta la pregunta: ¿Esta nos acerca al cambio político? Vamos por partes.

La figura de la presidencia encargada ha sufrido un enorme desgaste. Parece improbable que se pueda extender, independientemente de lo que haga, por un año más luego de 2023.

En este sentido, 2022 parece perfilarse como un año de reestructuración de fuerzas. La división existente en el seno del G4 prevalecerá y no se resolverá solo acordando salomónicamente unos cambios en el Estatuto.

Lo que hace poco probable que la oposición pueda coordinarse en 2022 no es quién o qué instancia maneja los activos -y pasivos- venezolanos en el exterior, sino la estrategia de cambio (o la ausencia de esta).

El nuevo Estatuto para la Transición no aporta ningún elemento o cambio sustancial que contribuya a la estrategia de cambio político. Por el contrario, parece la reforma de un parlamento que intenta controlar a un presidente en ejercicio del poder y no de un movimiento que se enfrenta a una dictadura.

En el plano interno, está la elección de Barinas. Es muy poco probable que el chavismo entregue la gobernación de Barinas. Le mostró al país que puede alterar, ante los ojos de todos, el principio “una persona, un voto” y no pagó mayor costo político.

A 5 días de la elección, es claro que Barinas seguirá en manos del chavismo

Dicho esto, de cómo administre la oposición la previsible derrota en Barinas podrán surgir opciones para retomar la lucha política o para demostrar el fracaso que representó asistir al 21N en la lógica de la fiesta electoral y sin un plan para el día después.

¿Y qué pasa si Barinas se convierte en un hito para retomar la lucha política? El chavismo parece haber asomado ya una respuesta: volver al 7+7 como una excusa para desmovilizar cualquier intento opositor de volver a las calles y darle una vuelta más a la tuerca del control social en Venezuela. El optimismo de la navidad pasó, ahora tratan de evitar el clásico enero venezolano donde se reactiva la expectativa de cambio

No hay camino fácil ni recetas mágicas para 2022: sin mejorar la coordinación interna de la oposición, retomar la presión internacional y aumentar los niveles de movilización social, no habrá una oportunidad para el cambio político.

¿Qué podría cambiar este escenario? El conflicto en la frontera entre las disidencias de las FARC, ELN y demás grupos armados que, según reportes de Human Rights Watch ha dejado 24 muertos.

El presidente Duque ha denunciado que desde Venezuela se financia, protege y refugia a estos grupos armados. Es obvio que el chavismo es una amenaza a la seguridad nacional de Colombia y el continente. ¿Hasta cuándo estarán dispuestos a tolerarlo? ¿Cuánto más se pueden hacer la vista gorda con esta más que evidente realidad?

Si el chavismo comete un error de cálculo, o las tensiones en el seno de las FANB, acumuladas por la humillación sufrida en Apure el año pasado, aumentan notablemente, esto podría desestabilizar la coalición chavista y generar importantes dilemas para Maduro y su alto mando.

Agreguemos a esto que se trata de una coalición que ya sufre las tensiones ante el avance de la investigación de la Corte Penal Internacional. El Modelo Maduro para comprar la lealtad de la coalición parte de dos principios: corrupción e impunidad. La investigación de la CPI acaba con el segundo. Si Maduro como jefe de coalición no puede ofrecer protección a los suyos, se pueden generar incentivos para abandonar el barco… o hasta cambiar de bando.

Volvamos a la crisis en la frontera. ¿Qué tan dispuesto estará el presidente Duque a jugarse una acción audaz en sus últimos ocho meses en el gobierno? ¿O el presidente Bolsonaro en sus últimos 10 meses? ¿Qué tanta atención prestará la administración Biden, distraída por los tambores de la guerra en la frontera entre Rusia y Ucrania? Preguntas que deberán responder los policy makers en Bogotá, Brasilia y Washington DC.

Por lo pronto, el caso Venezuela sigue siendo un caso geopolítico. El pueblo venezolano, a quién el capitalismo de compinches a lo Maduro y la dolarización de facto le han dado un breve respiro luego de años de inhumana miseria, no está, como sostienen analistas, totalmente resignado a vivir en dictadura; solo espera una oportunidad que vuelva a despertar la expectativa de cambio.

Ese es el reto al que se enfrenta la dividida, atomizada y perseguida oposición.

*Hernández, J. (2022). LA REFORMA DEL ESTATUTO APROBADA EN SEGUNDA DISCUSIÓN POR LA ASAMBLEA NACIONAL Y LA CONTINUIDAD DEL ESTATUS DEL PRESIDENTE ENCARGADO.

Fuente @

Comment here

A %d blogueros les gusta esto: