Son 32 privados de libertad en el Fuerte Guaicaipuro, quienes permanecen sometidos a condiciones incompatibles con la dignidad humana y con los estándares mínimos de protección establecidos en normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
Familiares y personas cercanas señalan que atraviesan un estado de desnutrición, con visibles signos de deterioro físico, pérdida de peso severa y debilitamiento general. Varios de ellos presentarían cuadros de desorientación, asociados al prolongado aislamiento, a la falta de atención médica oportuna y a las condiciones extremas de reclusión.
Están confinados en uma suerte de cuevas o calabozos subterráneos, carentes de ventilación, luz natural y condiciones mínimas de habitabilidad.
Los familiares han agotado gestiones ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y hasta la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, solicitando intervención urgente, revisión de condiciones de reclusión, atención médica especializada y garantías procesales, sin haber obtenido hasta la fecha una solución efectiva.
Casos graves:
Cosme Alcalá, quien presenta trastornos psiquiátricos que requieren evaluación y tratamiento especializado inmediato.
Miguel Plaza, afectado por problemas renales, situación que demanda seguimiento médico constante.
José Manuel Mendoza, quien sufriría severas limitaciones de movilidad en una de sus piernas, sin acceso adecuado a atención traumatológica o rehabilitación.
Jesús Rafael Ramos, con evidentes problemas de hinchazón corporal, cuyo origen médico requiere diagnóstico inmediato.
Toda persona privada de libertad conserva sus derechos fundamentales, y el Estado mantiene la obligación indeclinable de garantizar su salud, seguridad y trato digno.
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