“El momento en que se admite en la sociedad la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios, y que no hay una fuerza de ley y justicia pública para protegerla, comienzan la anarquía y la tiranía.” John Adams (padre fundador de EE.UU.)
Mi defendido, Kamel Salame, tiene un problema. Y no es que le falten pruebas, abogados o paciencia. Lo que pasa es que hay funcionarios que reciben una sentencia, la leen y después siguen como si no hubiera pasado nada. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, dijo hace unos días que la propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución. Es una frase que suena bien, claro. Pero cuando uno mira lo que ocurre con los dos apartamentos de Kamel en las Residencias Carolina, en San Felipe (justo al frente del CICPC), cuesta saber cómo se traduce eso en la vida real. Según los documentos y las denuncias que se han hecho públicas, esos inmuebles nunca fueron incautados por el Ministerio Público ni por un tribunal. El oficio 2361-23 del Tribunal Quinto de Juicio de Aragua lo dice con bastante claridad: nunca estuvieron sujetos a una medida cautelar.
¿Y quién los tiene ahora? La Gobernación de Yaracuy. ¿Quién dispuso de ellos? Según lo denunciado, Erika Ojeda Mercade, funcionaria de la SUNAD, los asignó a la torera, después de sacar sin contemplaciones a dos familias de esos inmuebles. Una gran arbitrariedad, mejor dicho, abuso de poder de esta funcionaria para complacer a un gobernador que terminó cual jockey. Uno de los apartamentos, también según denuncias públicas, lo ocupa Mariana Verde, secretaria de despacho del gobernador Leonardo Intoci. O, para decirlo de una manera más discreta, allí “fijó residencia”. La expresión es más amable; el problema, sin embargo, sigue siendo el mismo: se trata de inmuebles que Kamel Salame reclama como suyos y que, según el expediente y las certificaciones citadas, no fueron incautados.
Al principio uno podría pensar que todo esto se debe a una confusión, un expediente mal archivado, una oficina que no recibió el papel correcto. Pero se van a cumplir cinco años desde que el Tribunal Quinto de Juicio del estado Aragua dictó sentencia absolutoria, el 26 de noviembre de 2021, y ordenó restituir los bienes a Kamel Salame. También dejó constancia de que esos dos apartamentos no estaban sometidos a medida cautelar alguna. Desde entonces, ha habido oficios, solicitudes, reclamos, amparos, recursos y denuncias penales. Y, pese a todo eso, los apartamentos no han sido devueltos.
La Procuraduría de Yaracuy recibió una solicitud formal el 17 de marzo de 2026. Antes, en noviembre de 2023, había respondido que no podía entregar los inmuebles porque estaban bajo disposición de la ONA, que luego pasó a ser la SUNAD. Ahí está una parte de lo que cuesta entender: si el Ministerio Público certificó en 2023 que esos apartamentos nunca fueron incautados por esa institución, y el tribunal dejó constancia de que no estaban sujetos a medida cautelar, ¿con qué fundamento siguen bajo la órbita de la Gobernación? Por disposición, al día de hoy del gobernador Leonardo Intoci. La explicación de que hay terceros ocupándolos no responde, por sí sola, a quién tiene derecho a ellos ni a por qué no se cumple la orden de restitución.
La comparación es sencilla: uno deja su carro estacionado y, cuando vuelve a buscarlo, le dicen que ya se lo dieron a otra persona y que ahora no pueden devolvérselo porque hay alguien usándolo. Así de absurdo suena. Según el relato de Kamel Salame y los documentos que cita, no estamos ante un bien nacionalizado, una expropiación con indemnización pendiente o una disputa compleja sobre quién es el dueño. Estamos ante dos apartamentos cuya devolución habría sido ordenada por un tribunal, mientras la Fiscalía certificó que nunca los incautó. Si eso es así, la pregunta sigue en pie: ¿por qué permanecen en manos de la Gobernación? Más grave aún, ¿Por qué Leonardo Intoci se los apropió y permitió que uno de ellos haya fijado residencia la secretaria de su despacho? Uno no quisiera pensar mal, pero el abuso, por no decir atropello, además de vulgar, luce desmedido, por no decir, ruin.
Y por eso la promesa de devolver activos a sus antiguos propietarios, y la afirmación de que la propiedad privada está protegida, no pueden quedarse en palabras. Kamel Salame tiene una sentencia, oficios judiciales y certificaciones fiscales, pero sigue esperando. Cuando se habla de que el proceso está “avanzado”, uno quisiera saber qué significa exactamente para quienes llevan años esperando que les devuelvan lo que reclaman como suyo. Porque desde afuera, en este caso, “avanzado” se parece demasiado a “todavía no”. Si después de tantos documentos y tantos años los apartamentos siguen sin ser restituidos, el avance debe de estar ocurriendo en algún lugar muy distinto de la vida de quien espera, o sea, mi representado, Kamel Salame. Porque los papeles se acumulan, el calendario avanza y la devolución no se mueve. “Avanzado”, dicen; será que avanzó el trámite… hacia otro escritorio. Los apartamentos, mientras tanto, siguen en manos de la gobernación, un acto arbitrario cohonestado por el gobernador Leonardo Intoci.
El artículo 25 de la Constitución establece que es nulo todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe derechos garantizados por la Constitución y la ley, y que los funcionarios que lo ordenen o ejecuten pueden incurrir en responsabilidad, según corresponda. Algo que profundiza la Sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ del 09/05/2000, Expediente: Nro. 11749. Pero citar la Constitución no resuelve la situación de Kamel Salame. La pregunta es quién va a hacerla valer en este caso y cuándo. El gobernador Intoci conoce el asunto; además, la Procuraduría del estado recibió la solicitud. Si la Gobernación sostiene que no puede entregar los apartamentos porque están bajo disposición de otro organismo, tendría que explicar cómo encaja esa respuesta con las certificaciones y la sentencia que se invocan.
No se trata de afirmar aquí más de lo que se sabe, sino de pedir una explicación que permita entender por qué dos apartamentos siguen sin volver a su dueño, pese a los documentos que se han presentado. Este hecho grotesco, reprochable, apunta a funcionarios concretos y también a una ocupante concreta. Son señalamientos serios, y corresponde que se aclaren con documentos y respuestas, no con silencios ni frases generales sobre la protección de la propiedad.
Delcy Rodríguez dijo que la propiedad privada es un derecho protegido. Yo quisiera creer que esa protección también alcanza a Kamel Salame y a sus dos apartamentos en Residencias Carolina. Pero, por ahora, lo que cuentas los hechos es otra cosa: una sentencia que ordena restituir los bienes, certificaciones que sostienen que nunca fueron incautados y un Gobernador que todavía no los entrega. Menos pelea y más soluciones, dijo también la presidenta. Ojalá esa frase llegue hasta el Palacio de Las Maporas en San Felipe y se convierta en algo concreto: que alguien explique por qué los apartamentos siguen en manos del ejecutivo regional y qué falta para cumplir la restitución que Kamel Salame lleva años esperando.
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