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Opinión

Servicios públicos de primera, Por Juan D. Villa Romero

La eficiencia en los servicios y en la buena administración del dinero público es una obligación del Estado venezolano, no una dádiva hacia el ciudadano.

Cualquier acuerdo social debe priorizar como estrategia fundamental la recuperación y ampliación sostenible de la infraestructura de servicios existentes. Venezuela es un caso inédito, en el que a pesar de que se tienen sistemas, no se disfrutan beneficios producto de la mala gobernanza y pésima gerencia del actual gobierno.

Situaciones inaceptables como la discontinuidad del servicio eléctrico, la reducción de cobertura y calidad de las comunicaciones, la deficiencia en la recolección de desechos sólidos, el no incentivar el reciclaje, la mala infraestructura vial o la entrega de agua no potable a las viviendas de nuestro país, no son más que el reflejo de la precariedad institucional que amenaza con convertir al ciudadano en esclavo del conformismo y la mediocridad.

En 2015 los jefes de Estado, reunidos formalmente en las Naciones Unidas, adoptaron la Agenda 2030, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Objetivo número 6 trata de agua limpia y saneamiento, el 7 energía asequible y no contaminante. Esto indica la importancia atribuida a estos servicios en red para mitigar la pobreza, que es el primer objetivo de la Agenda 2030.

No hay forma eficaz de distribuir y entregar aseo, agua, electricidad, transporte ferroviario o comunicación si no se cuenta con infraestructura, cuentas claras e institucionalidad que manejen adecuadamente estos servicios. Sustituir esos sistemas en red por métodos individuales como camiones cisternas, plantas eléctricas o instrumentos personales de comunicación, crea complejidades insoportables para la ciudadanía. Los costos comparativos rondan proporciones mayores entre esos métodos y lo que un sistema en red puede lograr.

Los servicios públicos constituyen una de las herramientas más eficaces para erradicar la pobreza e impulsar el ascenso de los países. No es posible lograrlo mediante otros métodos.

Una planta eléctrica para energizar una vivienda, cuesta alrededor de 1000 dólares y su vida útil, si opera 24 horas diarias, no alcanza el año, aparte de su mediocre funcionamiento. El costo del llenado de una pipa a través de una cisterna es de un dólar y su calidad es cuestionable, mientras que los demás países de nuestra América perciben agua limpia y constante por tuberías.

Los servicios de comunicaciones no pueden ser provistos individualmente: sus costos y vertiginosa transformación no lo permiten. Por esta razón, los operadores públicos tampoco funcionan adecuadamente en este medio, en el que en cada país de América Latina existen, -en promedio- mínimo tres operadores privados.

Un punto fundamental para desarrollar servicios públicos en red es comprender que, en primer caso son derechos humanos, y su acceso es una meta universal. Son beneficios que la población debe obtener, y el gran reto es llevarlos responsablemente a todos los hogares a precios asequibles.

Entender que las decisiones políticas acertadas comienzan por el compromiso de la alta dirigencia hacia el aspecto institucional, piedra angular del entramado productivo. No hay forma de enderezar el rumbo de Venezuela si no se adoptan políticas claras dirigidas a crear un ambiente institucional. La experiencia de los últimos años ha dejado claro que la congelación de tarifas a valores ridículos, que no cubren ni el papel de las facturas, convirtió a las empresas de servicio en servidumbre del gobierno central, tras perder absolutamente autonomía y capacidad operativa.

La selección y formación de capital humano son vitales para desarrollar instituciones sanas con un objetivo claro: sacar al marginado de su laberinto. Igualmente, coartar la participación privada en las empresas públicas, con la eliminación de la tercerización, significó la reducción casi al mínimo de su capacidad operativa, situación elocuente y comprobada.

Las políticas públicas tienen que contribuir a la formación de empresas de servicio autónomas, competitivas, con capital humano formado, con capacidad financiera producto del adecuado cobro de la prestación del servicio y sin complejos para entender que sus objetivos son contribuir a la erradicación de la pobreza y no a su fomento, como ha ocurrido en estos últimos años. La situación actual de las empresas públicas, sus planes, infraestructura, organización y operación ameritan cambiar el modelo, reforzarlas con empresas expertas que ayuden a reencontrar el camino, perdido por muchos años y que ha convertido al venezolano de a pie en un precario.

Solo si se asume el camino de la descentralización, la competencia, los planes de incorporación ciudadana y los montones de esfuerzos de venezolanos honestos, será posible contar con servicios públicos de primera.

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