Este 1 de marzo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, entregó ante el CNE el acuerdo sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales de cara a las presidenciales. Afirmó que el nuevo documento supera con creces al Acuerdo de Barbados, que fue suscrito en octubre de 2023.
En TalCual detallan qué tanto se diferencia el nuevo convenio al firmado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria
Dirigentes de partidos políticos, voceros de sectores productivos y económicos y diputados a la Asamblea Nacional (AN) de 2020 suscribieron un acuerdo para las elecciones presidenciales en el que quedaron expuestas propuestas de fechas para estos comicios, pero también aspectos que, según la versión del oficialismo, amplían las garantías democráticas de los actores que participarán.
El documento fue consignado el 1 de marzo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseveró que el acuerdo supera con creces al Acuerdo de Barbados –firmado en octubre del 2023–, y además es más inclusivo, pues fue construido en el seno de la AN-2020, durante reuniones de diálogo en el que participaron organizaciones políticas y partidos judicializados, así como representantes de sectores productivos, económicos y de los trabajadores.
Según Rodríguez, el nuevo acuerdo toma en cuenta algunos planteamientos que están inmersos en el convenio suscrito con la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria el año pasado.
Agregó que, al igual que el firmado en Barbados, este documento busca mejorar las condiciones de competencia para las elecciones presidenciales.
Sobre el documento firmado en la Asamblea Nacional, el mandatario Nicolás Maduro aseveró que su amplitud radica en el hecho de que para su construcción participaron más sectores. De acuerdo con el balance oficial, se sostuvieron más de 150 reuniones en nueve rondas de negociaciones.
La garantías que ofrece el nuevo acuerdo
Jorge Rodríguez dijo que el nuevo acuerdo es significativamente más amplio que el de Barbados.
Sin embargo, tras una revisión del nuevo documento no se encontraron mayores cambios en cuanto a las garantías o principios generales, más allá de reiteraciones que forman parte del discurso del Ejecutivo, como por ejemplo, la ratificación del rechazo a las sanciones extranjeras.
Con respecto a las garantías, las partes que firmaron el nuevo acuerdo se comprometieron en la promoción de un discurso político y social, favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico, participativo e incluyente; a asumir el respeto y cumplimiento de la normativa y las decisiones del CNE durante el desarrollo del cronograma electoral; y respetar y aceptar los resultados que arroje la elección.
También se urgió la adopción de medidas que garanticen la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en el territorio nacional, invitar a las misiones técnicas de acompañamiento nacional e internacional a la elección presidencial 2024, cuando estas cumplan con estricto respeto a la Constitución, la ley y normas jurídicas aplicables. No se asomaron cuáles podrían ser esas misiones.
«Desarrollar todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano, previas a la elección, durante la elección y posterior al proceso; garantizar la actualización del Registro Electoral, en Venezuela y en el exterior de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico y promover el acceso a los medios de comunicación públicos y privados, a partidos políticos y candidatos en igualdad de condiciones (entre ellos) radio, televisión, medios impresos o digitales, durante el desarrollo de la campaña», es parte de los acuerdos contenidos.
En Barbados hubo acuerdos similares a los antes expuestos. El gobierno y la oposición convinieron una sola propuesta para la fecha de las elecciones: que se realicen en el segundo semestre del año 2024, atendiendo al cronograma constitucional, a diferencia del más reciente acuerdo que contiene 27 posibles fechas para el evento comicial.
En el Acuerdo de Barbados también se urgió la ejecución de la actualización del Registro Electoral, incluyendo jornadas especiales de inscripción y actualización dentro y fuera del país; campañas de información; establecimiento de puntos de inscripción y actualización en todo el territorio, así como la continuación del proceso de cedulación.
En Barbados también se abogó por el desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano, incluyendo las relacionadas con el RE, con la participación de todos los actores políticos, la observación internacional y los acompañantes nacionales, de conformidad con la ley electoral.
El acuerdo firmado entre la delegación opositora y el gobierno en Barbados fue más preciso en cuanto a las misiones técnicas de observación que deberían invitarse al evento electoral.
Entre ellas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter, «a los fines de observar el proceso electoral presidencial, con estricto apego a la Constitución, la ley y los acuerdos suscritos con el Poder Electoral, sin perjuicio del derecho de los actores políticos a invitar acompañantes nacionales e internacionales, dentro del marco de la ley”».
En la jornada de negociaciones de Barbados, entre las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde se urgió la promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo. «Las Partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político», se lee en el documento.
¿Propuestas innovadoras?
El acuerdo que se gestó en la Asamblea Nacional expone supuestas «propuestas innovadoras» para «ampliar» garantías electorales. Este es un elemento que no está inmerso en el Acuerdo de Barbados.
Básicamente se propone al Consejo Nacional Electoral que elabore un reglamento para garantizar la publicidad electoral en igualdad de condiciones en medios públicos, privados y redes sociales para los partidos políticos y candidatos, «con el fin de fortalecer el ejercicio democrático, la promoción de sus campañas y propuestas electorales».
También se planteó asumir el uso responsable de las redes sociales como medio de comunicación de mayor impacto y consumo en estos tiempos.
En el acuerdo se considera necesario promover el respeto, la ética, el reconocimiento del adversario, la tolerancia, la no promoción de discursos de odio, también el acceso al despliegue de campañas.
«Exhortamos que en el régimen sancionatorio y punitivo que a los fines de las campañas electorales elabore el Consejo Nacional Electoral, se incluyan las infracciones derivadas del uso indiscriminado y ajeno a los principios antes enunciados por parte de los actores políticos en las redes sociales», se lee en el acuerdo.
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