Una corte de Florida declaró en rebeldía a la corporación estatal petrolera venezolana y a su junta administradora ad hoc por no contestar una demanda de prestaciones de una extrabajadora desincorporada en el año 2002. La filial Citgo Petroleum Corporation no está en rebeldía, mantiene una defensa activa y rechaza la retención de activos
Una corte federal del Distrito Sur de Florida declaró en rebeldía a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) y a la junta administradora ad hoc de Pdvsa, en el marco de una demanda presentada por una extrabajadora despedida durante el paro petrolero acaecido entre los años 2002 y 2003. En paralelo, la empresa Citgo Petroleum Corporation —filial estadounidense vinculada a la estatal venezolana— presentó un escrito en el que se opone a la medida cautelar solicitada por la demandante para proteger activos.
El caso, identificado en las actas como Lopenza c. Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y otros (número 1:25-cv-25796-DSW), está asignado a la magistrada jueza Detra Shaw-Wilder y se tramita de forma oficial en la división de Miami.
De acuerdo con las constancias del expediente público, el 11 de mayo de 2026 el secretario de la corte dictó una entrada de rebeldía contra Pdvsa y contra la junta administradora ad hoc de Pdvsa, de conformidad con la regla 55(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil de Estados Unidos. El documento señala de forma expresa que ambas demandadas no comparecieron, contestaron ni respondieron a la demanda dentro del plazo legal
En términos procesales, la rebeldía implica que esos dos demandados perdieron la oportunidad de defenderse en esta etapa del juicio, y que las alegaciones de la demanda pueden tenerse por admitidas frente a ellos. La rebeldía no equivale, por sí sola, a una sentencia ni a una orden de pago, debido a que la demandante aún debe solicitar y obtener una sentencia en rebeldía para que la decisión tenga efectos económicos. La filial Citgo Petroleum Corporation, el tercer demandado, no fue incluida en la entrada de rebeldía, pues sí compareció y mantiene una defensa activa en el caso a través de sus abogados.
El 20 de mayo de 2026, Citgo Petroleum Corporation presentó un escrito en el que se opone de modo formal a la moción de medida cautelar promovida por la demandante. Esa medida busca el establecimiento de un mecanismo de retención de bienes sobre activos vinculados a la estructura corporativa, con el fin de impedir que se dispongan o transfieran mientras se resuelve el litigio. Días antes, el 19 de mayo, Citgo Petroleum Corporation había presentado además su réplica en respaldo de su moción para que la corte desestime la demanda o, en su defecto, la suspenda, aunque la corte aún no ha resuelto ninguna de estas solicitudes.
La demanda fue presentada en diciembre del año 2025 por Ysidra Lopenza, quien actúa por derecho propio. Tras una decisión judicial que negó su solicitud de litigar bajo seudónimo, la demandante optó por continuar el proceso con su nombre real, por lo que el expediente es público desde el 4 de mayo de 2026. El reclamo se relaciona con el despido masivo de unos 18.000 a 23.000 trabajadores de Pdvsa durante el conflicto laboral de los años 2002 y 2003 y con el presunto manejo indebido de fondos de pensión y de fideicomiso de prestaciones sociales.
De acuerdo con los alegatos de la demanda —que constituyen afirmaciones de la parte actora y no hechos establecidos por la corte—, Citgo Petroleum Corporation tuvo participación en la persecución de los trabajadores. El escrito sostiene que ejecutivos de la empresa de refinación establecieron un centro de coordinación en las instalaciones del Hotel Eurobuilding de Caracas durante los años 2002 y 2003, y que se forzó el retorno a Venezuela de empleados que se encontraban de forma legal en Estados Unidos, bajo amenaza de revocación de visas. La demanda también vincula el destino de los fondos de los trabajadores con el esquema financiero de Francisco Illarramendi, investigado en cortes estadounidenses
Citgo Petroleum Corporation, por su parte, sostiene en sus escritos que la demanda debe ser desestimada. Hasta la fecha de edición de esta nota, la corte no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. El proceso permanece activo; dos de los tres demandados (Pdvsa y la junta administradora ad hoc) están en rebeldía, mientras que la filial mantiene su defensa y ha pedido la desestimación del caso, pendiente de resolución. No existe aún una decisión definitiva ni orden de pago a los antiguos empleados.
Esta información se basa de manera exclusiva en los documentos del expediente público del caso número 1:25-cv-25796-DSW ante la corte federal del Distrito Sur de Florida. Las imputaciones contra los demandados son alegaciones que deberán ser probadas en juicio; los demandados tienen derecho a defenderse y se presumen sin responsabilidad mientras la corte no resuelva lo contrario
elnacional
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