En toda democracia moderna existe un principio fundamental que garantiza la convivencia pacífica y la protección de los ciudadanos frente a los abusos del poder: el Estado de Derecho. Cuando este principio se debilita o desaparece, las leyes dejan de ser una garantía para convertirse en un instrumento al servicio de quienes ejercen el poder. Lamentablemente, esa es la realidad que hoy perciben millones de venezolanos.
La justicia debería ser el último refugio de los ciudadanos ante la arbitrariedad. Sin embargo, cuando los tribunales pierden independencia, cuando las decisiones judiciales son cuestionadas por su falta de transparencia y cuando el debido proceso deja de ser una norma para convertirse en una excepción, la confianza en las instituciones comienza a derrumbarse. No existe democracia posible sin una justicia libre, autónoma e imparcial.
Uno de los casos que mejor refleja esta preocupante situación es el de los jueces Maurelys Vílchez, Maryorie Plaza y Pedro Velasco, así como los fiscales José Gregorio Rondón y Francisco Urdaneta. Funcionarios de carrera de vasta honorabilidad, que durante años formaron parte del sistema judicial venezolano y que hoy permanecen privados de libertad por no atender las órdenes que emitía Cilia Flores a través de una comadre, según han señalado fuentes cercanas a quienes hoy pagan con su libertad por haber actuado conforme establece el ordenamiento jurídico venezolano, y se encuentran inmersos en procesos sobre los cuales la sociedad conoce muy poco. Independientemente de las acusaciones que puedan existir en su contra, lo verdaderamente importante es que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, al acceso pleno a la defensa, al conocimiento oportuno de las pruebas y a ser juzgada por tribunales imparciales, y existen denuncias de que varios de estos derechos les han sido restringidos o limitados. Cuando esas garantías no son visibles ni verificables, surgen dudas legítimas sobre la salud del sistema judicial.
La preocupación aumenta porque estos casos no son hechos aislados. En Venezuela se ha vuelto frecuente que jueces, fiscales, dirigentes políticos, periodistas, activistas y ciudadanos comunes sean sometidos a procesos rodeados de hermetismo, mientras sus familiares y abogados denuncian obstáculos para ejercer plenamente el derecho a la defensa. La justicia deja entonces de ser un espacio de protección para convertirse en una fuente de incertidumbre y, muchas veces, en un instrumento de represión por parte de quienes dirigen el régimen.
Algo similar ocurre en los procesos vinculados a la denominada Operación Relámpago del Catatumbo. Los casos de los exalcaldes zulianos Alberto Sobalvarro y Fernando Loaiza, por mencionar a dos dirigentes provenientes de distintas corrientes políticas, reflejan también las dudas que existen sobre el respeto al debido proceso en Venezuela. Para muchos ciudadanos, la verdadera falta de estos líderes fue haber impulsado las reivindicaciones y el desarrollo de los municipios que gobernaron, así como haber expresado, en distintos momentos y escenarios, opiniones que no siempre coincidieron con las directrices del poder central. Como resultado, hoy permanecen privados de libertad e impedidos de ejercer las responsabilidades para las cuales fueron electos. Sin embargo, más allá de cualquier posición política, la pregunta sigue siendo la misma: ¿se están respetando plenamente las garantías constitucionales y procesales que corresponden a cualquier ciudadano? El Estado de Derecho no se pone a prueba cuando se protege a los amigos del poder, sino cuando se garantizan los derechos de quienes son señalados, investigados o acusados. Allí es donde se mide la verdadera independencia de la justicia.
Resulta particularmente llamativo que mientras se anuncia una consulta pública para una eventual reforma judicial, persistan profundas preocupaciones sobre la situación de centenares de venezolanos considerados por diversos sectores como presos políticos. Ninguna reforma será creíble si no comienza por garantizar el respeto absoluto al debido proceso, la independencia judicial, la transparencia institucional y la revisión de aquellos casos que han generado cuestionamientos dentro y fuera del país. Hablar de transformación judicial sin abordar estos problemas de fondo sería equivalente a cambiar la fachada de una casa cuyos cimientos continúan deteriorándose.
Una reforma sincera y profunda del sistema de justicia debe comenzar por recuperar la confianza de los ciudadanos. Ello implica fortalecer la autonomía de los jueces, eliminar cualquier forma de presión política sobre los tribunales, garantizar el acceso efectivo a la defensa privada, respetar la presunción de inocencia y asegurar que ninguna persona permanezca privada de libertad sin las garantías que establece la Constitución. Sin estas condiciones, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un simple ejercicio retórico.
La historia demuestra que, cuando desaparece el Estado de Derecho nadie está verdaderamente protegido. Hoy puede tratarse de un juez, un fiscal, un alcalde, un dirigente político o un activista. Mañana puede ser cualquier ciudadano. Por eso la defensa de la justicia independiente no es una causa partidista ni ideológica; es una necesidad nacional.
Venezuela necesita más que discursos. Necesita instituciones fuertes, jueces libres de presiones, procesos transparentes y respeto irrestricto a los derechos humanos. Solo entonces podremos hablar, seriamente, de una reforma judicial auténtica. Solo entonces podremos afirmar que la justicia ha dejado de ser un instrumento del poder para volver a ser lo que siempre debió ser: la garantía de libertad y protección para todos los venezolanos.
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