#Noticia

¡De terror! Tráfico de niños en Aragua, autorizado por organismos oficiales

En los tribunales de Protección de Aragua los jueces manejan más dólares que los casinos de Las Vegas

Se han llevado niños a Costa Rica y a los Estados Unidos, con adopciones amañadas y, donde aparecen señalados, la abogada Ruth Palma Jiménez, jefe de Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes y, el Juez Octavo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Aragua, abogado Luis Rafael Rico Marín Allí en el IDENNA subastan y trafican con niños venezolanos que sacan del país con decisiones amañadas, donde nunca se cumplieron con los rigurosos trámites de ley. Existen varias denuncias muy bien sustentadas, en casos donde se han llevado menores a Costa Rica y a los Estados Unidos, con adopciones que no cumplen con los parámetros legales, además que se los entregan a personas que nunca se inscribieron en el programa de colocación familiar

Ya nada sorprende sobre lo que ocurre en el Poder Judicial de Aragua. Todo está tan descompuesto y es tanto el daño que a diario se le causa a la ciudadanía, que no extrañaría que en algún momento se desate una ola de enérgicas protestas encabezada por personas hambrientas de justicia. Las historias que se escuchan y que tienen su origen en los diferentes Circuitos Judiciales de la región, causan estupor. Los escándalos estallan consecutivamente y la gente no siente que el Tribunal Supremo de Justicia de una respuesta contundente frente a la gravedad de los hechos que se denuncian, la mayoría con prueba en la mano.

Luego del escándalo que acaba de hacerse público, sobre el hecho de que la juez Anabel María Suarez Osal, del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, en audiencia especial de presentación celebrada al amparo de la oscuridad de la noche, es decir, entre las 11:00 de la noche y la 1:50 de la madrugada y, contra la opinión del Ministerio Publico, decidió concederle libertad plena a cuatro narcotraficantes; nos llega otro que podríamos calificar de peor, porque se trata de asuntos que tiene que ver con tráfico de niños que sacan del país, al amparo de decisiones amañadas y, que por supuesto, involucra a jueces del Circuito de Protección en Aragua.

Quienes a diario acuden al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la esquina de la Sucre con calle Páez de Maracay, implorando justicia, esperan que con la designación de la abogada Raquel Contreras, como nueva Coordinadora del mencionado Circuito, se ponga fin al cumulo de bandidaje que ha venido ocurriendo en esa jurisdicción y de una vez por todas se ponga en práctica lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, inherente al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Ese Circuito de Protección se ha venido caracterizando por el retardo procesal, la violación flagrante al debido proceso y la mala fe de algunos jueces y funcionarios, que con tal y hacerse de unos dólares fáciles, pisotean la ley con verdaderos actos de injusticia.

Según el cumulo de denuncias que nos han llegado, en ese Circuito de Protección, los grandes negocios que allí se hacen, repetimos, van desde tráfico de niños venezolanos hacia el extranjeros, ventas de la patria potestad y otros muchos, incluyendo que en la URDD (Unidad de Recepción y Distribución de Documentos), de ese Circuito, cobran entre 50 y 100 dólares para «cuadrar» la distribución, es decir, enviar un expediente al despacho de un juez venal. En fin, un mercado persa. Un verdadero campo de injusticia.

De las denuncian que comienzan hacer bulto en nuestro escritorio de redacción se señala a la abogada Migdalys Agraz De Silva, titular de la cédula de identidad N° V-9.887.732, Juez Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Aragua; así como Luis Rafael Rico Marín, titular de la cédula de identidad N° V-9.686.957, Juez Octavo, de estar incursos en los delitos de prevaricación, usurpación de funciones, fraude procesal y concusión.

Afirman los denunciantes que los jueces Migdalys Agraz De Silva y Luis Rafael Rico Marín, en complicidad con otros funcionarios del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Aragua (secretarios, alguaciles), abusan del poder como mejor les parece, para sin escrúpulos alguno, exigir a los justiciables considerables sumas de dinero en divisa americana, para su lucro personal, que van desde 100 y hasta 5.000 dólares, para agilizar y sentenciar en tiempo récord divorcios de mutuo consentimiento o por desafecto, asimismo, asuntos relacionados con instituciones familiares tales como: patria potestad, responsabilidad de crianza, obligación de manutención, convivencia familiar, autorizaciones de viaje, familia sustituta, etc.

Vale destacar, que el juez Luis Rafael Rico Marín, quien dice ser pupilo de la magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Marjorie Calderón de Viamonte, y del Juez Rector del estado Aragua, Carlos Gámez. El juez Rico hasta hace poco estaba de reposo porque su padre y su hermana fueron víctimas de la pandemia Covid-19; sin embargo, desde su casa, trabajó aquellos asuntos en los cuales tiene intereses y compromisos económicos. Ya se reintegró a su despacho.

La mayoría de los informantes solicitan al magistrado Marco Antonio Medina Salas, Inspector General de Tribunales a que meta la lupa en todos esos actos de corruptelas que se producen en el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua; donde los inspectores que se designen, se reúnan con los muchos afectados por los actos de injusticia y que sancionen esas conductas desviadas de la sana administración de justicia.

Según una de las tantas denuncias, el juez Juan Contreras, quien llegó del estado Amacuro como el verdadero “policía de Valera”, ya saco las garras y ha comenzado hacer estragos, pidiendo lo suyo en divisas. Igualmente señalan a juez Migdalys Agraz Silva, quién cobra a todos y por todo y lo hace sin escrúpulos y en dólares; a quien el abogado Ignacio Ramírez la recusó porque arbitrariamente, pasándole por encima al principio que establece el interés superior del menor y el derecho a la propiedad, violentó unas cerraduras e ingresó a una empresa de transporte, para favorecer a los adultos, en perjuicio de unos menores. Allí, afirman, cobró una muy buena tajada en dólares. ¡Qué juez!

También tenemos en mano varias denuncias muy bien sustentadas en casos donde se han llevado niños a Costa Rica y a los Estados Unidos, con adopciones amañadas y, donde aparece señalada la abogada Ruth Palma Jiménez, jefe de Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA). Ella en cooperación con el Juez Octavo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Aragua Luis Rico, a quién corresponde por obra y gracias del espíritu Santo y «que» por distribución, los casos referidos a este tema, siempre le son internamente asignados a su tribunal y es precisamente, el juez Rico quien se encarga de armar los expedientes a IDENNA, para materializar el tráfico de niños venezolanos al exterior. La hermana de Rico antes de la pandemia era la encargada de la oficina de adopciones.

En la ampliación de los hechos, nos puntualizan los informantes, que el modus operandi del tráfico de niños, consiste en lo siguiente: la abogada Ruth Palma Jiménez hace entrega directa de los niños a los candidatos a adopción, sin pasar por el proceso de ley de declaratoria de adoptabilidad y emparentamiento. Los entrega a personas que ni siquiera cumplen con los requisitos de idoneidad. Además esas personas no aparecen inscritas en el programa de colocación familiar, pues ese programa solo existe en el papel, no lleva un registro de personas aspirante a adopciones, sino por vía de una subasta de hecho, es decir, quién más ofrece se lleva el niño, mientras que las personas que han realizado todos los trámites y han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, la abogado Ruth Palma, en perversa maniobra le da larga al proceso y éstos por agotamiento de ir y venir por su caso y por la desesperanza de no poder adoptar un niño, abandonan el proceso, y por supuesto la abogada Palma, logra su objetivo al no impulsar el proceso judicial de adopción.

Debemos destacar que la abogada Palma Jiménez fue destituida de IDENNA, debido a una grave denuncia en su contra, pero ¡Bingo! al mes regresó a su cargo, pues su señor “padrino” es nada más y nada menos, que el flamante general Jesús Rafael Suárez Chourio. Así son las cosas, como decía nuestro dilecto colega Oscar Yánez.

Nuestros informante tienen la certeza que la juez Migdalys Agraz Silva manejó un caso donde intentaron chantajear y extorsionar a un pelotero de grandes liga. En vista que el deportista se negó a pagar, ella en una decisión destemplada le impuso la obligación de manutención a su hijo de 40.000 dólares mensuales y mando el oficio a la Liga Americana, dónde trabaja el pelotero. Obviamente que la sentencia inejecutable, porque el equipo es de Estados Unidos. Ahora bien -sostienen los informantes- para dictar esa sentencia, por ese monto, ”estamos absolutamente seguros que no fue de gratis”, porque ella cobra por todo.

Tendríamos obligatoriamente que concluir este trabajo de hoy preguntando: ¿Quién o quiénes son los fiscales del Ministerio Publico encargados de intervenir en estos asuntos de menores? ¿Es que acaso la Fiscalía en Aragua también está en el negocio? Buscaremos las respuestas.

José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141

Comment here

A %d blogueros les gusta esto: