Hay pactos que se firman y otros que no necesitan tinta. Se construyen a partir de intereses coincidentes, de prioridades que comienzan a ordenarse de la misma manera y, sobre todo, de decisiones que permiten que dos actores aparentemente enfrentados terminen encontrando un punto de conveniencia común.
Lo ocurrido en Venezuela durante los últimos días obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos ante una transición política o ante una fórmula para postergarla mientras Washington y Caracas avanzan en una agenda energética de largo plazo?
No afirmo que exista un pacto secreto entre Donald Trump y Delcy Rodríguez para mantener al actual gobierno venezolano en el poder. No hay elementos públicos suficientes para sostener semejante afirmación como un hecho. Pero sí existen señales que permiten formular una hipótesis política que merece ser discutida: que la transición venezolana podría estar dejando de ser una urgencia para convertirse en una variable negociable.
Y eso cambia completamente el tablero.
El anuncio del acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela introduce un elemento de enorme dimensión. Se habla de inversiones, recuperación de la producción petrolera, participación de empresas estadounidenses y un horizonte de hasta 25 años para el desarrollo de determinados proyectos.
Desde la perspectiva estadounidense, el acuerdo puede representar acceso privilegiado a una de las mayores reservas petroleras del mundo, oportunidades para sus empresas, mayor influencia sobre el sector energético venezolano y un instrumento geopolítico de primer orden.
Desde la perspectiva del gobierno venezolano, representa algo igualmente importante: ingresos, inversión, recuperación de la industria petrolera y, sobre todo, tiempo.
Y aquí está el verdadero problema político.
Porque el petróleo puede recuperarse en meses o años, pero una transición democrática no puede quedar indefinidamente subordinada a la recuperación económica.
¿Petróleo primero y transición después?
Durante meses, el debate venezolano ha girado alrededor de la necesidad de reconstruir las instituciones, liberar a los presos políticos, recuperar derechos, renovar el sistema electoral y establecer las condiciones para una elección verdaderamente competitiva.
Ese debería seguir siendo el centro de cualquier proceso de transición.
Sin embargo, existe el riesgo de que el orden de las prioridades comience a invertirse.
Primero recuperemos la producción.
Primero estabilicemos la economía.
Primero garanticemos las inversiones.
Primero reconstruyamos PDVSA.
Y después, cuando existan las condiciones adecuadas, hablamos de elecciones.
El problema es que “después” puede convertirse en una palabra peligrosamente elástica cuando quienes tienen el poder son precisamente quienes tienen la capacidad de definir cuándo existen las condiciones adecuadas.
Venezuela conoce demasiado bien esa fórmula.
Durante años se han utilizado distintas razones para justificar la postergación de soluciones políticas: las sanciones, la estabilidad, el diálogo, la economía, las amenazas externas, las condiciones electorales o la necesidad de recuperar las instituciones.
Ahora aparece un nuevo argumento con un peso enorme: la recuperación petrolera.
El interés de Trump
También sería ingenuo analizar este escenario únicamente desde la perspectiva venezolana.
Donald Trump no es un actor desinteresado.
Su política exterior está marcada por una combinación de intereses económicos, energéticos y geopolíticos. Venezuela posee algo que para Estados Unidos tiene un enorme valor estratégico: petróleo, ubicación geográfica y capacidad para modificar el equilibrio energético del hemisferio.
Si Washington consigue garantizar una participación privilegiada de empresas estadounidenses en la recuperación petrolera venezolana, reducir la influencia de actores adversarios y convertir a Venezuela en un proveedor energético relevante para Estados Unidos, habrá obtenido objetivos concretos.
La pregunta entonces es inevitable:
¿Cuánto pesa la transición democrática frente a esos intereses?
Porque si Washington considera que puede conseguir estabilidad política, acceso energético, inversiones estadounidenses y cooperación venezolana sin exigir una transición inmediata, la presión por acelerar el proceso político podría disminuir.
Y eso es precisamente lo que debería preocupar.
No porque Estados Unidos tenga la obligación de resolver los problemas de Venezuela, sino porque una transición democrática no puede depender de que resulte conveniente para una potencia extranjera.
¿Un pacto Trump–Delcy?
Aquí aparece la expresión que probablemente más incomode: ¿existe un pacto Trump–Delcy?
No necesariamente un pacto escrito.
No necesariamente un acuerdo secreto.
Puede existir algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más poderoso: una convergencia de intereses.
Trump puede querer petróleo, estabilidad, influencia y resultados concretos.
Delcy Rodríguez puede necesitar tiempo, inversión, reconocimiento, estabilidad y recursos para reconstruir una economía devastada.
Si ambos obtienen algo que necesitan, la transición puede dejar de ser el punto central de la negociación.
Ese es el verdadero riesgo.
Porque mientras Washington puede pensar en los próximos años de su estrategia energética, el poder venezolano puede pensar en cómo utilizar esos mismos años para consolidarse.
Y entonces surge la pregunta que ningún venezolano debería dejar de hacerse:
¿Estamos negociando una transición o estamos negociando cuánto tiempo puede durar la espera?
El Congreso estadounidense también importa
Hay, además, otro actor que no puede ignorarse: el Congreso de Estados Unidos.
La política venezolana no depende exclusivamente de la Casa Blanca. Dentro de Washington existen posiciones distintas sobre cuál debe ser el camino hacia una transición democrática y hasta qué punto la política hacia Venezuela debe estar condicionada por los intereses energéticos y estratégicos estadounidenses.
Por eso, incluso si la administración Trump considera conveniente avanzar gradualmente, la presión política dentro de Estados Unidos puede terminar obligándola a demostrar que la recuperación petrolera no significa abandonar la democratización venezolana.
Pero allí aparece otra posibilidad.
Que la transición no sea descartada, sino simplemente reprogramada.
Que se hable de elecciones, pero sin una fecha cercana.
Que se anuncien reformas institucionales, pero condicionadas a nuevos acuerdos.
Que se avance en la recuperación económica mientras se mantiene abierta, pero distante, la promesa de una futura elección.
Y si ese proceso se extiende demasiado, podríamos encontrarnos ante una paradoja histórica: Venezuela podría estar reconstruyendo su industria petrolera antes de haber reconstruido plenamente su República.
Delcy Forever
Por eso el título no es una simple provocación.
“Delcy Forever” no significa afirmar que Delcy Rodríguez permanecerá eternamente en el poder.
Significa advertir sobre la posibilidad de que la transición se convierta en una promesa permanente: siempre anunciada, siempre negociada, siempre condicionada a una nueva circunstancia y siempre ubicada un poco más adelante.
El peligro no es solamente que no haya elecciones.
El peligro es que la expectativa de las elecciones termine sustituyendo a las elecciones mismas.
Venezuela necesita petróleo. Necesita inversión. Necesita reconstruir PDVSA. Necesita capital extranjero y necesita recuperar su capacidad productiva. Sería absurdo negar cualquiera de esas necesidades.
Pero también necesita instituciones legítimas, separación de poderes, independencia judicial, un árbitro electoral confiable, partidos políticos competitivos, garantías para la participación ciudadana y elecciones libres.
Una cosa no puede sustituir a la otra.
La recuperación económica puede ser parte de la transición. Nunca puede convertirse en su sustituto.
Porque si el petróleo vuelve a fluir, las inversiones llegan, los ingresos aumentan y la economía comienza a recuperarse, pero la democracia continúa esperando, entonces habrá que preguntarse quién está financiando la reconstrucción de Venezuela y, sobre todo, quién está ganando el tiempo que esa reconstrucción necesita.
El verdadero riesgo no es que Estados Unidos haya renunciado a la transición venezolana.
El verdadero riesgo es que haya decidido que la transición puede esperar.
Y si eso ocurre, mientras el petróleo mira hacia los próximos 25 años, los venezolanos podrían descubrir que la transición que esperaban para hoy fue nuevamente enviada al futuro.
Delcy Forever.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedInCorreo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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