La crisis venezolana no deja de sorprender a propios y extraños. Pero hay momentos en los que la indignación deja de ser suficiente y comienza a imponerse una pregunta que no podemos evadir: ¿Qué ocurrió con un país en el que la necesidad de millones de personas terminó convertida en una forma de dependencia política y, según investigaciones judiciales, también en una oportunidad para el enriquecimiento ilícito de unos pocos?
Lo ocurrido con el programa de alimentos CLAP obliga a mirar de frente una historia que durante años estuvo ante nuestros ojos en las calles, en las colas y en la desesperación diaria de los hogares. Pero esa historia adquiere ahora otra dimensión después de que Alex Saab se declarara culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero relacionado con un esquema de sobornos y fraude en contratos públicos de alimentos y medicinas destinados a Venezuela. Como parte del acuerdo judicial, aceptó el decomiso de 195 millones de dólares a favor de las autoridades estadounidenses y acordó cooperar con las investigaciones.
Esto no debería ser motivo de alegría para ningún venezolano. Cuando se habla de cientos de millones de dólares vinculados a programas destinados a atender a personas golpeadas por la pobreza y la escasez, lo que debería aparecer es preocupación, vergüenza y reflexión. Desde nuestra realidad cotidiana en la frontera, vimos de cerca como familias enteras tuvieron que hacer sacrificios extremos para conseguir que comer, trabajadores cuyos ingresos se esfumaron y ciudadanos que aprendieron a sobrevivir con lo indispensable. Por eso resulta tan doloroso pensar que aquello que para muchos representaba un alivio para subsistir pudiera convertirse, según lo admitido ante la justicia estadounidense, en parte de un entramado para obtener beneficios ilícitos. Más grave aún sería que la necesidad terminara transformándose en una relación de dependencia utilizada para condicionar la conciencia de los ciudadanos.
Ante esos hechos hay que mirar con atención rigurosa lo que sostiene el expediente judicial. Las investigaciones documentaron a empresas como Group Grand Limited, vinculada a Álvaro Pulido y al propio Saab, quienes obtuvieron contratos millonarios relacionados con la adquisición e importación de alimentos destinados al programa CLAP, mediante operaciones en las que participaron entidades del gobierno regional del Táchira, entre ellas la Comercializadora de Bienes y Servicios COBISERTA. De acuerdo con los documentos judiciales, parte de aquellas operaciones estuvo vinculada a pagos ilegales y ganancias ilícitas. No estamos ante una mención genérica, sino ante operaciones investigadas y documentadas que ocurrieron mientras millones de ciudadanos hacían malabares para sobrevivir a una crisis que no habían provocado, teniendo que escoger entre comer hoy o guardar algo para mañana. Esa contradicción entre el discurso de justicia social y la realidad que vive la gente no puede ser borrada por ninguna propaganda.
A esos acontecimientos no se les puede dar la espalada, pero tampoco convertir la justicia en un espectáculo de vencedores y vencidos. Que una persona de declare culpable ante una corte extranjera debe atenerse a las consecuencias que correspondan, pero la justicia venezolana no puede quedar reducida a la voluntad de potencias ajenas ni convertirse en una negociación de intereses políticos circunstanciales. Venezuela necesita justicia, no venganza; instituciones firmes, no vengadores. Necesita recuperar los recursos desviados y determinar responsabilidades con pruebas y procedimientos transparentes. Y precisamente porque las responsabilidades deben ser individuales y demostradas, tampoco podemos olvidar que Saab no apareció de la nada en sus relaciones con el Gobierno. Desde años atrás ya figuraba en contratos públicos para la construcción de viviendas.
Después de su liberación en diciembre de 2023, como parte de un intercambio de prisioneros, fue reincorporado al aparato gubernamental hasta ser nombrado ministro de Industria y Producción Nacional. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ha identificado como ciudadano colombiano. Su posterior incorporación al gabinete venezolano plantea una cuestión que merece ser esclarecida con rigor, dando lugar a lo establecido en la Constitución de la República de Venezuela, para ese tipo de nombramientos, para evitar sustituir los hechos por presunciones, sin ignorar las preguntas que esa decisión gubernamental genera. Hoy, tras su declaración de culpabilidad, corresponde además determinar qué responsabilidades alcanzan a quienes participaron, facilitaron o se beneficiaron de esas operaciones.
Desde mi espacio de lucha en la frontera del Táchira, no puedo permanecer indiferente ante una realidad que golpeó con rudeza a los más vulnerables. Denunciar los abusos no significa alimentar el odio; exigir justicia no es pedir persecución; y reclamar soberanía no significa cerrar las puertas a la cooperación e intercambio y acuerdo internacional. Significa recordar que Venezuela pertenece a los venezolanos y que ningún grupo económico ni ningún cálculo político pueden sustituir el derecho de nuestra sociedad a conocer la verdad y exigir cuentas.
La historia puede tardar en poner cada cosa en su lugar, pero la factura de las responsabilidades siempre llega. Sería un grave error que, después de tanto sufrimiento, termináramos aceptando que unos se fueron solo para que otros ocuparan su lugar y repitieran las mismas mañas. El país no necesita nuevos amos. Necesita verdad, instituciones que funcionen y ciudadanos capaces de defender su dignidad sin perder jamás su condición humana.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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