Salir de casa para trabajar, llevar a un hijo a la escuela o simplemente caminar por las calles del municipio debería ser un acto cotidiano, no un ejercicio permanente de incertidumbre. Sin embargo, para millones de venezolanos esa realidad se ha transformado en una prueba diaria donde el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y la pérdida de confianza en las instituciones condicionan la vida de las personas. Allí comienza, silenciosamente, el verdadero laberinto de la dignidad.
Durante años se nos ha querido convencer de que debemos acostumbrarnos a convivir con la precariedad, aceptar como normal el deterioro de nuestras ciudades y resignarnos a que los espacios públicos dejen de pertenecer al ciudadano para convertirse en escenarios de control político. Esa transformación no ha sido producto del azar. Es el resultado de un proceso en el que numerosas instituciones fueron alejándose progresivamente de su misión de servir al bien común para responder, cada vez más, a intereses de poder. Comprender la profundidad de esta realidad exige mirar más allá de sus efectos cotidianos y analizar cómo ha sido desmontada, de manera progresiva, la estructura institucional que debía garantizar la vida democrática desde su nivel más cercano: el municipio.
El municipio no nació como una simple división administrativa. Fue concebido como la célula fundamental de la organización política del Estado, el espacio donde el ciudadano puede participar directamente en la solución de los problemas de su comunidad y donde los servicios públicos deberían responder con mayor eficiencia a las necesidades colectivas. Allí comienza la democracia cotidiana. Sin embargo, durante las últimas décadas ese modelo fue sustituido progresivamente por estructuras paralelas que, bajo distintos mecanismos de control político, desplazaron competencias constitucionales de gobernaciones y alcaldías. Más que fortalecer la gestión pública, estas instancias debilitaron la autonomía local y consolidaron un modelo profundamente centralizado, donde las decisiones dejaron de responder a las necesidades de las comunidades para depender cada vez más de intereses políticos.
Cuando un municipio pierde la capacidad de decidir sobre sus propios recursos, administrar sus servicios y planificar su desarrollo, las consecuencias no tardan en hacerse visibles. Las calles permanecen deterioradas, el alumbrado público deja de funcionar, la recolección de desechos se vuelve irregular y el espacio urbano comienza a reflejar el abandono institucional. Pero el daño más profundo no es únicamente material: también se rompe la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo. Uno de los ejemplos más preocupantes de esta distorsión puede observarse en el ámbito de la seguridad ciudadana. La función esencial de cualquier cuerpo policial consiste en proteger la vida, garantizar el orden público y generar confianza en la población. Esa es la razón por la cual el Estado destina recursos para su formación, equipamiento y funcionamiento.
Sin embargo, cuando las policías municipales operan con presupuestos insuficientes o sometidas a mecanismos de financiamiento que desvirtúan su misión, las prioridades comienzan a invertirse. El ciudadano deja de percibir al funcionario como un servidor público y empieza a verlo como un potencial sancionador. En demasiadas ocasiones, los esfuerzos parecen concentrarse en la imposición de multas derivadas del propio deterioro de la infraestructura urbana (baches, señalización deficiente o vías mal mantenidas) mientras la delincuencia continúa afectando la tranquilidad de numerosas comunidades.
No se trata de cuestionar la aplicación de la ley ni la necesidad de hacer cumplir las normas de tránsito. Se trata de preguntarnos si el propósito de la autoridad sigue siendo proteger al ciudadano o si, por el contrario, la recaudación termina ocupando un lugar que jamás debería sustituir la verdadera función preventiva de los cuerpos de seguridad. La dignidad de una sociedad no se mide únicamente por el crecimiento de su economía o por la estabilidad de sus instituciones. También se refleja en la manera como el Estado trata a sus ciudadanos. Cada funcionario que actúa con vocación de servicio fortalece la confianza pública; cada abuso de autoridad, por pequeño que parezca, erosiona silenciosamente el pacto de convivencia sobre el cual descansa toda democracia.
Cuando la autoridad pierde legitimidad ante los ojos de la sociedad, también se debilita la convivencia. El ciudadano deja de colaborar, aumenta la desconfianza hacia las instituciones y la relación entre el Estado y la comunidad comienza a construirse sobre el temor en lugar del respeto. Ninguna democracia puede consolidarse cuando sus instituciones son percibidas como instrumentos de presión y no como garantes de derechos. Las consecuencias trascienden incluso el ámbito político. Ningún municipio puede aspirar a atraer inversiones, generar empleo o impulsar el desarrollo económico cuando predominan la inseguridad jurídica, el deterioro de los servicios y la incertidumbre institucional. Del mismo modo, miles de venezolanos no abandonan únicamente su país por razones económicas; muchos también emigran porque sienten que el Estado ha dejado de ofrecer las condiciones mínimas de protección, estabilidad y oportunidades para construir un proyecto de vida.
La recuperación de Venezuela exige una discusión seria sobre el rediseño institucional del territorio. Recuperar el Estado de derecho implica devolver competencias reales a gobernaciones y alcaldías, fortalecer la descentralización prevista en la Constitución, profesionalizar los cuerpos policiales y garantizar presupuestos suficientes que permitan atender las necesidades de las comunidades sin subordinarlas a intereses políticos circunstanciales. Defender el municipio es, en realidad, defender la democracia desde su base más cercana al ciudadano. Allí se construye la participación, la convivencia y la confianza pública. Allí comienza también la posibilidad de recuperar una República donde la autoridad vuelva a estar al servicio de la gente y no al servicio del poder.
Rendirse nunca será una opción para quienes creemos en la paz, el trabajo honrado y la convivencia democrática. Las transformaciones profundas no nacen de la improvisación, sino del reconocimiento honesto de los errores institucionales y de la voluntad colectiva para corregirlos. Recuperar la dignidad de Venezuela pasa por reconstruir sus instituciones, devolverles fuerza a sus municipios y restablecer una relación de confianza entre el Estado y el ciudadano. Solo entonces dejaremos de recorrer el laberinto y comenzaremos, juntos, el camino hacia una República verdaderamente libre, democrática y al servicio de su gente.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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