Los recientes anuncios realizados por la mesa de acuerdos, tutelada por el gobierno de los Estados Unidos, son reveladores en materia energética —de forma expedita— y judicial, con leves destellos hacia el sector electoral y otros temas de sumo interés que no terminan de germinar en lo concreto. Tal vez porque aún no hay transición, se han dejado de lado remociones y nombramientos de funcionarios que no pueden seguirse postergando a conveniencia de algunos, como lo son el Contralor General de la República, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, y, sin duda, la eliminación del mal llamado Sistema Patria. Este sistema se convirtió en la herramienta preferida del régimen para identificar a los funcionarios públicos, obligarlos a inscribirse en el excluyente Carnet de la Patria y someterlos a persecución y acoso laboral por pensar distinto. Todo ese andamiaje partidista se construyó con la sola intención de imponer el partido único, centralizando las decisiones en todos los ámbitos, al punto de usurpar funciones de gobernaciones y alcaldías con la imposición de las malintencionadas tablas salariales desde la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), ente perteneciente al Ministerio de Finanzas, adjudicándose el 100 % de la partida 4.01 del presupuesto, cuyos recursos asignan a dedo a estas instituciones de elección popular.
El daño causado al salario de los trabajadores por parte de los revolucionarios del siglo XXI es moralmente incuantificable y éticamente inaceptable. Docentes, personal de la salud y empleados públicos pasaron meses en las calles exigiendo lo que por derecho les corresponde. Sus quejas y presentación de soluciones no fueron escuchadas por las autoridades ahora tuteladas; por el contrario, recibieron como respuesta «gas del bueno» para asfixiar rápidamente y acallar así a los trabajadores que se atrevían a alzar su voz contra el amo. Eliminaron reivindicaciones socioeconómicas y se burlaron de las convenciones y contrataciones colectivas porque eructaban odio en contra de quienes las dirigían, sin importarles los agremiados y sus familias. De los años de servicio entregados al país, solo quedaron las lágrimas por el despojo que hicieron de sus prestaciones sociales.
Esta política de destrucción abarcó todos los frentes, y la empresa privada no escapó a tales abusos. La persecución se intensificó contra quienes anunciaban en canales de información o mantenían programas disidentes al oficialismo. Los cierres de empresas y comercios no tardaron, con el SENIAT presentándose para cumplir la orden emanada. Desde expropiaciones hasta el cierre de canales de televisión y frecuencias radiales, todo se hizo pasando por encima de la norma establecida, escupiendo palabras obscenas contra el pensamiento distinto. Liquidaron el presupuesto de las universidades y de la investigación porque les era inaceptable que el conocimiento viajara con tranquilidad en los autobuses y que en las aulas se debatieran las realidades del país. Ese pensamiento crítico fue arrinconado y maltratado con el uso de la fuerza y la presión carcelaria, privando de libertad a los insistentes. Así encontraron el hacha para derribar la diferencia al pensar y actuar, multiplicando al infinito las desigualdades sociales. Todo ese absurdo fue aplaudido por muchos que hoy se convierten en los cipayos de la patria, mientras otros todavía exigen a los tutelantes y tutelados la libertad plena para los presos de conciencia.
El campo venezolano corrió con la misma suerte. El campesino y el productor agropecuario vieron como perdían sus tierras y sus cosechas se venían abajo. El organismo que debió apoyar la inversión, producción y comercialización se convirtió en su peor pesadilla. Engañaron hasta más no poder al trabajador con las narrativas burlonas de que las empresas les pertenecían; nada de eso se ha visto reflejado en la tabla de necesidades que deben ser debatidas en la mesa de acuerdos. Tal vez para algunos esto no tenga importancia en este momento, pero es necesario recordar que muchos murieron de pie reclamando lo que les pertenece y que les fue arrebatado. Sin embargo, hemos visto como los tutelantes han reclamado lo suyo y cobran con creces la supuesta deuda de millones de dólares que Venezuela tiene con el gobierno de los EE. UU. Incluso, resuenan expresiones que llaman a la reflexión ciudadana cuando el presidente de la potencia norteamericana sentencia: “quien gana se queda con el botín”.
La mesa de acuerdos debe tener claro que reconocer los errores es, en parte, uno de los elementos que pueden llevar a feliz término las conversaciones, pero eso pasa por la aprobación del tutelante. Pareciera que por momentos hay luz y, al levantar la vista, vuelve la oscuridad. Hoy, los chivos expiatorios salen a relucir por todas partes, mientras los responsables directos de esta crueldad intentan evadir su culpa. La puerta queda abierta ahora para exigir que los salarios vuelvan a ser debatidos y acordados entre trabajadores y patronos, y que los presupuestos respondan a las realidades socioeconómicas, sustentados en la normativa legal y no en el capricho de quienes detentan el poder.
Para justificar este desastre ya no sirve la excusa de las sanciones y los bloqueos. Quienes gobiernan jugaron a aislarse para asociarse exclusivamente con sus pares ideológicos; no para beneficiar a la gente, sino para arrimarse a los provocadores de miserias y arrodillar al pueblo. De allí provino la escasez, las colas humillantes, el altísimo nivel inflacionario, la especulación y la chequera mercantilista. Así se gestó la judicialización de los partidos políticos y la compra de voluntades; el abuso de poder reinó y cristalizó en dirigentes y organizaciones que, por recibir prebendas y lochas, les dieron la espalda a las necesidades de la sociedad.
Los venezolanos siguen clamando por cambios estructurales y del sistema de gobierno. Hay una rabia contenida, pero el ciudadano no se rinde ni pierde la esperanza de que, en la mesa de los acuerdos entre quienes llevaron al abismo al país, se logren reivindicaciones sociales. Se espera la concreción de los anuncios: que cese la vulgar usurpación de funciones, se respete el marco legal y se eliminen las aprobaciones diseñadas para favorecer únicamente a una corriente política. Es urgente introducir la pluralidad como mecanismo de acción, para que en el mañana se respete a mayorías y minorías por igual.
Al final del camino, la ONAPRE es solo un chivo expiatorio utilizado por las individualidades que gobiernan este hermoso país para eludir sus propias responsabilidades. Queda mucho por hacer, porque una cosa es decir y otra concretar. Sin transpirar odio, la lección nacida de tanto sufrimiento debe estar asimilada: los venezolanos debemos organizarnos desde verdaderos Espacios de Encuentro Ciudadano para el debate y así evitar, en el mañana, la asunción al poder del mesianismo y la improvisación en gestiones de tanta relevancia como lo es la gerencia de un país. Eso esperamos.
Arturo Molina
@Jarturomolina1
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