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El consejo editorial de The New York Times: Un compromiso sobre la inmigración es posible. Este proyecto de ley podría hacerlo realidad.

El consejo editorial es un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en la experiencia, la investigación, el debate y ciertos valores de larga data . Está separado de la redacción.

Traducción libre.

Una ola de personas que buscan una vida mejor ha abrumado la infraestructura de inmigración de Estados Unidos. 

En respuesta, Estados Unidos ha permitido que cientos de miles de migrantes que buscan asilo vivan y trabajen en el país sin ninguna evaluación de los méritos de sus reclamos, mientras expulsan sumariamente a cientos de miles más, también sin tener en cuenta los méritos de sus reclamos.

La promesa de dar cobijo a los necesitados se ha convertido así en una farsa kafkiana.

La inmigración es una fuerza vitalizadora en la vida cultural y económica de la nación, pero Estados Unidos no puede admitir a todos los que deseen venir. 

La elección de quién puede ingresar debe ser intencional, no el resultado de un gobierno que carece de la capacidad para hacer cumplir sus propias leyes. 

El caos del proceso de asilo está socavando el apoyo público a la inmigración. Y eso, a su vez, pone en peligro la capacidad de obtener refugio de quienes tienen una necesidad legítima.

El compromiso de Estados Unidos de ofrecer asilo a las personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen es una expresión esencial de los ideales de la nación. Pero el sistema está roto.

Estados Unidos necesita invertir los recursos necesarios para estar a la altura de sus ideales mediante la construcción de un sistema que trate a los solicitantes de asilo con dignidad, proporcione una adjudicación justa y eficiente de sus solicitudes y garantice que aquellos que no obtienen permiso para permanecer en el país no te quedes

Las escenas diarias de familias desaliñadas que cruzan el Río Grande para llegar a Texas resumen la miseria y la injusticia de un sistema de inmigración que se ha convertido en una colección desordenada de brechas y barreras. 

Entre octubre de 2021 y junio de 2022, los tres primeros trimestres del año fiscal más reciente, el gobierno aceptó solicitudes de asilo de más de 150.000 personas, en su mayoría de América Latina, muchas de las cuales viajaban con sus familias. 

A menudo buscan o esperan pacientemente el arresto tan pronto como ponen un pie en los Estados Unidos, sabiendo que después de unos días bajo custodia federal, serán liberados. 

Más de 750.000 personas esperan ahora que el gobierno revise sus solicitudes de asilo, y el tiempo de espera promedio es de más de cuatro años, según Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Mientras tanto,

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental informó el mes pasado que el gobierno estaba luchando para realizar un seguimiento de una parte significativa de los liberados de la custodia. 

Entre marzo de 2021 y febrero de 2022, Aduanas y Protección Fronteriza liberó a 184.900 migrantes que buscaban asilo. Se les indicó que se presentaran en las oficinas de inmigración en sus ciudades de destino, pero a partir de marzo de 2022, aproximadamente una de cada cuatro de esas personas no lo había hecho.

La acumulación de solicitudes de asilo ha aumentado a pesar de que el gobierno, desde marzo de 2020, ha usado el pretexto de una emergencia de salud pública para prohibir las solicitudes de asilo de algunas de las naciones que históricamente se han contado entre las mayores fuentes de migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos , incluidos México, Guatemala y Honduras. 

Entre octubre de 2021 y junio de 2022, el gobierno federal invocó esa regla, conocida como Título 42, para expulsar a migrantes 853.000 veces a lo largo de la frontera sur (aunque ese número incluye a muchas personas que fueron atrapadas y expulsadas más de una vez). 

Los esfuerzos de la administración de Biden para poner fin al uso de la regla están actualmente atados en un tribunal federal.

La naturaleza caprichosa del sistema actual se mostró vívidamente a principios de este mes. 

Después de permitir que decenas de miles de migrantes de Venezuela ingresaran al país en los últimos años, la administración Biden agregó a Venezuela a la lista de países del Título 42, prohibiendo efectivamente nuevos reclamos. Ese fue un cambio abrupto de una política demasiado permisiva a una demasiado restrictiva.

El problema básico es que el gobierno no tiene los recursos para actuar con justicia. Un proyecto de ley presentado el año pasado, la Ley Bipartidista de Soluciones Fronterizas , proporcionaría esos recursos. 

El núcleo del proyecto de ley ampliaría la capacidad del sistema de inmigración para clasificar las solicitudes de asilo. Brinda financiamiento para cuatro nuevos centros de procesamiento a lo largo de la frontera sur donde los migrantes que buscan asilo podrían ser detenidos por hasta 72 horas y donde se someterían a exámenes de salud, verificación de antecedentes y una evaluación inicial para determinar si tienen un temor creíble de persecución en su países de origen. 

Las personas que no cumplan con el estándar podrían ser deportadas, con un derecho limitado a apelar.

Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia que ayudaría a administrar los nuevos centros de procesamiento, tiene una larga y bien documentada historia de maltrato a los inmigrantes. Los grupos de vigilancia, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, han expresado preocupaciones legítimas sobre cualquier expansión de la autoridad de una agencia que a menudo se ha comportado como si estuviera librando una guerra contra la inmigración. 

Pero tiene poco sentido crear una nueva agencia para hacer el trabajo de una agencia existente. Esta legislación presenta una oportunidad para que el Congreso aclare la misión de la agencia e incluye disposiciones para la supervisión por parte de organismos de control gubernamentales y no gubernamentales.

El proyecto de ley también financiaría una expansión del sistema para tomar decisiones finales de asilo, con el objetivo de acelerar esas decisiones. Agregaría 150 jueces de inmigración, un aumento de más del 25 por ciento, así como 300 oficiales de asilo. 

Bajo un programa piloto que la administración de Biden lanzó esta primavera, algunas solicitudes de asilo son escuchadas por oficiales de asilo que participan en un curso de capacitación de cinco semanas en lugar de jueces de inmigración, quienes deben tener títulos en derecho y al menos siete años de experiencia. 

El programa piloto intenta lograr un equilibrio entre el debido proceso y la rapidez, brindando a los solicitantes al menos 21 días pero no más de 45 días para prepararse para su audiencia, un objetivo razonable para todas las solicitudes de asilo.

El proyecto de ley también instruye al gobierno a priorizar la adjudicación de nuevas solicitudes de asilo durante los aumentos repentinos en el número de solicitudes. Eso puede retrasar el procesamiento de los reclamos existentes, pero es una estrategia sensata para disuadir a las personas sin reclamos válidos de unirse al final de la fila con la esperanza de que pasen años antes de que alguien juzgue el mérito de su reclamo.

El proyecto de ley se centra estrictamente en la mecánica del asilo. 

No aborda los problemas económicos y políticos que impulsan a las personas a arriesgar el viaje a los Estados Unidos, ni ofrece vías alternativas para ingresar legalmente a los Estados Unidos a quienes no son elegibles para el asilo. Esos son defectos reales, similares a la construcción de una presa sin un aliviadero.

El proyecto de ley tampoco aborda la tensión en las comunidades fronterizas donde los migrantes son liberados de la custodia federal, y en las comunidades de todo el país donde se asientan los migrantes.

En el año fiscal más reciente, el gobierno federal asignó $150 millones para reembolsar a los gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro que brindan ayuda a los migrantes. 

Eso es completamente insuficiente; solo la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, está en camino de gastar $89 millones en un año para brindar servicios a los migrantes. California ha gastado $900 millones en los últimos tres años. 

En una evaluación de 2016, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina concluyeron que la inmigración impone costos significativos a corto plazo a los gobiernos locales, pero que los hijos de los inmigrantes “están entre los contribuyentes económicos y fiscales más fuertes de la población estadounidense”. 

La inmigración, en otras palabras, es una inversión en el futuro de Estados Unidos, pero alguien aún necesita cubrir los costos iniciales.

California se coordina de cerca con las autoridades federales y las organizaciones sin fines de lucro para reunirse con los migrantes a medida que son liberados de la custodia, brindándoles atención médica y refugio temporal, y ayudándolos a conectarse con amigos y familiares. Se necesitan esfuerzos similares en otros estados, especialmente en Texas, donde el número de inmigrantes ha sido varias veces mayor y donde el gobierno estatal ha brindado poca ayuda.

Sin embargo, a pesar de todos los problemas que el proyecto de ley de protección fronteriza no aborda, aún proporciona un marco para el progreso sustantivo. Y su enfoque estrecho puede ser una virtud política. 

Los esfuerzos para elaborar revisiones integrales de la ley de inmigración han resultado inútiles, y el legado polarizador de la retórica y las políticas xenófobas de la administración Trump ha dificultado cualquier progreso en materia de inmigración.

Los patrocinadores del Senado, los republicanos John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte y los demócratas Kyrsten Sinema de Arizona y Maggie Hassan de New Hampshire, desafiaron las posiciones de sus propios partidos al presentar el proyecto de ley el año pasado. 

Muchos republicanos quieren que sea aún más difícil para cualquier persona solicitar asilo; muchos demócratas insisten en que cualquier revisión de las reglas de inmigración debe incluir alivio para quienes ya están en los Estados Unidos.

Ganar un apoyo más amplio requerirá más compromiso y coraje. 

Independientemente de los resultados de las elecciones intermedias, el Congreso tiene una oportunidad real de comenzar el trabajo crítico de arreglar el sistema de inmigración de la nación revisando el proceso de asilo.

Comments (1)

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