Titulo original: Con un par de cabellos amarró el Ejército sus negocios en Bolipuertos
Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Pisagra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.
Los puertos de Venezuela, un país que llegó a recibir un flujo considerable de importaciones financiadas con petrodólares —antes de que el chavismo quebrara la industria petrolera— han sido un campo de enfrentamiento entre diferentes intereses políticos y económicos. Entre estos, el representado por la Fuerza Armada Nacional (FAN) cuyo ámbito de influencia creció durante la autodenominada Revolución Bolivariana, y cuya estela siempre se percibió detrás de nombres de empresarios y compañías que gozaban de privilegios en las contrataciones navieras.
Pero los militares, finalmente, pasaron al frente. Desde 2017, y al amparo de la apertura que con pragmatismo el gobierno de Nicolás Maduro viene impulsando en determinados sectores de la economía, la incursión del componente armado en los puertos tomó una nueva forma: los militares crearon sus empresas y contrataron directamente con sus colegas que, ya desde antes, están al frente de Bolipuertos, la estatal a cargo de los atracaderos de todo el país. Fue precisamente durante la presidencia del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez en Bolipuertos, entre 2017 y 2018, cuando la Caja de Ahorros del Ejército atendió el llamado de Nicolás Maduro y decidió expandir su “gestión empresarial”, como lo denomina en su página web, con la creación de seis empresas en poco más de dos meses, entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, de las cuales cinco están directamente relacionadas con el trabajo en los puertos.
Esta acelerada expansión empresarial a partir de la Caja de Ahorros del Ejército venezolano no concuerda con la naturaleza de estas instituciones que, de acuerdo con la Ley que rige su funcionamiento, son asociaciones civiles sin fines de lucro “de carácter social”, destinadas a fomentar el ahorro entre sus asociados. El 18 de julio de 2018 se inscribió ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC) una corporación que agrupa a todas las empresas relacionadas con la actividad portuaria: la Compañía Venezolana de Logística CVL-Caejerb, S.A (CVL-Caejerb). Sin embargo, el 16 de abril de 2018, tres meses antes de aparecer en este registro que faculta para contratar con el Estado venezolano, los representantes de esta empresa firmaron una “alianza estratégica” con Bolipuertos por un lapso de diez años para tener presencia en cinco patios de cuatro puertos venezolanos, de acuerdo con un documento de la gerencia de comercialización de Bolipuertos al que Armando.info. tuvo acceso.
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