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El Salvador: «criminalizan trabajo de los medios y de los periodistas»

Normas restrictivas a la libertad de expresión en El Salvador

Las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas en El Salvador implican la «criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas» y contravienen asimismo principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó reformas a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal y al Código Penal, fundamentadas en la intención de frenar la violencia en el país., pero las enmiendas afectan en forma directa el trabajo periodístico.

La nueva legislación prohíbe «a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población».

También declara ilegales todos «los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada» que transmitan mensajes relacionados a grupos criminales.

A partir de las reformas, el Código Penal permite el castigo de prisión de diez a quince años a quien «elaborare, participare en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado, que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas» que se refieran a las pandillas.

La misma sanción tendrán quienes «por medio de las Tecnologías de la Comunicación e Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general».

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati criticó las reformas en cuanto a que «criminalizan el trabajo de los medios y periodistas». Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras, consideró que se trata de «una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios que tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña».

Añadió que «un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas».

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa».

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, añadió que la mordaza que se impone al periodismo salvadoreño atenta contra los principios constitucionales sobre libertad de prensa y los tratados internacionales que defienden los derechos fundamentales a la expresión y la información.

El Salvador ocupa la posición dieciocho entre veintidós países en el Índice Chapultepec de la SIP, barómetro que mide las libertades de expresión y de prensa. «El país centroamericano se acerca a altos niveles de restricción, en un contexto sin precedentes en su historia reciente», según el Índice.

Normas restrictivas a la libertad de expresión en El Salvador

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información expresa su preocupación por la aprobación de reformas a leyes penales en El Salvador, contrarias a los convenios y estándares internacionales que protegen la libertad de expresión, libertad de prensa y el periodismo de investigación.

Resulta especialmente preocupante la prohibición penal general de difusión de información relacionada con “el accionar de grupos delincuenciales”, que constituye una verdadera censura para la libertad de expresión y de prensa, basada en conceptos imprecisos y ambiguos, incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión, y con los requisitos de claridad jurídica que exigen el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 13)

Esta ambigüedad normativa genera temor a sufrir un proceso penal infundado, impulsando un efecto de censura indirecta, paralizador de la libre circulación de información e ideas en El Salvador. En este sentido, la Alianza Regional reitera su rechazo a la utilización de mecanismos penales para restringir indebidamente la libertad de expresión, por sus efectos amedrentadores, acalladores e inhibidores sobre asuntos de interés nacional.

Esta regulación se suma a la advertencia que anteriormente realizamos respecto de acciones autoritarias impulsadas por parte del Gobierno, que avanzan en una creciente reducción del espacio cívico salvadoreño.

Reiteramos, entonces, nuestro llamado a Pedro Vaca, titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, e Irene Khan a cargo de la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la ONU a seguir con atención los retrocesos y amenazas que se observan en relación con estas libertades en El Salvador. Y convocamos a Tania Reneaum Panszi, Secretaria General de la CIDH, su Comisionada Julissa Mantilla, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a dar seguimiento y advertir a las autoridades sobre la necesidad urgente de revertir las restricciones crecientes sobre el espacio cívico local.

Asimismo instamos a las autoridades del Estado de El Salvador para que modifiquen la citada normativa y, en cambio, promueva medidas para respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, exhortamos a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada a que continúen velando por tales derechos.

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