El refrán está como “anillo al dedo” porque esto ha sido la premisa del gobierno revolucionario de Venezuela, -desde el inicio mismo de su nacimiento hasta estos días del 2021-. Llámense atentados, cierres, decomisos, destrucción de material reporteril, censura, detenciones, amenazas, empujones, agresiones físicas, confiscaciones, robo de equipos, negación de insumos, intimidaciones o sucesos de diversa índole es el abecedario que ha golpeado a la libertad de expresión, a los medios y al derecho al trabajo sin restricciones de los periodistas durante estas dos últimas décadas en nuestro país.
La llegada al poder de la Revolución Bonita en febrero de 1.999 generó innumerables expectativas en los venezolanos y su carismático líder Hugo Chávez Frías, ya desde los aciagos sucesos del 4F de 1.992 mantuvo un permanente contacto con los periodistas y los medios.
Esa relación se elevó, creció más, una vez investido como jefe de Miraflores cuando selló una luna de miel con distintos sectores sociales, pero en especial con la clase popular y media, porque en sus discursos y apariciones constantes en pases, en vivo o en cadena de radio y televisión en cualquier sitio del país, Hugo Chávez Frías decía lo que la gente quería escuchar cuando demolía a figuras y organizaciones políticas de la IV República -recuérdese que prometió freír en aceite a los adecos- debido a los errores y torpezas sin sanciones, -desde casos de corrupción o violación de derechos humanos, en los gobiernos puntofijistas.
Su amplia victoria del año anterior lo inspiraba en cada una de sus apariciones como guapo y apoyado, sustentándose en el aval de la aún muy fresca victoria contra Henrique Salas Römer por una diferencia de más de 16 por ciento de votos. Los medios y los periodistas estaban allí cada día, semanas y meses siguiendo al hombre noticia del momento, -dentro y fuera del país-, trasmitiendo cada palabra, actividad, gesto o chanza del entonces jefe del Estado, porque él era noticia y el centimetraje vendía y la ciudadanía leía y devoraba los periódicos.
También la gente escuchaba la radio o veía la televisión en sus espacios informativos todavía no censurados, ya que el líder de la naciente V República sorprendía a todos con anuncios que al cabo de años cambiarían el destino de Venezuela. Hoy muchos de esos anuncios de ayer perfilaron con el pasar de los años al país actual que no creció ni desarrolló su economía, cuando para la suerte del gobierno que iniciaba funciones la llegada del siglo XXI significó que los precios del petróleo crecieron en proporciones nunca vistas y las divisas que entraron al país han sido superiores a la suma de dólar a dólar que recibieron todos los gobiernos juntos de la IV República.
En cada momento ¿quiénes siempre estaban allí?
Cómo el primer día, eran los medios y sus periodistas cumpliendo el sagrado deber constitucional de informar la noticia.
Verdaderos ejércitos de colegas de distintos medios les correspondía cubrir, recoger y procesar el hecho informativo en condiciones relativamente de respeto al trabajo, a no ser por los empujones o codazos de Casa Militar que también los repartieron en la V República, pero al paso de pocos años la realidad no sería la misma cuando los medios y los periodistas comenzaban a ser incómodos y nada complacientes. Y medios y profesionales de la prensa terminaron por ser calificados de traidores, vendidos, escuálidos o contrarrevolucionarios, tras los sucesos del 2.002. Vacío de poder para unos y golpe de estado para otros.
En fin, de allí en adelante el respeto y consideración al trabajo terminó deteriorándose al extremo de materializarse una guerra no declarada a la libertad de expresión que poco después abrió un verdadero escarceo verbal entre gobierno, medios, periodistas y gremios profesionales que luego pasaría a amenazas, agresiones e intimidaciones a través de leyes y reglamentos, aparte de la aparición de grupos armados conocidos como colectivos.
Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero eso no aplicó en el años 2.007 cuando el expresidente Chávez Frías anuncia que su gobierno no renovaría la concesión a la televisora RCTV y sacó el hacha y se la juró a ese medio “golpista” que finalmente apagó su señal y salió del aire el 27 de mayo. Desde entonces ya no era sólo RCTV sino otros medios, periodistas, televisoras o emisoras de radio que estaban en la mira de acciones contrarias a las garantías consagradas en la Constitución de la República de 1.999.
En esos años las alarmas encendidas volvieron a sonar y organismos como el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, o el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, SNTP, expresaron su preocupación por las “constantes amenazas del Ejecutivo Nacional contra las emisoras y canales privados de radio y televisión; así como también, el cese de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) y los procedimientos administrativos abiertos contra el canal de tendencia opositora Globovisión, llevan a muchos a pensar la existencia en el país de una especie censura contraria a lo establecido en la Constitución Nacional.
En un libro escrito por los investigadores Marisela Castillo Apitz y Daniel Palacios Ibarra está registrado que “decenas de periodistas resultaron heridos, otros perdieron sus puestos de trabajo por resistirse a doblegarse y otra parte tuvo que irse al exilio al ser acusados de delitos que no cometieron. Recordaron las condenas a tres, casi cuatro años de prisión de Francisco Pérez y a dos años y medio de Gustavo Azócar y también las agresiones a los corresponsales extranjeros Johanna Álvarez y Cristian Dubó.
Aunque no se adentra en los tiempos de Nicolás Maduro, el libro expone como un legado que perdura. La confrontación, un país polarizado y reducido en la pobreza. Pero sobre todo con la libertad de expresión herida de muerte, Maduro tardó poco en perfeccionar su hegemonía comunicacional con la compra de la Cadena Capriles, El Universal, Notitarde y Globovisión y la neutralización de otros medios que aún sobreviven, pero que no son ni la sombra de lo que eran. Un nuevo ecosistema de medios garantiza el predominio de la voz oficial al tiempo que otros como El Nacional, El Siglo, TalCual y RCR sobreviven sin arrodillarse ante las presiones, aunque muchos de ellos están reducidos a páginas web”.
A la par de esas acciones, otras medidas coercitivas contra medios y periodistas “incómodos” no cesaron. Ya son varios los años que en Venezuela el registro en físico de las noticias desapareció y el lector ya no puede adquirir en el kiosco o al pregonero en la calle el periódico de su preferencia. Poco a poco pequeños medios de la provincia dejaron de circular y luego le seguirían otros más grandes, después que el gobierno restringió y negó el papel y otros insumos a medios impresos.
El gobierno puso en marcha la asfixia económica de la no asignación de divisas para la compra de papel en el extranjero. También monopolizó y aplicó la discrecionalidad en la venta del papel dentro del país a cargo de la empresa estatal Alfredo Maneiro. Hoy si el internet lo permite los venezolanos tenemos que usar esta tecnología para leer periódicos virtuales y no en físico que hasta hace pocos años comprábamos en sus distintas versiones.
Esta y otras acciones restrictivas e intimidatorias se han aplicado a televisoras y emisora radiales. Algunos medios impresos o audiovisuales han sucumbido, otros aguantan el chaparrón, pero curiosamente algunos que la opinión pública ha identificado por años de “gobierneros” no han escapado a los efectos de las acciones gubernamentales, a pesar de aparentar ahora el lavarse las manos a lo Poncio Pilatos.
Un informe del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, destacó que en 2.020 en el país “se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado, período en el que una fiebre de represión se dio contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país. La curva de casos de vulneraciones estuvo lejos de aplanarse y los atropellos afectaron a 325 personas, de las cuales 194 eran reporteros.
La emergencia sanitaria por COVID-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo. La organización registró 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa y 12 casos de censura interna”.
Aspecto relevante de lo reflejado por IPYS es que “las regulaciones de Conatel también cesaron las transmisiones de ocho estaciones de radio. Estas sanciones se ejecutaron bajo condiciones de poca transparencia y sin respetar el debido proceso, constituyendo en actos discriminatorios que afectan el funcionamiento libre, plural e independiente de los medios de comunicación”. En el Zulia no han transcurrido cuatro semanas desde que Conatel, aplicando la “ley”, sacó del aire a la emisora 102.7 FM Fe y Alegría, propiedad de la Iglesia Católica, alegando de todo, menos la “verdadera razón”, pese a que esa emisora asentada en el municipio Machiques de Perijá, ha estado caracterizada en equilibrar las opiniones de voceros gubernamentales y de la oposición. Por eso aquello de que en “boca cerrada no entran moscas”.
@JoseAranguibelC|Periodista|CNP 5003
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