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Opinión

Entre Biden y la CPI, huele a peligro Por José Luis Centeno

La peligrosidad y riesgos del régimen, en una doble perspectiva 

A lo interno y externo, la peligrosidad del régimen salta a la vista, de lo contrario, Venezuela no seguiría siendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos (EEUU), tampoco habría avances en el “Esquema de la Investigación y el Procedimiento ante la Corte Penal Internacional (CPI)”. 

Si hay peligro, existe riesgo, por ende, víctimas. EEUU es víctima potencial, según la prórroga del decreto de emergencia nacional suscrita por Biden. A la luz del caso Venezuela I, que cursa en la CPI, el riesgo o exposición al peligro desborda la definición amplia de víctima, los formularios enviados por víctimas serían elocuentes al respecto.   

Ahora bien, no sólo EEUU y la sociedad venezolana corren riesgos. En un escenario optimista, la decisión de Biden sería una espada de Damocles para el régimen, algo similar ocurre en la CPI, donde a estas alturas se duda de la voluntad y capacidad de la justicia venezolana de investigar y castigar crímenes de lesa humanidad, ergo, se estaría en el umbral de juicio en esa instancia de justicia penal internacional. 

Lo anterior es comprometedor. ¡Para el régimen! No en balde cuestiona la imparcialidad de la CPI, la acusa de tomar partido en la investigación. De forma similar, alega que el decreto prorrogado por Biden es una violación de los principios y valores de la Carta de Naciones Unidas y una violación del Derecho Internacional. 

En el fondo, en el gobierno de Maduro no están contentos con el hecho de vislumbrarse, cual reos, en una picota. Para muchos, algo así, es un imposible, soy de los que piensa lo contrario. Claro, como muy bien dice el profesor Fernando Fernández, estamos ante un proceso minucioso y riguroso. Todo un reto, que asumió la sociedad civil venezolana, con innegables resultados. 

De hecho, se habría dado por terminado el proceso de subsunción de la CPI con respecto al caso Venezuela I. Esto significa que todos los requisitos necesarios para un juicio justo y equitativo han sido cumplidos con respecto al caso, incluyendo la recopilación de pruebas y testimonios de testigos, la revisión de documentos y otros materiales, y el examen de los hechos relevantes. 

Asimismo, ello significa que los denunciados pueden ser responsabilizados y enfrentar la posibilidad de ser condenados a penas de prisión. Desde luego, respetándole sus derechos. Las implicaciones para las autoridades de Venezuela denunciadas, explica sus altisonantes reacciones y la perplejidad en la adopción de una ley para ilegalizar las ONGs, que vendría a ser cuchillo para sus gargantas. 

Las perspectivas del caso Venezuela I en la CPI son complejas, también las concernientes a la decisión de Biden. Siendo alentador que la CPI, en estrecha colaboración con la sociedad civil venezolana, trabaja para garantizar que todos los casos de violaciones de los derechos humanos sean investigados de manera efectiva y que las víctimas reciban justicia, realidad inminente que las autoridades venezolanas pretenden eludir. 

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