“Después de declarada la llegada de la pandemia de coronavirus a Venezuela, los medios de comunicación asumen el compromiso que tienen con informar basados por supuesto en el marco jurídico venezolano, la Constitución y Ley de Ejercicio del periodismo. ¿Qué ha venido sucediendo? Que se ha venido incrementando una política de agresión a periodistas que están informando sobre casos de coronavirus”.
La afirmación la hizo el presidente de la seccional de Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Édgar Cárdenas, destacó que el organismo, ante la situación de Emergencia nacional por la presencia de contagiados de covid-19, reiteró el compromiso de los periodistas de informar debidamente a la población. “No se trata de contradecir los datos que pueda publicar el Gobierno sino de la obligación que se tiene de informar a la población debidamente y que el ciudadano pueda estar informado de lo que sucede en esta materia”, expresó el directivo.
Atropellos
Édgar Cárdenas precisó que hay dos casos emblemáticos de agresión a periodistas durante la cuarentena decretada por Nicolás Maduro. El primero corresponde a la directora del diario La Verdad, Beatriz Rodríguez, quien luego que el medio publicó sobre un caso de coronavirus en Vargas, fue sacada de su casa y llevada a declarar, y el día 25 de marzo se le citó de nuevo y se le abre una investigación.
Luego está el caso del periodista Darvinson Rojas, “a quien una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana llegó a su casa con el argumento que estaban buscando a una persona infectada de coronavirus, al no dejarles entrar, le indicaron que iban era a detenerle e ingresaron a la residencia, deteniéndole a él y a sus padres. Los padres fueron seguidamente liberados, pero de Rojas hubo un tiempo que no se supo el paradero”.
Hubo que buscar al colega en toda la ciudad hasta que fue ubicado en Caricuao –relató Cárdenas. “A los abogados que se esperaba que lo asistieran en su defensa no se les permitió el acceso a la audiencia. Primero se dijo que sería llevado a los tribunales y los abogados que lo iban a defender se trasladaron a los tribunales de Justicia en Caracas, así como representantes de las ONG de DDHH, pero no fue presentado. Lo fue en horas de la noche; se le imputaron delitos de instigación al odio e instigación pública, sin presencia de sus abogados, y se le asignaron abogados públicos, lo que viola el derecho al debido proceso. Se le solicitó se entregaran unos fiadores y otros recaudos, (para obtener la libertad condicional) que ya se entregaron, pero han pasado cinco días y no ha sido liberado”.
Política de Estado
El directivo del CNP-Caracas expresó que es muy importante que el Estado comprenda que los periodistas no son enemigos y que están obligados a informar, algo que está fijado en las normas jurídicas venezolanas.
“Nosotros, desde el año pasado, hemos denunciado que la agresión a los medios se ha ido convirtiendo en una política de Estado, que ha buscado silenciar a la prensa libre sobre lo que acontece en Venezuela. Nicolás Maduro ha intentado precisamente que los ciudadanos se enteren de lo que sucede en el país específicamente a través de los medios dependientes del Estado o aquellos que le puedan ser afectos”, sostuvo Édgar Cárdenas.
Resaltó que, a pesar de que, dentro de las normas que rigen el Estado de Emergencia, las autoridades deben permitir la libre circulación de la prensa, de los servicios de salud y las cadenas de alimentos, parece que algunos funcionarios no están tomando esto en cuenta. “Pareciera que hay una discrecionalidad por parte de los propios funcionarios”, acotó.
Añadió que se han dado casos en que los periodistas intentan acceder por vías terrestres (a un sitio donde se produce un hecho noticioso) y las autoridades les impiden hacerlo, o tienen que hacer largas colas para acceder, y se ha llegado al extremo de detenciones arbitrarias de periodistas.
Derecho
“Hasta en los Estados de Emergencia la propia Constitución establece que el derecho a la información no deja de existir. El problema es cómo hacer que se cumplan dichas disposiciones en el caso venezolano. La normativa no se cumple o se tiene una política que evita que el ciudadano esté informado y que el periodista cumpla con su deber”, manifestó Édgar Cárdenas, quien recordó que existen canales para enfrentar cualquier exceso que pudiera producirse por parte de algún profesional de la información, si es cierto que el periodista llega a incurrir en alguna falta.
“Pero si a los periodistas se les agrede, presiona, intimida, persigue, se está evitando que el ciudadano pueda ser informado”, insistió
Monopolización
-¿Cuál es el riesgo para la población con un Estado que tiene hegemonía comunicacional en una situación de emergencia?
-El mayor riesgo es que se monopolice la información en manos del Estado. Que no se le permita a los medios difundir información sobre lo que acontece en el país implica una monopolización de la información, un control que deriva en un silencio informativo, ya que la información es suministrada a través de los canales del Estado y no por el ecosistema natural que son los medios de Comunicación.
“No se limita a una hegemonía comunicacional –prosiguió Édgar Cárdenas-. Tenemos un sistema informativo de corte autoritario. Tenemos la presencia de medios privados pero una gran participación de medios que dependen del Estado. Esa limitación es fundamental para que no se ejerza el periodismo y no se cumpla la labor informativa. Es un sistema autoritario cuando se establecen esos controles y hay sobre los medios una especie de espada, de estar pendientes de lo que están publicando, censurando y con exhortos a lo que deben y cómo deben informar”.
Mecanismos de agresión
-Hay otro tipo de dificultades, más allá de los atropellos. En Tucupita se les quitó la luz a tres emisoras de radio. Y hay medios que no pueden circular por la falta de gasolina para vehículos de distribución.
-No es nuevo, son mecanismos que hemos denominado mecanismos indirectos de agresión a la prensa. Es cuando se limita el suministro de papel, recursos técnicos para los impresos, no se renuevan las concesiones a los medios radioeléctricos y son aplicadas sanciones si continúan en actividad.
Según Édgar Cárdenas, todo eso implica la demostración de un control del Estado sobre la información. “Es una política de ‘presionamos periodistas, le cortamos el servicio eléctrico, no suministramos gasolina para impedir el traslado’. Nada más declarada la emergencia al diario 2001 se le impidió circular a los transportes que distribuyen el periódico; siendo uno de los pocos medios impresos que existen en Venezuela”.
Añadió que hasta los kioscos fueron cerrados impidiendo que los diarios llegaran a los ciudadanos. “Es legitimar la censura, criminalizar la opinión, cuando se persigue a un periodista y se evita que un ciudadano tenga información estamos violando uno de los valores primordiales de la democracia, como de la de prensa y la información”.
Balance
-¿Cuál era la situación en Venezuela antes del coronavirus?
-El balance de enero y febrero, el registro nacional incluye cinco robos de equipos a periodistas, dos robos de documentación personal, 39 agresiones físicas directas, cuatro amenazas directas, cuatro detenciones arbitrarias, detenidos en pleno ejercicio de labor periodística, sin orden previa ni flagrancia; siete de hostigamiento, cinco casos de intimidación y dos medios cerrados. Llegamos al extremo que funcionarios del Gobierno instigan al odio hacia periodistas cuando los acusan de participar en planes políticos.
“El caso más grave –prosiguió- fue el del estado Vargas, cuando 15 periodistas fueron agredidos por grupos simpatizantes del gobierno. Cuando estos funcionarios emplean estos mecanismos de presión utilizan medios de comunicación oficiales para acusar a periodistas de terroristas, palangrista. Nosotros manifestamos que la militancia de los periodistas no es con partido político sino con la verdad y la información.
Protocolo
-¿Qué se hace con los casos monitoreados, se actúa aquí en Venezuela o ante instancias internacionales?
-Hay un protocolo. Se registran las denuncias de distintas organizaciones que participan en la defensa de la libertad de expresión como Sindicato de la Prensa, Espacio Público, Transparencia, Expresión Libre, Ipys Venezuela, cada uno de acuerdo a la normativa que lo rige tiene protocolo para llevar los registros y presentar su data. A partir de allí se hace el acompañamiento de las denuncias formales ante las instancias en Venezuela, cuerpos policiales, Fiscalía, Tribunales, etc, y seguidamente las denuncias correspondientes ante las instancias internacionales.
Explicó que, tan pronto como suceden las agresiones, las organizaciones han hecho alertas muy graves sobre las mismas.
-¿Qué recomendaciones se hacen a los periodistas ante una situación de agresión, intimidación u obstaculización?
– Deben mantener la calma, hay todo un protocolo para estar en la calle, andar en grupos, contar con una estructura de seguimiento, que estén enterados en el medio y personas cercanas. Cuando se está ante la propia autoridad hay que mantener la calma. Exigir el cumplimiento del derecho a informar, entender que tenemos la razón porque estamos cumpliendo en el marco jurídico. Entendemos que a veces nos desesperemos ante la presión del acto abusivo, pero lo primordial es garantizar la seguridad del periodista.
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