El jueves 26 de marzo, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló las acusaciones contra el venezolano Nicolás Maduro y más de una docena de funcionarios de la élite política y militar en su gobierno. Se les acusa de delitos que van desde el lavado de dinero hasta el soborno y la facilitación de una “conspiración de narcoterrorismo”. En un comunicado, el Departamento de Justicia alega que Maduro trató de “inundar a los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”.
No hay duda de que elementos delictivos organizados, incluidas organizaciones de narcotráfico y grupos guerrilleros colombianos, han penetrado en las instituciones estatales en Venezuela. Las acusaciones no son sorprendentes dada la clara corrupción y autoritarismo del régimen de Maduro, y son serias. Pero la retórica del gobierno de Trump claramente no lo es.
Venezuela no es un país de tránsito importante para las drogas con destino a los Estados Unidos. Como señalamos en un informe reciente de la dirección de Venezuela de The Washington Office on Latin America (WOLA), datos del gobierno de Estados Unidos no publicados anteriormente muestran que, si bien la cantidad de cocaína traficada desde Colombia a través de Venezuela es significativa, es solo una fracción de la cocaína que llega a través de otros países de tránsito. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB), 210 toneladas métricas de cocaína pasaron por Venezuela en 2018. Para comparar, en el mismo año pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.
Tanto en términos de líneas de tendencia recientes como de la escala general del flujo de cocaína, los propios datos del gobierno de Estados Unidos muestran que Venezuela es un jugador relativamente pequeño en el comercio de cocaína. Entonces, ¿por qué la administración Trump está ahora dando la alarma de que Venezuela “inunda” a este país de cocaína, especialmente cuando la Casa Blanca permitió que los esfuerzos anticorrupción murieran en países de tránsito más importantes como Honduras y Guatemala?
La respuesta está en la historia de la Guerra Fría. El Departamento de Justicia se ha visto sometido a una fuerte presión por parte de los duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados para revelar estas acusaciones, algunas de las cuales han estado vigentes por años. Están usando el mismo libro de jugadas que el gobierno de George H.W. Bush usó en Panamá, donde las acusaciones de Estados Unidos contra Manuel Noriega llevaron a la invasión de 1989. Esto lo sabe el Fiscal General William P. Barr y el Enviado Especial para Venezuela, Elliott Abrams, quienes jugaron un papel importante en la campaña de presión que condujo a la invasión de Panamá.
Sin embargo, a diferencia de Panamá en 1989, no hay mucho apoyo para una intervención militar en Venezuela. Incluso los más tradicionalistas saben que la acción militar de los Estados Unidos allá podría conducir a una insurgencia de décadas que podría desestabilizar la región. En cambio, la Casa Blanca cree que esta es una táctica de presión útil, la última en los intentos fallidos de la administración de crear fracturas dentro del régimen de Maduro.
La realidad es que solo una transición pacífica, negociada y ordenada ofrece cualquier posibilidad de allanar el camino para las reformas judiciales necesarias para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción en Venezuela. El secretario de Estado, Mike Pompeo, lo reconoció en enero cuando comentó que “una rápida y negociada transición a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”.
Pero al inclinarse ante la presión de los duros, en lugar de ayudar, este movimiento obstaculiza los esfuerzos para presionar a Maduro a que inicie negociaciones creíbles. Hay tres personas con poder que podrían aplicar tal presión: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el juez de la Corte Suprema, Maikel Moreno; y el jefe del Partido Socialista, Diosdado Cabello, se encuentran entre los acusados. Esta es una desviación significativa de la estrategia anterior de Estados Unidos que ha intentado abiertamente abrir brechas entre ellos y Maduro. Ahora, cualquier incentivo que estos hombres hayan tenido para apoyar una transición se ha eliminado. Es más probable que cada uno decida que es mejor quedarse con Maduro, incluso si eso significa hundirse con el barco.
En última instancia, las acusaciones equivalen a que el gobierno de Trump finalmente renuncie a cualquier estrategia que pueda conducir a negociaciones entre Maduro y la oposición. Por razones puramente políticas, está abrazando la esperanza ilusa de la oposición extrema: que si simplemente sacuden lo suficiente, el régimen de Maduro colapsará bajo su propio peso. Este optimismo sin fundamento parece venderse en Washington, pero le ha fallado al pueblo venezolano. A menos que la Casa Blanca se comprometa a una solución negociada en Venezuela, el país no verá un retorno a la democracia en el corto plazo.
Geoff Ramsey
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