La Audiencia Nacional revocó el archivo del caso y ordenó reabrir la investigación contra el primo de Leopoldo López, propietario de la marca Hawkers y uno de los rostros más visibles del grupo empresarial DerwickAssociates. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que todavía quedan diligencias clave por practicar, incluyendo testimonios de exfuncionarios venezolanos procesados en Estados Unidos. El caso vuelve a poner bajo la lupa a la generación de empresarios conocidos como los “bolichicos”, señalados durante años por beneficiarse de contratos multimillonarios durante el chavismo
La tormenta judicial que envuelve al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha terminado por proyectar nuevamente los focos sobre uno de los nombres más emblemáticos de la llamada boliburguesía venezolana: Alejandro Betancourt.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir la investigación por presunto blanqueo de capitales contra el empresario venezolano, propietario de la marca Hawkers y uno de los rostros más visibles del grupo empresarial DerwickAssociates.
La decisión revoca el archivo decretado en marzo por el juez Santiago Pedraz y da un nuevo impulso a una causa que persigue el rastro de miles de millones de dólares presuntamente originados en operaciones irregulares vinculadas con PDVSA.
El fallo representa una victoria para la Fiscalía Anticorrupción española, que advirtió que el cierre del expediente era prematuro y dejaba sin practicar diligencias consideradas fundamentales. Entre ellas figuran declaraciones de antiguos altos funcionarios venezolanos actualmente bajo jurisdicción estadounidense y vinculados con investigaciones por corrupción energética.
“Bolichicos” en la mira
Betancourt no es un nombre cualquiera dentro de la historia reciente de Venezuela.
Junto con Francisco Convit y Pedro Trebbau integró el núcleo de empresarios que construyó una fortuna durante la crisis eléctrica venezolana y que posteriormente fue bautizado por la prensa internacional como el grupo de los “bolichicos”. Durante años, diversas investigaciones en Estados Unidos, Suiza y España intentaron seguir la ruta del dinero generado por contratos adjudicados durante la administración de Hugo Chávez.
La causa que ahora resucita en Madrid gira alrededor de un préstamo multimillonario otorgado en 2012 por PDVSA a la empresa Administradora Atlantic. Según la Fiscalía, aquella operación habría servido para generar beneficios extraordinarios y alimentar una compleja estructura financiera que terminó moviendo recursos a través de distintas jurisdicciones internacionales.
Los investigadores sospechan que parte de esos fondos terminaron invertidos en España mediante adquisiciones inmobiliarias, compra de acciones, sociedades mercantiles y participaciones empresariales. Entre los nombres que aparecen en ese entramado destaca Hawkers, la compañía de gafas que convirtió a Betancourt en un actor relevante del ecosistema empresarial español.
Argumentación débil
El argumento venezolano ya no convence a la justicia española La decisión de la Audiencia Nacional tiene además una lectura política y judicial de enorme alcance.
Pedraz había archivado la causa alegando que los hechos ya habían sido investigados en Venezuela y que las autoridades venezolanas concluyeron que no existía delito. Sin embargo, los magistrados consideraron insuficiente ese razonamiento y respaldaron la posición de Anticorrupción, que cuestionó la profundidad e independencia de aquellas actuaciones.
El mensaje de la Audiencia es contundente: las conclusiones emitidas por tribunales venezolanos no pueden convertirse automáticamente en un blindaje frente a investigaciones por corrupción o lavado de dinero dentro de territorio europeo.
La sombra del normalizador
La reapertura ocurre en uno de los momentos más delicados para la justicia española.
Las investigaciones que involucran al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas redes de influencia, operaciones financieras opacas y conexiones empresariales vinculadas con el caso Plus Ultra han vuelto a colocar bajo escrutinio las relaciones tejidas durante años entre sectores políticos españoles y figuras cercanas al poder venezolano.
Aunque el expediente de Betancourt y las pesquisas sobre Zapatero corresponden a causas distintas, ambos procesos convergen en la Audiencia Nacional, donde cada vez gana más fuerza una línea investigativa orientada a seguir el dinero procedente de Venezuela y a desmontar estructuras financieras que durante años operaron entre Caracas, Madrid, Londres, Suiza y Estados Unidos.
Para Alejandro Betancourt, cuya imagen pública había logrado desplazarse desde los cuestionamientos de Derwick hacia el perfil de inversionista internacional, la decisión representa mucho más que la reapertura de un expediente. Significa que las preguntas sobre el origen de una de las mayores fortunas surgidas al calor del chavismo siguen abiertas y que la justicia española aún no considera cerrado el capítulo
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