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Grave denuncia: Empresario torturado introduce nueva demanda contra régimen de Maduro

Tras enterarse que su padre había sido secuestrado en Venezuela, el empresario residenciado en Miami Carlos Marrón compró de inmediato un boleto aéreo a Caracas con la esperanza de negociar directamente con los secuestradores.

Pero le estaban esperando. Tan pronto llegó a Caracas, agentes armados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le interceptaron y Marron pasó a ser otro secuestrado.

En Venezuela, los secuestradores y los agentes de seguridad a veces son la misma gente, declara una demanda introducida en Miami contra el régimen socialista de Caracas que acusa al gobernante Nicolás Maduro y a algunos de sus más cercanos colaboradores de encabezar una organización criminal involucrada en el narcotráfico, la corrupción, los raptos y la extorsión.

Los secuestros son actividades rutinarias de esa organización criminal, alega la demanda, y son utilizados al igual que la tortura y los asesinatos para castigar “a quienes expresan críticas que el régimen de Maduro quiere silenciar o a quienes divulgan información que el régimen quiere esconder”.

La demanda por daños y perjuicios presentada por Marrón contra el régimen alega que la vida del empresario fue arruinada después de caer en manos del régimen, siendo recurrentemente torturado durante un cautiverio que duró casi dos años. 

La demanda, similar a la introducida en marzo en Miami por la familia del asesinado dirigente opositor Fernando Albán, intenta hacer uso de la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO por sus siglas en inglés) que ha sido utilizada con éxito para enjuiciar a las altas figuras del crimen organizado. 

La ley también puede ser usada en demandas civiles, pero uno de los mayores obstáculos de este tipo de casos es demostrar que cae bajo la jurisdicción estadounidense, dijeron abogados consultados.

Al igual que la demanda introducida por la familia de Albán, la querella va dirigida en contra de altos funcionarios del régimen, incluyendo Maduro; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista, Maikel Moreno; el fiscal General Tarek Saab y el ministro de Electricidad y antiguo ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol.

La demanda también va en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del denominado Cartel de los Soles, alegando que forman parte integral de la organización criminal encabezada por Maduro.

Según la moción legal, Marrón fue repetidamente torturado por funcionarios del régimen y obligado a conceder acceso a sus cuentas bancarias en Estados Unidos y a su esposa a pedir dinero prestado a amigos y familiares para pagar abultados rescates que terminaron sumando cientos de miles de dólares.

Mientras permanecía en cautiverio, el régimen acusó públicamente a Marrón de ser un “terrorista financiero”.

Marrón cayó en la mira del régimen debido a que el empresario era el dueño de un portal de internet que brindaba el tipo de cambio del bolívar en el mercado negro, llamado Dolar Pro.

“Entre otras cosas, la página de Internet de Marrón publicaba la verdadera tasa de cambio de Venezuela frente al dólar, una tasa que era muy diferente de la tasa oficial venezolana”, señala la demanda.

“La página era un bochorno para el régimen porque Maduro y sus colegas estaban participando en una variedad de esquemas fenomenalmente rentables basados en el falso tipo de cambio oficial, el régimen de Maduro era hiper-sensible sobre el verdadero tipo de cambio”, agrega el documento.

Aun cuando Marrón se encontraba físicamente a 1,367 millas de Caracas y su sitio de internet estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión de Estados Unidos, sus padres mayores de edad vivían en Venezuela, lo cual le brindó al régimen una manera de llegar a él.

El 10 de abril de 2018, la DGCIM, unidad clave del aparato de seguridad del régimen conocido por arrestar y torturar a los opositores políticos, secuestró al padre de Marrón, generando de inmediato una crisis familiar.

Desesperado, Marrón compró el pasaje en avión rumbo a Caracas, “tal como la DGCIM había esperado que lo hiciera. Cuando el señor Marrón llegó a inmigración en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el 11 de abril de 2018, agentes armados de la DGCIM, que habían estado a la espera hasta que inmigración les informó de la llegada del señor Marrón, secuestraron al señor Marrón y lo llevaron a su sede en Caracas”, declara la demanda.

Tras capturar a Marrón, los funcionarios del régimen liberaron a su padre. Pero en vez de decírselo, aprovecharon la situación para incrementar la angustia del empresario, expresando sentir preocupación por la posibilidad de que muriera en cautiverio por falta de medicina.

Estando en cautiverio, funcionarios de la DGCIM sometieron a Marrón a diversos mecanismos de torturas y de maltratos para obligarle a dar acceso a sus cuentas bancarias.

Entre otras cosas, Marrón fue golpeado con barras de metal y fue obligado a permanecer por días dentro de una caja de madera sin acceso a la luz o a comida. En otras ocasiones, los agentes le colocaron una capucha impregnada con gas lacrimógeno. También le aplicaron el submarino (waterboarding), practica de tortura que busca provocar la sensación de ahogo virtiendo agua sobre sobre una toalla colocada en la cabeza del prisionero, señala la demanda.

Cuando no estaba siendo torturado, Marrón era obligado a permanecer dentro de una celda de castigo diminuta e insalubre, junto a presos políticos, donde no había agua ni retrete. 

Para incrementar la sensación de humillación, le servían comida podrida e infectada con insectos vivos, y debía defecar dentro de bolsas de plástico. Estando en custodia del DGCIM, Marrón perdió 66 libras.

Encontrándose bajo tortura, Marrón terminó revelando las claves para poder ingresar a sus cuentas en el Bank of America, Wells Fargo y Citibank que tenía en Miami. 

Los funcionarios le robaron todos sus ahorros transfiriendo los fondos que estaban en las cuentas bancarias a una cuenta en criptomonedas que el empresario también tenía. De allí el dinero fue transferido a las cuentas en criptomonedas que los agentes tenían, dice el documento.

No contentos con ello, los agentes comenzaron a contactar a la esposa de Marrón para extorsionarla. En una serie de llamadas al teléfono celular, “amenazaban con romperle los brazos al Sr. Marrón, envenenarlo o trasladarlo a una prisión donde sería maltratado y posiblemente asesinado” a menos de que les transfiriera dinero.

“Desesperada, angustiada, indefensa y cada vez más temiendo el timbre de su propio teléfono, [la esposa] envió dinero repetidamente a la DGCIM, enviando frecuentemente de $5,000 a $20,000 a la vez. Era dinero que ella y sus hijos no tenían para gastar”, añade la demanda.

La terrible experiencia afectó física y emocionalmente a la esposa de Marrón, quien comenzó a sufrir de insomnio severo. 

Al final, los agentes del DGCIM terminaron cobrando cientos de miles de dólares, lo cual terminó arruinando a la familia y enviando a la compañía de Marrón a la quiebra.

lUna vez que los agentes lograron exprimir todo el dinero que tenía la familia, Marrón fue liberado pero no podía salir del país, quedando su pasaporte bajo posesión del régimen.

El empresario no tenía un centavo y ningún tipo de identificación, pero aún así decidió escapar, viajando en automóvil hasta la frontera con Colombia, desde donde caminó cientos de millas a través de la selva colombiana para llegar a Bogotá. 

Ese viaje a píe fue sumamente peligroso. Marrón tuvo que cruzar ríos, evitar bandidos locales y esconderse de las FARC y de otros grupos armados que aparecían en el camino. 

Marrón se presentó ante la embajada de Estados Unidos en Bogotá el 5 de septiembre de 2020, y de allí el Departamento de Estado facilitó su eventual regreso a Estados Unidos.

Tomado de El Nuevo Herald de Miami

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