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Opinión

Jugar a la decadencia (calculada) del país Por Antonio José Monagas

No es fácil analizar la crisis política que, a consecuencia de un poder equivocadamente ejercido, sin leyes que moderen su ejercicio, está terminando de aniquilar a Venezuela. Aún más, a su futuro. Más, toda vez que dicho problema ha provocado que se atasquen las oportunidades a partir de las cuales podría redefinirse el desarrollo económico y social nacional, perseguido históricamente.

Fue el problema que causó la decisión de defenestrar absurdamente al Presidente interino del país. Decisión ésta asumida por quienes, en principio, apoyaron la designación correspondiente. Aunque esos mismos personajes, ofuscados operadores políticos del llamado Grupo de los Tres (G-3) inducidos por la mezquindad, el egoísmo, la envidia y la falta de criterio político para evitar el enfrentamiento que al interior del susodicho cenáculo había comenzado a darse, erró en su determinación. Y todo sucedió en ausencia del tino necesario para moderar la situación. El protagonista de tan absurda decisión, fue la mal llamada “oposición democrática”. Hoy día repudiada por cuantiosos sectores políticos.

Tal decisión, sin duda, estuvo aupada por intereses políticos expuestos mediante groseras manipulaciones del oficialismo. De un oficialismo, que de modo solapado, venía viviendo  en abierto contubernio con la viciada y corrupta “oposición democrática”.

Un conjunto de presuntuosos diputados (2015), inicialmente impulsado a motivar el restablecimiento del orden constitucional, se deprendieron de principios políticos por los que el pueblo los eligió como sus representantes. En el devenir, oscuros intereses provocaron en ellos cambios de actitud lo cual hizo que asumieran posturas que apuntaran a conspirar del lado del régimen político. En consecuencia optaron por darle  el “tiro de gracia” a la tambaleante democracia venezolana. Desconocieron que el nombramiento del Presidente interino (Enero 2019) había sido acordado antes de la elaboración del Estatuto de la Transición (Febrero 2019). Así promovieron la decisión que en lo sucesivo, seguramente, contribuirá a acrecentar el desarreglo del sistema democrático que tanto esfuerzo ha costado al país.  Asimismo, a hombres y mujeres de elevado pundonor.

No hay manera de negar que la decisión adoptada (30-12-2022) de defenestrar al Presidente interino de Venezuela, es írrita. Su nulidad es absoluta. Dicho acto, convocado por la Asamblea Nacional electa en Diciembre 2015, y apuntalado en mezquinos intereses políticos, carece de la  necesaria y suficiente base jurídica para su implantación. Por tanto, no puede sustentarse ninguna decisión que difiera de la intención ajustada a derecho en principio establecida. Pero la ceguera, incitada por el régimen, inhibió advertir verdaderas razones de importancia capital.

Algunas razones político-jurídicas

La situación analizada deja ver que la figura del presidente interino, electo, en correspondencia con el artículo 233 constitucional, incluso amparado por el Estatuto para la Transición Democrática, en su versión primaria, sigue en ejercicio de sus funciones hasta 2025. Así se daría lugar a la culminación del período 2019-2025. Este proceso habrá quedado sujeto al amparo del aludido artículo 233. Dicho proceso, culminará con la juramentación del nuevo presidente electo en elecciones libres convocadas por el Poder Electoral. Esto, bajo las garantías dictadas por estándares de transparencia e institucionalidad democrática.

Sin embargo, el rumbo decidido el 30 -12-2022 escogió otra dirección. Una dirección que optó por apostar a un itinerario de fundamentos contrarios a los inicialmente formulados. Es decir, con base en criterios políticos retorcidos y elaborados a instancia de la mediocridad de ciertos fanfarrones politiqueros. Supuestos dirigentes de partidos comprados por la perversidad del régimen político.

La versión originaria del Estatuto, ya observaba que hasta tanto no se cumplan los objetivos trazados democráticamente, fuera del alcance de posibles maniobras urdidas por el régimen de facto y la usurpación imperante, “(…) se aplicarán de manera preferente las decisiones adoptadas en el marco de los artículos 233 y 333 de la Constitución” (Artículo 38, Estatutario)

La Asamblea Nacional (legítima) está obligada a adoptar decisiones en defensa de los derechos humanos del pueblo y del Estado venezolano. (Artículo 15 Estatutario) Sin embargo, dado el estado de complicidad que vino comprometiendo a dirigentes de instancias políticas, económicas, sociales militares y gremiales de la nación, hace que todo se vea confuso y difuso. Así se evitarían acusaciones y evidencias de las ilegalidades consumadas por acción u omisión.

Consecuencias del nuevo caos

La nueva crisis política que ocupará 2023, inclusive más allá, que incitará consecuencias graves y penetrantes, será de marca jamás imaginada. Asentida por bandas delincuenciales nacionales e internacionales, en correspondencia con intereses de la impacientada tiranía venezolana. Desesperada por seguir anclada al poder nacional en términos de abusos y exabruptos a ser cometidos con más impunidad en provecho propio.

Tan particular crisis de dominación será el resultado de la defenestración del Presidente interino. Todo un subterfugio elaborado con el urdido propósito de forjar el perverso proyecto implícito del caos diseñado. Y que encarna la justificación del soez fraude electoral a realizarse bajo el apelativo de: “elecciones libres y competitivas de 2025”.

La conveniencia de culpar a distintos actores políticos de cuánta opinión y reacción contestataria se propaga ante los efectos de la inestabilidad que pone en ascuas al régimen oprobioso y usurpador, persigue deshacerse de acusaciones que tienden a dar cuenta del quiebre del orden constitucional que padece Venezuela.

La intención de haber sancionado la defenestración por diputados encauzados por intereses alineados con los desarreglos que siguen quebrando al país, tendrá cientos de réplicas de desgracias acumuladas. Sobre todo apoyadas por lo que el régimen pretende imponer con el apoyo de mediocridades ideológicas convertidas en inconsistentes, inconstitucionales y represivas medidas.

Las secuelas que generaría la contradictoria decisión de la defenestración del presidente interino, ocasionarán serias complicaciones que arrojarán saldos negativos sobre el futuro inmediato de Venezuela. Países que dieron su apoyo irrestricto a la figuración diplomática correspondiente en su histórico momento, podrían reaccionar no siempre con la magnanimidad que en principio dejaron ver lo cual luce cual enredado pronóstico.

Inferencias finales

Lo que finalmente puede desprenderse de lo tristemente acontecido el 30 diciembre de 2022, tiene que ver con el elevado costo moral, ético, económico, político y moral que tendría para el país en su más amplio contexto. Más, por cuanto tales marramuncias viniendo de quienes en principio se escudaron en una honestidad y dignidad que jamás llegaron a conocer, ahora dejan al descubierto su pervertida esencia humana.

Al ratificar sobre la decisión en cuestión, esos personajes saciaron la insolente voracidad, propia de todo caníbal político. Tal cinismo, dio cuenta de la inmoralidad y ausencia ética,  que padecen esos politiqueros. Que se sitúan en la más grosera y baja categoría ciudadana. En otras palabras, el egoísmo y la envidia los consumió tanto que luego de la sucia jugada quedaron convertidos en nauseabundos cadáveres políticos. Apostaron a ordenar el país. Pero lo hicieron con base en metas equivocadas. Y todo fue, por jugar a la decadencia (calculada) del país.

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