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La SIP denuncia violencia sistemática contra el periodismo en Venezuela

El régimen de Venezuela intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas; cerró ocho emisoras, y las páginas digitales de los medios sufren bloqueos discrecionales. Tras la suspensión temporal de la página de Nicolás Maduro en Facebook, el gobierno anunció un proyecto de ley para regular las redes sociales.

El informe sobre Venezuela fue presentado en la Reunión de Medio de Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la semana pasada. La organización también emitió una resolución en la que condena la violencia sistemática a las libertades de expresión y de prensa, y exige el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios.

Informe

La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente.

Al menos ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en todo el territorio nacional. La utilización de la ley Resorte que regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva es el instrumento para silenciar la radio. Por lo pronto las estaciones de radio que todavía existen están auto censuradas por el terror que genera esta ley Resorte.

El 11 de marzo la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que su oficina registró desde septiembre de 2020 una “reducción del espacio cívico”, tiempo en el que documentaron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios”. Se refirió a las incautaciones y restricciones de las que fueron víctimas los medios. “Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones.”

Bachelet también hizo referencia de al menos 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones del 6 de diciembre.

La mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet. Sin embargo, el gobierno, a través de las compañías telefónicas, bloquean las páginas de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas para la Revolución. Son bloqueos discrecionales, puntuales y temporales.

A muchos periodistas se les ha iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos.

El 12 de octubre la Comisión del Sebin allanó la casa del abogado David Natera Febres, director de diario Correo del Caroní, en el estado Bolívar. No permitieron el ingreso del abogado a la vivienda. Los funcionarios aseguraron que luego de que rindiera una declaración lo llevarían de regreso a casa.

Luego de pasar cerca de cuatro horas en la sede del Sebin, en Puerto Ordaz, Natera fue liberado. Días después, la Comisión del Sebin allanó la sede del diario. No permitieron el ingreso del abogado y del director Natera, y a quienes estaban adentro, se les impidió el uso del teléfono. Luego de más de seis horas los funcionarios se llevaron ilegalmente a Susana Reyes, secretaria de Natera, y a la periodista María Ramírez Cabello. Fueron liberadas seis horas después.

En la calle la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el gobierno.

Los personeros del gobierno utilizan los medios audiovisuales para generar odio contra los periodistas. Se estima que cinco mil periodistas se fueron del país.

El 10 de febrero el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. Amenazó al medio por informar sobre el reportaje publicado por la revista Semana de Colombia, acerca de la presencia de líderes guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.

Sigue la persecución contra corresponsales extranjeros, un ejemplo es el secuestro a dos periodistas de NTN24. Los permisos de entrada al país son engorrosos.

La Asamblea Nacional, electa fraudulentamente el 5 de enero por el régimen, anunció que redactará una ley para regular las redes sociales y definir penalmente lo que entienden por traición a la patria.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, informó que con la reforma de la ley se busca defender “no solo la libertad de expresión de Nicolás Maduro, sino el derecho a estar informado de manera veraz y oportuna a más de 1.200.000 personas que hacen parte de esta cuenta por donde se emite información de interés público”. La excusa fue el bloqueo de la cuenta de Nicolás Maduro en Facebook, después de recomendar el uso de carvativir para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público, registraron un número mayor de agresiones en los últimos meses. Estos son algunos de los más sobresalientes. El 9 de octubre el portal informativo http://quepasaenvenezuela.org recibió al menos dos ciberataques en 24 horas. Los ataques mantuvieron la página web fuera del aire y sin permitir que sus trabajadores accedieran a ella.


El 14 de octubre desde el portal http://15minutos.com denunciaron quefuncionarios del Sebin allanaron sus oficinas ubicadas en Las Mercedes de Caracas. Para el momento de la inspección nadie se encontraba en la sede del medio internacional.


El 28 de octubre, después de 45 horas de haber sido desaparecido por organismos de seguridad, el periodista Roland Carreño seguía incomunicado. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. Habría sido acusado de terrorista y de financiar eventos golpistas y en contra de las elecciones del 6 de diciembre.


El 2 de noviembre la emisora Oestereo 99.7 FM en Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, en el estado Monagas, fue sacada del aire. La Guardia Nacional decomisó todos los equipos y cerró la radio propiedad del locutor JR Muñoz. Se desconoce la causa de la medida.

El 9 de noviembre la periodista Lysaura Fuentes, del Monitor de Víctimas, fue hostigada de forma verbal por un funcionario de la Morgue de Bello Monte, en Caracas. El hombre le impidió entrevistar a familiares de víctimas y la obligó a retirarse del sitio.


El 10 de noviembre, en cuentas en redes sociales identificadas como seguidoras de Nicolás Maduro, mantuvieron una campaña de acoso y amedrentamiento en contra de Tibisay Romero, periodista y Delegada Voluntaria Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en el estado Carabobo.


El 11 de noviembre la Comisión del Sebin ingresó a la redacción del portal digital Venepress, en Caracas, y se llevó los equipos de la redacción. Los abogados del medio aseguraron que no había orden en incautación en tribunales.


El 16 de noviembre una comisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró la emisora Ritmo 96.9 FM ubicada en el Centro Comercial La Mulera, en el estado Aragua, y se llevaron los equipos. Juan Alberto Silva periodista y gerente general informó que Conatel los acusa de uso indebido del dial. La emisora aragüeña venía transmitiendo desde hace 13 años.


Una comisión de Conatel cerró las instalaciones de la emisora Rumbera 94.7 FM en Cojedes. De acuerdo con los directivos de la planta, los funcionarios explicaron que no tenían concesión para operar. La emisora fue cerrada y
todos los equipos incautados. Al menos 35 trabajadores directos e indirectos quedaron desempleados. En febrero de 2019, el alcalde de Tinaco, José Rivas, publicó un vídeo en el que amenazaba con el cierre a este medio de
comunicación.


El 2 de diciembre Jamel Louka, del diario La Antena, en el estado Guárico, fue víctima de un atentado cuando llegaba a su casa, en Altagracia de Orituco. Recibió un disparo a la altura de su brazo izquierdo, cuando tres hombres y una mujer a bordo de un carro intentaron llevárselo a la fuerza.


El 6 de diciembre, día de elecciones parlamentarias, se registraron numerosas agresiones contra medios y periodistas.

El 13 de diciembre la periodista de Crónica Uno. Yohana Marra, fue hostigada verbalmente y expuesta públicamente por Mario Silva, conductor del programa de televisión La Hojilla. La acusó de publicar información sobre desaparecidos en el naufragio de Güiria.


El 8 de enero funcionarios de Conatel y del Seniat fueron a la sede de VPI TV en la Florida, Caracas, e incautaron equipos de transmisión, cámaras, computadoras, entre otros implementos de trabajo. También fueron a los Dos Caminos para llevarse los equipos de trabajo que se encontraban allí. El sitio web del Diario Tal Cual fue víctima de un ataque digital. El asedio impidió el ingreso a su plataforma http://talcualdigital.com, por lo que el medio mantuvo su cobertura informativa a través de redes sociales.

El 16 de febrero el director de Fundabolívar, Jhonatan Palacios, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), tras la publicación de una fotografía en su cuenta en
Instagram.


El 26 de febrero, personas identificadas como seguidoras de Nicolás Maduro atentaron contra la sede de la emisora de radio Selecta 102.7 en el estado Zulia. Durante el ataque, en esa estación de radio se entrevistaba al diputado Juan Pablo Guanipa.


Funcionarios de la Conatel ordenaron apagar la señal de transmisión de la emisora de radio VEA 100.7 FM, ubicada en la avenida Manaure, de Coro, estado Falcón. Representantes de Conatel levantaron un acta de notificación
del cierre, pero no decomisaron los equipos de trasmisión.


El 1 de marzo el gerente general del diario El Nacional, Jorge Makriniotis, junto a directivos de otros medios nacionales, como las televisoras Venevisión, Televen y Globovisión, la emisora Unión Radio, así como el diario El Universal, fueron convocados para integrar una Comisión de la Asamblea Nacional con el fin de promover una mejor convivencia entre los medios y el gobierno.


El 6 de marzo la emisora de radio Selecta 102.7 FM en el estado Zulia, salió del aire luego de que funcionarios de Conatel confiscaran sus equipos y ordenaran el cierre.


El 17 de marzo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rechazó la criminalización contra los periodistas y las organizaciones que promueven la libertad de expresión. “Nos solidarizamos con Ipys Venezuela y con todo su equipo de trabajo, frente a los peligrosos y criminales ataques recibidos desde la cuenta de Twitter @Lechuguinos_com


El 18 de marzo La Prensa de Monagas cumplió un año fuera de circulación que dejó a 55 personas sin trabajo: 12 en planta fija, entre periodistas, diseñadores y administrativos; y 23 en rotativa. Desde diciembre de 2020 no cobran los
salarios que recibían hasta entonces.


El 19 de marzo Conatel cerró emisora comunitaria del estado Aragua Mágica 88.1 Fm y confiscó sus equipos. El argumento es que operaban sin concesión, pero el trámite había sido retrasado por el ente desde hace 11 años cuando
empezó transmisión. El director de la emisora señaló que en el 2018 le “pidieron que le bajara dos al noticiero”. El medio, que operaba en el centro comercial de la economía informal en Maracay, prepara alegatos para pedir la restitución del permiso de transmisión.


El 30 de marzo la Fiscalía General, que también está alineada con el gobierno de Nicolás Maduro, tomó la decisión de “investigar y sancionar” a los humoristas Jean Mary Curró y Álex Goncalves, por sus declaraciones sobre
Dave Capella, el animador venezolano que falleció 28 de marzo a causa de Covid-19.


El 31 de marzo los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, de NTN24ve, fueron detenidos e incomunicados en el estado Apure, a donde viajaron para cubrir el conflicto en la en la frontera. Estaban acompañados por
activistas de Fundaredes. Ambos fueron señalados por instigación al odio.

El 1 de abril les otorgan medida cautelar bajo presentación cada 30 días a la periodista Milagros Mata y al poeta Juan Manuel Muñoz, quienes fueron acusados de instigación al odio, tras la publicación, en un grupo WhatsApp de un texto satírico que escribió Mata. Comentarios de varios de humoristas en redes sociales, poniendo en duda la enfermedad de una figura de la televisión local que luego falleció por Covid-19, activó un procedimiento de la Fiscalía General, bajo el argumento de estar actuando contra los excesos que tienen lugar en las redes sociales.


El 2 de abril los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y Comunicación, Freddy Ñáñez, denunciaron a través de sus cuentas de Twitter que las redes son usadas para manipular “crear incertidumbre en la población” y “minar la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.


El ministro Ñáñez continuó en Twitter: “Ayer fracasaron con la Fake de los “periodistas presos”. Hoy se inundan de mentiras. 7mo Principio Goebbeliano de la Renovación: Emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos
a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa.”


El 3 de abril los periodistas de NTN24, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, narraron cómo fueron detenidos, incomunicados y robados por funcionarios militares cuando intentaban cubrir parte de lo que sucede en la población de La Victoria, en el estado Apure. Veinticuatro horas después los liberaron y robaron sus teléfonos y equipos de grabación.

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