La Ley BeRgoña se haría para ir contra los abusos, pero dificultaría las acciones legales contra los abusadores y protegería a personas en posiciones de poder.
Eliminando las acusaciones populares los políticos y sus afines tendrán más impunidad
Los políticos afines al Sanchismo quedarían blindados para cometer las irregularidades que les plazca
Los medios de comunicación le llaman «Begoña», pero sería más apropiado llamarle «BeRgoña»
Se trata de la “Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso derivado de Acciones Judiciales Abusivas”. En realidad, como se diría en italiano, es una vergogna (vergüenza).
Y lo es porque de forma muy obvia, el efecto retroactivo de esta propuesta tiene como objetivo acreditar la impunidad para proteger a los allegados de Sánchez incursos en procesos judiciales. Es decir su esposa, su hermano, su fiscal particular, su exministro de transporte y otros.
La presentó el PSOE al Congreso el pasado 10 de enero, por la vía rápida, y se aceptó a trámite 5 días más tarde, sin embargo, hasta el momento no ha sido aprobada. Está en tramitación porque genera mucha polémica especialmente en las asociaciones de jueces y fiscales y porque el gobierno está convenciendo a sus socios.
¿En qué consiste? Sus principales medidas son:
- Limitar la acusación popular: Prohibir que partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos puedan ejercer la acusación popular.
- Reformar la fase de instrucción: Impedir la admisión de querellas basadas únicamente en lo que llaman «recortes de prensa» que presuntamente carecen de evidencias sólidas de irregularidades.
- Eliminar el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos: Suprimir el artículo 525 del Código Penal, que según el PSOE es utilizado abusivamente por organizaciones extremistas.
- Permitir recusaciones a jueces que hayan realizado declaraciones de contenido político.
- Protección de derechos fundamentales: como el honor, la intimidad, la participación política y la tutela judicial de los presuntos infractores.
La casta política y sus influencers mediáticos serían los únicos beneficiados
Esto es lo que quieren decir cuando argumentan que: «La ley evitará el uso abusivo de las acciones judiciales con fines políticos y proteger a colectivos como artistas, activistas y representantes políticos.»
¿Por qué son importantes las acusaciones populares en España?
La acusación popular es una figura jurídica que permite a ciudadanos y asociaciones presentar querellas en casos de corrupción y otros delitos de relevancia pública.
Recordemos que, gracias a la denuncia de partidos de oposición al PP y asociaciones, el PSOE puso contra las cuerdas a la 2da administración de Mariano Rajoy por el Caso Gürtel en mayo 2018.
La posibilidad de realizar acusaciones populares, en el Caso Gürtel, fue fundamental para asegurar que se investigaran y enjuiciaran las irregularidades de esa trama de corrupción. Desempeñaron un papel crucial la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), Izquierda Unida (IU) y el PSOE.
Al limitar la denuncia desde partidos políticos, asociaciones vinculadas a ellos, particulares y otros entonces, ¿A través de qué organismos se podría combatir la impunidad?, serían estos:
1.- Ministerio Fiscal o Fiscalía: Tiene la potestad de investigar y enjuiciar delitos, incluyendo aquellos relacionados con la corrupción y la impunidad, PERO, desafortunadamente, en España este organismo está parcializado. Ya sabemos el presidente de gobierno asume que:
Ya sabemos el presidente de gobierno asume que: «¿La Fiscalía … de quién depende? … ¿De quién? Del gobierno … Pos eso…» como lo afirma Pedro Sánchez en este video: https://youtu.be/KWujuotgGpA?t=802
En Europa el Fiscal General del Estado (FGE) es más imparcial. Desde el 02-02-2024 nuestro FGE enfrenta una denuncia por la filtración de datos confidenciales. Justamente de alguien relacionado con un adversario político del gobierno. Del empresario Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por lo que García Ortiz es investigado por el Tribunal Supremo.
Eliminando las acusaciones populares los políticos y sus afines tendrán más impunidad.
2.- Defensoría del Pueblo: Debe proteger los derechos democráticos y libertades de los ciudadanos. Puede investigar denuncias de abusos y malos tratos, PERO el actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, desde el 18-11-2021, no ha dado evidencias de cumplir con su labor.
¿Dónde está este funcionario para luchar por la sanidad, la educación pública, para exigir la construcción de vivienda pública y servicios sociales dignos en los barrios? No se le ha escuchado abogar por el fin de las terribles colas del hambre.
¿Alguna vez ha alzado la voz para reclamar profesores, médicos o infraestructuras?
Sólo se le escuchó en campaña cuando fue candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 04-2021.
No ha tenido reparo en permanecer completamente callado e indiferente contra la criminal indiferencia hacia los afectados por la DANA o por el volcán de La Palma.
Parece que nada de esto le indigna lo suficiente como para reaccionar.
En teoría su gestión es independiente de su sesgo político íntimamente vinculado al PSOE.
¿Con una “Defensoría” tan indiferente se puede afrontar la falta de una Fiscalía independiente?
3.- Cuerpos policiales: Tienen la función de prevenir, asegurar y restablecer el orden público. Velar por la seguridad de las personas y los bienes, PERO han demostrado una sumisión ciega al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que también es un incondicional sanchista, ambos empeñados en desmoralizar a las fuerzas de seguridad del Estado.
Se ha evidenciado en casos como el de Barbate, la gestión de la DANA, la inmigración ilegal, el control del narcotráfico y un largo etcétera, una falta inmoral de mecanismos de control y rendición de cuentas.
4.- Tribunales y jueces: El sistema judicial es fundamental para juzgar y sancionar casos de impunidad, PERO es justamente este mecanismo el que sería más regulado si aprueban la Ley BeRgoña.
Ya que la intención parece ser asignar a las causas que atañen al gobierno solo a jueces afines a su ideología. La tendencia es de atacar y amordazar a los jueces que le resulten incómodos en lugar de otorgar más recursos para agilizar la justicia.
Esta es una evidencia reciente de que se excluye a los jueces que no están alineados con el sanchismo:
El Pleno del Tribunal Constitucional apartó el 15-01-2025 al magistrado José María Macías de la deliberación sobre la Ley de Amnistía por órdenes del FGE de recusar a Macías. Alegando que éste se pronunció en contra de la tramitación de la ley impulsada por los socialistas hasta en 2 ocasiones. Esto cuando Macías era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que a juicio de García Ortiz pone en duda su imparcialidad para decidir sobre la constitucionalidad del texto.
¿Por qué la «Ley BeRgoña»» ha generado diversas opiniones y críticas?
Las asociaciones de jueces y fiscales han criticado la ley por la limitación de la acción popular. Argumentan que podría facilitar la impunidad y afectar la independencia judicial. También critican la inclusión de una nueva causa de abstención/recusación de jueces y magistrados, que consideran una limitación a la libertad de expresión.
Algunos colectivos feministas y religiosos han expresado preocupaciones sobre la ley, ya que podría silenciar críticas y limitar a las asociaciones judiciales en la defensa de los derechos ciudadanos. Señalan que la ley podría perjudicar la lucha contra la corrupción y otros delitos graves.
La tolerancia a la ofensa a los sentimientos religiosos aplicará sólo contra los cristianos ya que las demás creencias están amparadas bajo las penas por delitos de odio ¿Esto sería igualdad o acoso legal al cristianismo?
Feministas critican al PSOE por la ‘ley Begoña’: podría excluirlas de la acusación popular
¡No a la derogación del delito contra los sentimientos religiosos! (firma) – Abogados Cristianos
Estos señalamientos reflejan las preocupaciones de diferentes grupos sobre cómo la ley podría impactar la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y los derechos de los profesionales del sector judicial.
Críticas y recusaciones:
- Inconstitucionalidad: Expertos jurídicos han señalado que la ley podría ser inconstitucional, ya que limitaría la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
- Protección selectiva: Se ha argumentado que la ley busca proteger a familiares cercanos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otros allegados.
- Impacto en causas judiciales: La reforma afectaría negativamente a causas judiciales importantes, como las relacionadas con crímenes de terrorismo y violencia de género, al limitar la capacidad de las asociaciones y partidos para ejercer la acción popular.
¿Qué es la «Ley Begoña» y qué implicaciones tendría su aprobación? – Barua Grupo
Autoritarismo sanchista
De manera que en caso de aprobarse la Ley BeRgoña NO habría mecanismos para ejercer la denuncia.
Los periodistas de investigación que no estuviesen alineados con el Sanchismo tampoco podrían ejercer la acusación popular ya que es obvio como ni siquiera responden e irrespetan a los medios de comunicación que No son de los suyos. Es clara la subestimación a los disidentes con la expresión «recortes de prensa» que pretende ridiculizar sus denuncias.
La acusación popular se ejercita en defensa de los intereses públicos por ser una garantía del Estado de Derecho. Por tanto, la intención de esta proposición de ley orgánica es un ataque bárbaro y directo al sistema judicial español
Este gobierno ha atropellado el ordenamiento constitucional y sus leyes, ahora quiere acabar con la acusación popular, herramienta legal a la que le debe el triunfo de la mocion de censura que lo llevó al poder.
Los políticos afines al Sanchismo quedarían blindados para cometer las irregularidades que les plazca y seguir cumpliendo la promesa de levantar muros en lugar de gobernar para todos
La ley que se haría para ir contra los abusos dificultaría las acciones legales contra los abusadores y protegería a personas en posiciones de poder.
Con esta propuesta queda en evidencia la estrategia ofensiva del Sanchismo contra toda disidencia, acabar con la separación de poderes y utilizar todos los recursos del Estado como si estuvieran a su servicio o de su partido.
Este uso autoritario del poder es impropio en una democracia
La “Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso derivado de Acciones Judiciales Abusivas” pretende, como la Ley de Amnistía, consagrar la impunidad y los privilegios judiciales para el Sanchismo y sus cómplices.
“La democracia se puede debilitar o incluso destruir utilizando las leyes” como señala Francisco Marhuenda en este artículo: La «ley Begoña» contra el Estado de Derecho
19-02-2025
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