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Opinión: “Expropiaciones” forzadas, Por Coromoto Díaz


El chavismo instauró una política de control social y económico sin precedentes que abarcó casi todos los sectores de la economía y en particular los de construcción, agroindustrial, petrolero, comercial y alimentos.

Desde el año 2000 Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, impulsó una política de expropiaciones que se agudizó entre 2007 y 2011.

Hugo Chávez expropió casi 1,200 empresas en diez años.

Chávez inició su plan nacionalizador en 2007: violando la Constitución y haciendo alusión al carácter estratégico de los servicios y la energía, procedió a estatizar la Electricidad de Caracas, la CANTV (telecomunicaciones) y más de cincuenta contratistas petroleras.

Al año siguiente también atacó áreas clave como la construcción, la industria de alimentos, la banca, la siderurgia y el comercio, nacionalizando empresas como las cementeras Lafarge, Holcim y Cemex, Sidor y el Banco de Venezuela.

En 2009, les llegó el turno a las productoras de alimentos: la procesadora de arroz Cargill, los molinos de Monaca (productoras de harina de trigo), las plantas de Aceite Diana (aceite de maíz), Lácteos Los Andes y las principales torrefactoras de café. Estas acciones siguieron tomando vuelo y, en 2010, las cadenas de supermercados Cada y Éxito, Owens Illinois y Agroisleña pasaron a manos del Estado, mientras cientos de fundos, agroindustrias y empresas empezaron a correr paulatinamente con la misma suerte.

Las expropiaciones fueron el resultado de un proceso sistemático implantado por el gobierno de Chávez para impulsar su ideología y control social.
Muchas empresas se resistieron a medidas, como por ejemplo, la reducción del horario laboral que desfavorecía al empleador o como el control de precios. En todo caso, al final cedieron ante un ataque brutal que todo el aparato estatal infringió por años hasta que fueron expropiadas y más aquellas que se consideraban estratégicas para la supervivencia de la economía


Uno de los casos de expropiación que más llamó la atención en Venezuela fue la del Grupo Éxito a comienzos del 2010. Durante el programa dominical que realizaba Chávez, el mandatario dijo: Ordeno que se abra un expediente con miras a un proceso expropiatorio de la cadena Éxito. En el 2010 la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela declaró de utilidad pública e interés social todos los bienes inmuebles donde funcionaban los almacenes que operaban bajo la marca Éxito, y el presidente de Venezuela ordenó la adquisición forzosa de los activos que conformaban la cadena .

El grupo informó que para ese momento el principal accionista de Cativen (operador del Éxito en Venezuela) era el Grupo Casino de Francia, matriz también del Éxito.

Ante esta decisión, Casino celebró un acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela para la venta de 80.1% de las acciones de Cativen. En este porcentaje estaban comprendidas todas las acciones pertenecientes al Éxito, equivalentes a 28.62% del capital de Cativen, las cuales fueron transferidas a Casino para que a su vez pudiera venderlas al Gobierno de Venezuela , informó la corporación.

Después de las negociaciones, finalmente se acordó que el gobierno venezolano pagaría 90.5 millones de dólares por la expropiación de la cadena, la cual pasó a llamarse Bicentenario.

EL CASO ARGOS

Otro de los casos de intervención gubernamental que generó polémica fue la de la cementera Argos en el 2007. En ese año, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por mayoría, después del anuncio hecho por Chávez, la expropiación de los activos cementeros propiedad de la Corporación Cemento Andino.

Esta compañía, con capacidad para producir 750,000 toneladas anuales de clinker, fue adquirida por Argos en 1998 por 81 millones de dólares. Tres años después del anuncio, la cementera aún esperaba el pago de la indemnización, cifra nunca revelada.

La empresa Owens Illinois, dedicada a la fabricación de los envases de vidrios, fue la primera de la lista de compañías expropiadas después que el presidente

Chávez inició en el 2007 su plan de nacionalización en áreas estratégicas, como el telefónico, alimentario y petrolero.

Ese mismo año, la petrolera PDVSA tomó el control de los campos de explotación de la Faja de Orinoco, calculadas en 316,000 millones de barriles,

Ahora bien, ya sabemos —y padecemos— las consecuencias de estas nacionalizaciones: empresas quebradas, improductivas y desabastecimiento. ¿Quién responde por ello?

Resulta entonces obvio quién es el responsable de la catastrófica situación actual, hecho contrario al discurso oficial que, sin mayores explicaciones, la atribuye a una supuesta guerra económica, cuando en realidad el origen de la misma está en el propio Gobierno.

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