En materia de justicia, el Estado venezolano baipasea recomendaciones de organismos de DDHH
Es preocupante que las recomendaciones de organismos de derechos humanos no se estén cumpliendo en el país y que no se estén realizando investigaciones auténticas y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos.
Ello refleja una grave crisis en el sistema de justicia venezolano, plagado de corrupción y falta de voluntad e independencia para garantizar la justicia, la rendición de cuentas y proteger los derechos humanos.
Lo anterior, se desprende de un informe titulado “Sin cumplimiento de recomendaciones no puede haber justicia”, de junio 2023, elaborado por Faisal Yamil, Cristina Ciordia y Beatriz Borges para Justicia y Verdad Venezuela, en el cual se analiza el cumplimiento de las recomendaciones de organismos de derechos humanos en materia de justicia en Venezuela.
A partir de las recomendaciones emitidas, se identifican cuatro categorías de medidas, para “facilitar una evaluación estratégica con miras en su potencial implementación”, v.gr.:
i. reformas integrales de justicia, ii. fortalecimiento institucional, iii. garantías de acceso a la justicia y rendición de cuentas, y iv. derecho a la reparación integral y medidas de protección de las víctimas. En tal sentido, se enfatiza:
“[…] categorías de medidas que resultan necesarias para la garantía de la justicia, la verdad y la reparación con enfoque interseccional y con ello la protección integra de los derechos humanos de las y los venezolanos y especialmente las víctimas.”
Respecto a esas medidas, enmarcadas en las recomendaciones, “específicamente de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos (MIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)”, se resaltan factores inhibidores del cumplimiento de las mismas. Veamos.
El informe señala que la falta de independencia y corrupción a gran escala en el sistema de justicia en Venezuela ha generado la violación generalizada de los derechos humanos en el país.
Se mencionan irregularidades como cobros indebidos, influencias indebidas a jueces, manipulación de expedientes, alteración de documentos, incumplimiento de funciones estatales y retardo procesal. Por si fuera poco, se subraya la competencia de los tribunales militares sobre civiles, a pesar de una reforma que prohíbe esta práctica.
Muy importante (en relación al por qué de la reciente autorización para continuar la investigación en la CPI), el informe deja claro la falta de aplicación efectiva del Estatuto de Roma de la CPI en el país y la ausencia de legislación sobre jurisdicción universal, lo cual contribuye a la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos.
El informe también menciona la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia venezolano.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no divulgan estadísticas claras y precisas sobre sus actividades, lo que dificulta el escrutinio ciudadano y el conocimiento real de su operatividad. Además, se destaca:
a) la alta provisionalidad de los jueces, lo que afecta la independencia y funcionamiento del sistema de justicia, y b) que la reorganización del TSJ en 2022 presenta irregularidades en la selección y composición de los magistrados.
En cuanto al Derecho a la reparación integral y medidas de protección a las víctimas, en particular, “la protección de los derechos de las mujeres”, se evidencia la falta de recursos y vías de reparación integral para las víctimas en Venezuela.
“[…] Venezuela ha acumulado hasta la fecha, alrededor de 180 recomendaciones en materia de justicia formuladas por la OACNUDH, la MIDH y los resultados del Examen Periódico Universal. Ellas son el reflejo del proceso de erosión del Estado de Derecho, específicamente del Poder Judicial, que ha sido vastamente diagnosticado por los organismos internacionales a lo largo de los años.”
A renglón seguido, se lee:
“La instrumentalización y debilitamiento de la justicia no es un fenómeno aislado ni reciente, sino que se trata de una situación estructural de crisis institucional que ha formado parte de una política de Estado que ha tenido incidencia directa en la falta de protección de los derechos humanos, en el Estado de Derecho y la democracia, todo ello en perjuicio de las víctimas y las libertades.”
En línea con el informe, se puede afirmar el incumplimiento por parte del Estado venezolano en cuanto a garantizar una justicia efectiva, independiente y transparente:
“Al día de hoy, se cuenta con una gestión del TSJ obscura que no permite examinar los avances y mejoras en la observancia de los principios de justicia más esenciales e invita a concluir la falta de cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones en la materia”.
¿Consecuencias?
Por caso, un clima de impunidad, donde los responsables de violaciones de derechos humanos no son llevados ante la justicia y las víctimas no obtienen la reparación adecuada; la opacidad en las estadísticas y actividades de las instituciones encargadas de administrar justicia, que impide realizar los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia en el país.
En suma, el incumplimiento de las recomendaciones de organismos de derechos humanos en materia de justicia muestra una falta de compromiso por parte del Estado venezolano en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto perpetúa la vulneración de los derechos humanos y la falta de acceso a la justicia para las víctimas.
Desde una perspectiva tanto judicial como humana, es fundamental que el Estado venezolano cumpla con las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y garantice una justicia efectiva, independiente y transparente.
Esto implica fortalecer la independencia del Poder Judicial, combatir la corrupción en el sistema de justicia y promover la transparencia y la rendición de cuentas, conforme al informe bajo análisis.
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