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Opinión: Miles de venezolanos en Ecuador en un verdadero limbo jurídico, Por Coromoto Díaz

Muchos no son ni ciudadanos ni residentes en destino y han perdido los derechos (civiles, políticos, y sociales) …
Hacer parte de este limbo jurídico significa encontrarse vulnerable ante la discriminación y la injusticia; (la imposibilidad de conquistar meritoria mente un estatus social y económico favorable); no tener defensa alguna ante la explotación laboral; en resumen significa no ser sujeto de derecho.

Ecuador es un caso paradigmático de brechas políticas entre discursos progresistas, basados en derechos humanos, y la falta de implementación de políticas al respecto.
Durante las últimas dos décadas, Gobiernos sudamericanos de izquierda o de centroizquierda asumieron la implementación de discursos y políticas excepcionalmente aperturistas sobre la inmigración y los derechos de los migrantes. Esto supuso un cambio importante frente a los discursos restrictivos y focalizados en el inmigrante como amenaza, Sin embargo, el tratamiento de tal derecho ha sido muchas veces declarativo y carente de contenidos o garantías específicas.

Las políticas migratorias violatorias de los derechos humanos no comenzaron con el actual presidente. No obstante, bajo su gobierno, alcanzaron dimensiones antes desconocidas, en el marco de una expansión de los discursos xenófobos y antiinmigración. El sistema de asilo fue degradado al punto de convertirse en algo inoperante y ambiguo.
Parte de la campaña y de la plataforma política de los candidatos presidenciales ha consistido en denigrar a los venezolanos.
De hecho, muchos de los programas producido bajo el principio de ayuda humanitaria, son extremadamente limitadas y acumulan demoras de para los pocos que califican para migrar de manera legal. Al gobierno de turno y sus seguidores les importa muy poco si las personas tienen estatus legal o no; su animosidad tiene que ver con el capital económico, por lo cual la aporofobia, se inocula en la sociedad ecuatoriana, las posibilidades de inserción de un Venezolano están condicionadas por los capitales con los que cuentan y otros elementos diversos, entre los que destaca la identificación, (PASAPORTE VIGENTE), tarea difícil, por no decir imposible
Para los que conocemos de primera mano está situación, nos plantea un reto, dar visibilidad a la gravedad de la misma, y de como, estas políticas resultan chocantes y, hasta ahora, inimaginables: la crueldad ha reemplazado todo resabio de humanitarismo, protección y reunificación de la familia, la institucionalidad ha ignorado la situación personal, enfermedades graves o factores humanitarios que en otro contexto podrían dar respuestas viables a la regularización y por ende a la deportación masiva.

«Los factores principales que empujan a los venezolanos son la persecución y la violencia perpetradas principalmente por bandas organizadas y protegidas desde el propio Estado, la escasez de alimentos y la falta de protección gubernamental.»

El principio de no devolución prohíbe la deportación de una persona al país donde su vida o libertad puedan estar amenazadas en los cinco casos previstos en la Convención de Refugiados. No obstante, la reforma establecida en la Ley de Movilidad Humana, que próximamente entrará en vigencia, violan el principio de no devolución.
Uno podría preguntarse si la reforma brinda siquiera una protección significativa del derecho de Asilo o Refugio, y si garantiza el debido proceso y una audiencia justa, pero al gobierno nunca le preocuparon estos temas. Al contrario, el objetivo es deshacerse de las solicitudes de asilo y refugio a lo largo de múltiples y burocráticas formas.
No obstante, el derecho de solicitar Asilo o al Refugio, está contemplado por la legislación nacional e internacional. La creación de obstáculos insuperables, como lo es la presentación de un pasaporte vigente, es inhumano, ya que elimina la posibilidad de optar a otras Visas.

“Ya se sabe que desean sacar la mayor cantidad de inmigrantes como sea posible”
“No comprenden la situación actual y tampoco les importa.”
“O pagamos o nos vamos así de fácil es para ellos…”

Son los rumores que corren dentro de la comunidad.

Las nuevas regulaciones, que se plantean en la Reforma de movilidad humana, se originan en las falsas afirmaciones sobre los inmigrantes, como aquella que sostiene que estos se aprovechan de los beneficios estatales, si bien hay investigaciones en sentido contrario. Las leyes contemplan la posibilidad de que cualquier integrante de la familia reciba asistencia del Estado, sin importar su estatus legal, elegibilidad para beneficios, destreza lingüística, salud, nivel educativo o capacidad crediticia. La negativa a brindar asistencia por parte del Estado perjudica a las familias con menores recursos. Muchos Venezolanos llegaron a Ecuador o países vecinos con pocos recursos económicos.
Es importante señalar que, junto a la condición de extranjero, el venezolano padece la doble estigmatización de prácticas de discriminación y xenofóbicas. Lo cual complejiza aún más las posibilidades de acceso a empleo y vivienda, por citar algunos ejemplos.

A pesar del discurso revolucionario recogido en la Constitución ecuatoriana, los migrantes sufren una triple discriminación: social, económica y legal, en el contexto de las políticas migratorias .
A pesar del marco de apertura migratoria ecuatoriana, han sido pocos los venezolanos que han tenido una experiencia de inserción positiva.

Hoy por hoy, se exiguen procesos de regularización que no estan realmente disponibles económicamente para el venezolano que socialmente llegó en una situación de alta visibilidad, lo cual conllevaba inminentes sentimientos de confusión, desesperación, angustia y frustración, los cuales están intrínsecamente relacionados con el sufrimiento.

La discriminación que afectan a la comunidad Venezolana en Ecuador pueden rastrearse a nivel cotidiano –como dinámicas de discriminación social–, pero también a nivel institucional. En este contexto, la condición de irregularidad migratoria ha supuesto la exposición a dinámicas de discriminación y explotación laboral, pero también a invisibilización ante los procesos de detención y deportación y a precarización de la condición migrante en general. Es frente a este escenario que se debe unificar criterios y establecer estrategias unitarias y factibles.

La interacción entre las políticas migratorias de los países de origen y los de destino afecta la experiencia migratoria y, por lo tanto, incide sobre el sufrimiento de los migrantes. Sin embargo, la opacidad de una noción de sufrimiento migratorio es mantenida desde fundamentos epistémicos que favorecen un análisis donde la centralidad la ocupan categorías que contribuyen al análisis de coyunturas y a la confirmación de una racionalidad política. La existencia de migrantes y refugiados es convertida así en una variable sopesada en sus implicaciones políticas para los Gobiernos involucrados.

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