La selección del candidato presidencial por parte de la MUD o la de un líder de ese sector de la oposición, como antesala de unas elecciones generales que podrían ocurrir este año, el próximo o en cualquier momento, obligan a replantear el tema esencial de caracterizar tanto a quien ejerce el poder en Venezuela como a quienes se presentan como alternativa para disputárselo.
Aunque no se trata de un asunto nuevo si ha sido deliberadamente obviado por quienes se hacen llamar “oposición”.
Hay que establecer un criterio basado en categorías estrictamente políticas, no sociológicas o psicológicas, para definir y caracterizar al chavismo y a la oposición. Sin un criterio claro seguiremos naufragando en un mar de confusiones como ha ocurrido desde 1999 con las dramáticas consecuencias que esto implica.
Para los efectos de este artículo re-exponemos, una vez más, nuestra tesis según la cual lo que tenemos en Venezuela no es simplemente un mal gobierno del cual se puede salir por elecciones.
Lo que hay es algo más complejo y sofisticado que nosotros caracterizamos como el Estado chavista que ha sustituido al Estado nacional venezolano. El Estado chavista define los límites de una legalidad a su medida. En ese Estado no hay separación de poderes y menos pesos y contrapesos.
Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y militar son leales a la causa chavista, no a la causa nacional. Pero esa arbitrariedad tiene un sustento Constitucional y legal en la Constitución chavista de 1999.
La definimos como tal porque es la norma fundamental en la cual se apoya el Estado chavista y que sirve como su base jurídica. Con esa norma Constitucional y esa legalidad nunca habrá forma de disputarle el poder al chavismo legalmente, esto es por vía electoral. No es por falta de voluntad de los ciudadanos, sino porque no hay mecanismos confiables ni transparentes para que los ciudadanos se expresen institucionalmente.
Para asegurar su modelo político con apariencia democrática el régimen chavista a lo largo de estos 23 años le ha hecho concesiones a la oposición en la forma de pequeñas adjudicaciones electorales de alcaldes, gobernadores y diputados.
Estas concesiones alimentan la esperanza de un cambio político por la vía electoral ya que se ofrece como evidencia que el chavismo también pierde elecciones, y además acepta la derrota.
En realidad el chavismo logra reconocimiento pleno para su modelo fraudulento al convertir a esos alcaldes, gobernadores y diputados en voceros del régimen y de sus métodos electorales. Es un mecanismo perverso que se renueva cada vez que vienen unas elecciones y funciona porque hay una oposición siempre dispuesta a colaborar.
Por eso es esencial no solo caracterizar al régimen chavista para entender a lo que nos estamos enfrentado sino también a quienes se autodenominan como “oposición”.
Y el criterio no podría ser simplemente llamar opositor a todo aquel que compita electoralmente contra los candidatos del chavismo y ni siquiera aquellos que en forma beligerante dicen oponerse al mal gobierno de Nicolás Maduro, pero aceptan su régimen político y su pseudo-legalidad.
El criterio que hemos propuesto para definir qué es y que no es la oposición es el reconocimiento o no a la Constitución chavista de 1999 y su régimen político que hemos identificado como el Estado chavista.
Aquí estamos frente a un criterio estrictamente político, no sociológico, psicológico o cultural. Partiendo de ese criterio todo aquel que reconozca y se apoye en la Constitución chavista de 1999 para sacar al chavismo del poder, díganos por vía electoral, entonces no podrá ser considerado como oposición sino más bien como colaborador, cooperante o simplemente como falsa oposición porque no es verdadera.
Este criterio permite definir en forma objetiva dos frentes irreconciliables en el campo de la lucha política. Quienes apoyan el actual régimen político chavista y apuestan por su renovación electoral y quienes buscamos confrontar para derrocarlo y sacarlo del poder.
De esta tesis se desprenden definiciones políticas importantes. Por ejemplo, no apoyar las elecciones ni las negociaciones con el chavismo porque son formas de dominación que sólo buscan legitimar y extender la vida de un régimen que de otra forma ya podría estar agonizando.
Esta tesis suele ser atacada por dos flancos. Primero, se alega que es preferible hacer algo (votar) que no hacer nada (abstenerse).
Segundo, que sería la negación de la política para en su lugar buscar una insurrección armada. En ambos casos vemos un intento desesperado de los falsos opositores para seguir justificando su fracaso de dos décadas sin rendir cuentas de su gestión política. Pero admitiendo que ambos cuestionamientos podrían tener un fulcro de realidad es necesario considerarlos.
En primer lugar, decir que lo mejor es votar que quedarse de brazos cruzados es un argumento que admite de entrada la inutilidad del voto. Esto equivale a decir “sabemos que el sistema es fraudulento, sabemos que el chavismo jamás entregará el poder por las buenas, pero de todas formas vayamos a votar”.
Esto es votar por votar alimentando en forma perversa la ilusión de que si la gente sale a votar es posible que ocurra un milagro. El milagro por supuesto no sería que el chavismo pierda la elección sino que acepte entregar el poder.
Luego está el cuestionamiento de quienes se aferran a la idea nebulosa de una ilusoria transición electoral e intentan asociar nuestra tesis de ruptura política con golpes militares e insurrecciones armadas.
A esto respondemos, con base a dolorosas experiencias acumuladas en estas dos décadas, que los civiles tenemos que ocuparnos de lo civil y los militares de los asuntos militares.
Aquí nos desmarcamos de la idea mitológica según la cual un pueblo desarmado a fuerza de pura voluntad puede tumbar un régimen político.
No, son los sectores más conscientes de la población que organizados en una vanguardia asuman la confrontación política con el régimen desde la protesta ciudadana y a su vez ganen a importantes sectores de las fuerzas militares para que hagan lo propio desde los cuarteles.
Son estos militares quienes tienen que dar los primeros pasos para proteger a su pueblo y no al revés. Pero mientras esto no ocurra y no haya condiciones objetivas el solo intento improvisado y espontáneo no pasará de ser un acto suicida.
Ante la pregunta ¿Qué hacer en lugar de votar? la respuesta no es la desmovilización ni la anti-política.
Por el contrario, lo que procede es la organización política y social de los ciudadanos, no para ir a elecciones y legitimar al régimen chavista sino para coordinar las luchas diarias por recuperar las condiciones materiales de vida de los venezolanos. Intuitivamente muchos venezolanos ya lo están haciendo organizándose en sindicatos independientes del régimen chavista y de su falsa oposición.
Este no es, por supuesto, un espacio garantizado e inmune a la represión del régimen, pero en nuestra opinión, sin duda, es el que ofrece mayores posibilidades de inserción social que los actuales partidos de “oposición”.
Humberto González Briceño
Maestría en Negociación y Conflicto
California State University
VENEZUELA Crisis y Definiciones
“Por una República de ciudadanos libres”
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