Una mirada a la doctrina penal nacional y su relación con los derechos humanos
¿Te has preguntado alguna vez cómo se decide qué es un delito y qué castigo se le aplica? ¿O cómo se lleva a cabo un juicio penal y qué derechos tienen las personas involucradas?
Estas son algunas de las cuestiones que estudian el derecho penal y el derecho procesal penal, dos ramas del derecho que regulan la potestad punitiva del Estado, es decir, la facultad de imponer sanciones a quienes infringen las normas penales que protegen los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, como la vida, la libertad, la propiedad, etc.
El derecho penal y el derecho procesal penal son muy importantes para toda sociedad, ya que inciden directamente en la convivencia pacífica, el orden público, la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos humanos. Por eso, es necesario que estos campos del derecho se desarrollen de forma científica y actualizada, tomando en cuenta las necesidades y demandas sociales, así como las experiencias y conocimientos de otras naciones.
En este sentido, los autores venezolanos de derecho penal y procesal penal han hecho una gran labor académica e intelectual, que ha contribuido al avance teórico y práctico de estas disciplinas jurídicas. Estos autores han recibido la influencia de diversas fuentes jurídicas nacionales e internacionales, que han enriquecido su pensamiento y su obra.
Entre estas fuentes se pueden mencionar las siguientes: el derecho romano, español, francés, alemán y anglosajón. En este contexto, algunos juristas internacionales que han influido en la doctrina penal venezolana son: Cesare Beccaria, Hans Welzel, Claus Roxin, Eugenio Raúl Zaffaroni, Luis Miguel Bramont-Arias y Luis Jiménez de Asúa.
Son solo algunos ejemplos de las variadas fuentes y los muchos juristas internacionales que han aportado al desarrollo del derecho penal venezolano, que han permitido a los autores venezolanos de derecho penal y procesal penal elaborar una doctrina propia y original, que ha contribuido al avance científico y normativo de estas disciplinas jurídicas.
El movimiento académico e intelectual generado por los muchos y destacados autores venezolanos que han aportado al estudio y la evolución del derecho penal y procesal penal en Venezuela y el mundo, favorece el ejercicio del derecho en nuestro país, al promover el análisis crítico, el debate jurídico, la formación profesional, el desarrollo legislativo y jurisprudencial, y el respeto y la protección de los derechos humanos en el ámbito penal
Así las cosas, la doctrina penal venezolana y la materia de derechos humanos son dos ámbitos que se relacionan de manera estrecha y compleja, ya que ambos buscan regular la conducta humana y proteger los valores fundamentales de la sociedad.
Sin embargo, esta relación no está exenta de tensiones y desafíos, que requieren de un constante equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la sanción a las conductas ilícitas.
Por un lado, la doctrina penal venezolana debe respetar y garantizar los derechos humanos de las personas involucradas en el proceso penal, tanto de las víctimas como de los imputados o acusados.
Estos derechos están consagrados en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal Penal y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela.
Entre estos derechos se encuentran el derecho al debido proceso, que implica el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y sin dilaciones indebidas, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Estos derechos son esenciales para garantizar la dignidad humana y la justicia.
Por otro lado, la materia de derechos humanos también implica una obligación del Estado venezolano de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes o por terceros, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
Estos crímenes están tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dichos crímenes son considerados como los más graves atentados contra la humanidad y el derecho internacional, y por tanto, deben ser perseguidos y castigados con severidad.
Para lograr este equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la sanción a las conductas ilícitas, se necesita fortalecer las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la cooperación internacional, así como promover una cultura de paz y justicia.
Lo anterior implica que el poder público debe actuar con transparencia, eficiencia y responsabilidad, respetando la Constitución y las leyes, así como los principios y valores democráticos. También implica que la sociedad civil debe participar activamente en los asuntos públicos, ejerciendo sus derechos y deberes ciudadanos, y denunciando cualquier abuso o arbitrariedad.
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