Visibilización embarazosa de la situación en el país.
El 4to informe de la Misión Internacional independiente de determinación de hechos en Venezuela (MIIV), presentado el miércoles 22 de los corrientes, es un documento que no puede ni debe ser ignorado por el gobierno venezolano ni por la comunidad de naciones, pues tiene implicaciones jurídicas y políticas tanto a nivel nacional como internacional.
El informe de la Misión es un documento valioso para el análisis jurídico y político de la situación en Venezuela, especialmente en relación a la investigación que cursa en la Corte Penal Internacional (CPI), que por estos días está en una etapa crucial en la Sala de Apelaciones de esa instancia.
La eventual remisión del 4to informe referente a la situación del país a la CPI podría acelerar el proceso relativo a la Situación Venezuela I y dar mayor peso a las evidencias recabadas por la misión; a la vez, generaría una mayor presión política sobre el gobierno venezolano para que coopere con la CPI y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Ante este panorama, los efectos de las recomendaciones al gobierno venezolano, contenidas en el 4to informe, obedecerá en gran medida a un hecho, que la comunidad internacional mantenga su atención y presión sobre la situación en Venezuela.
En ese sentido, el gobierno venezolano se expone a que la comunidad internacional apoye de manera decidida, por caso, el trabajo de la Misión y otros mecanismos internacionales de derechos humanos, y que ejerza su jurisdicción universal o cooperación judicial para perseguir a responsables de crímenes internacionales cuando sea necesario. De ello tenemos claros indicios en Argentina y en la suspensión de viajes de Putin al exterior.
También existen hechos, Estados Unidos ha apoyado el trabajo de la MIIV, a la par, ha instado al gobierno venezolano a aceptar una solución pacífica y negociada a la crisis, que incluya la celebración de elecciones libres y justas, el respeto a las instituciones democráticas y el cese de la represión.
En este contexto, no se descarta la posible incidencia de estas acciones en la adopción de medidas por parte del Estado venezolano y de la comunidad internacional para allanar el ambiente de conflictividad política existente en el país y propiciar un clima favorable al ejercicio de los derechos políticos de la sociedad venezolana.
El 4to informe de la MIIV puede ser un insumo valioso para este propósito, siempre que se le reconozca su valor técnico y jurídico y se le dé el seguimiento adecuado dentro y fuera del país; puede contribuir a generar una mayor conciencia sobre la gravedad de la situación en Venezuela y a movilizar a la opinión pública nacional e internacional en favor de los derechos humanos.
Asimismo, el informe puede facilitar el establecimiento de mecanismos de justicia transicional, reparación a las víctimas y garantías de no repetición, que son esenciales para lograr una reconciliación nacional. El informe puede estimular el fortalecimiento del Estado de derecho, la independencia judicial, el pluralismo político y la participación ciudadana, que son pilares fundamentales para una democracia sólida y sostenible.
Cierto, algunos dirán que el gobierno venezolano ha rechazado este informe, también los anteriores, ha cuestionado la metodología y fuentes del informe; sin embargo, al haber reiterado su apoyo al mecanismo alternativo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con quien firmó un memorando de entendimiento en 2019, cobran vigencia sus obligaciones.
El ciudadano común en Venezuela puede percibir una oportunidad para impulsar cambios positivos en el país, donde se fortalezcan los derechos políticos, se promueva la participación ciudadana y se construya una sociedad más justa y sostenible.
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