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Opinión: Reforma Ley de Movilidad Humana, Por Coromoto Díaz



Desde su discusión y debate en la Asamblea Nacional de Ecuador, diversas organizaciones civiles de derechos humanos, han hecho pronunciamientos para intentar vetar la Reforma a la Ley de Movilidad Humana, por contrariar los principios constitucionales que rigen en el Ecuador en materia de migración y movimientos humanos, pero ha sido infructuoso cada movimiento pues dicha reforma fue impulsada como bandera política.


Cuando las reformas finalmente fueron aprobadas por la Asamblea ecuatoriana, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) afirmó tener varias preocupaciones. El CDH exhortó a las autoridades del gobierno a considerar que en toda resolución que implique la expulsión o deportaciones de personas en situación de movilidad humana debe garantizar el derecho al debido proceso.

Ecuador tiene una política contradictoria frente a la migración venezolana.
La llegada de tantos en un corto período de tiempo ha tensado la capacidad institucional del Ecuador. Muchos venezolanos carecen de acceso a servicios sociales, como salud, educación, vivienda y medios de vida. Algunos también han sido víctimas de violencia sexual y de género, discriminación y xenofobia. A medida que más venezolanos con necesidades cada vez más agudas llegan y eligen quedarse, Ecuador intenta de manera equivocada dar respuesta. Pero dicha respuesta ha sido inconsistente, reflejando las complejas tensiones políticas y los desafíos institucionales que enfrenta.}
De hecho, el país tiene algunas de las leyes más progresistas de derechos humanos, migración y asilo en la región. Estas leyes incluyen su Ley de Movilidad Humana de 2017, que consagraban un enfoque de principios sólidos para regularizar el estatus de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. La ley también comprometía al Ecuador con el principio de no devolución, no discriminación e integración.


Pero el progresismo de las leyes migratorias ecuatorianas han tenido un notable retroceso luego de la implementación de una Reforma casi total de la otrora Ley de Movilidad Humana, que durante varios años, colocó al Ecuador como líder de la Región en materia migratoria, algunas políticas han socavado la intención de la ley, impidiendo que los venezolanos accedan a sus derechos en la práctica. Estos cambios en las políticas parecen ser la equivocada respuesta del gobierno ecuatoriano para frenar el ingreso de los venezolanos a su territorio.

Esta respuesta de Ecuador además de inconsistente, reflejan las complejas tensiones políticas y los desafíos institucionales a los cuales se enfrentan.

Las consecuencias para los venezolanos, de la puesta en marcha de la Reforma a la Ley de Movilidad Humana, han sido devastadoras. Por ejemplo, los nuevos requisitos de ingreso impuestos efectivamente cerraron la frontera a muchos venezolanos, a veces separando a las familias. Esta política obligó a muchos a tomar rutas irregulares hacia el país, a veces a través de traficantes, exponiéndolos así a mayores riesgos y negándoles las protecciones que ofrece el estado regular. Estas medidas también impiden que muchos venezolanos accedan al mercado laboral, un resultado particularmente perjudicial, dado que los venezolanos que huyen hoy tienen necesidades más graves que los que llegaron antes. Algunos grupos, entre ellos mujeres y niños, son particularmente vulnerables.

La situación de los venezolanos en Ecuador ha llegado a un momento crítico. A medida que el gobierno se enfrenta a crecientes tensiones en su capacidad institucional, ha decido optar por contrariar los principios de su Constitución, de protege los derechos de los migrantes y refugiados.

Barreras financieras y burocráticas para el ingreso regular, incluso la incapacidad de procesamiento de inmigración y el aumento de requisitos para obtener Visas temporales o permanentes ha sido la respuesta del Ecuador ante la oleada migratoria de Venezolanos.

La Visa Unasur quedó sin efecto. Con la salida de Ecuador de la Unasur y la puesta en vigencia de la Reforma.

Está decisión dió como resultado dos impactos diferenciados.

El primero es que afecta a las olas migratorias de generaciones pasadas y el segundo es que extiende una política migratoria inflexible, que inició con el visado humanitario impuesto por el presidente Lenín Moreno en 2019, con el que prácticamente se cerró la frontera.


De una manera directa se vieron afectados los venezolanos que ya estaban en territorio ecuatoriano con visas regulares con fecha próxima de vencimiento, ya que los trámites para obtener visas de trabajos son sumamente complicado pues requiere de la presentación de documentos como un contrato de trabajo, un certificado médico y la presentación de medio lícitos de vida, establecidos en un salario mínimo, caso contrario no aplicarían a dicha visa.

La llamada VERHU (Visa de Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias), se ha transformado en una una visa que en nada es humanitaria, porque el proceso que impulsó el Gobierno ecuatoriano presentó “muchas fallas y errores”.

Lo principal es que no se comprendió la situación de vulnerabilidad de muchas personas…

El Decreto Ejecutivo 826 fue emitido el 25 de julio del 2019 por el presidente Lenín Moreno, cuando la región atravesaba una intensa migración venezolana. La normativa pretendía regularizar la situación migratoria de las y los ciudadanos venezolanos en Ecuador, a través de la llamada VERHU (Visa de Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias). Este tipo de visa estaba dirigida tanto para las y los venezolanos en Ecuador como para quienes tenían como propósito ingresar al país.

El proceso terminó el 13 de agosto pasado, al año de cumplirse la entrada en vigencia del Decreto 826. Ese tiempo estuvo atravesado por la pandemia del COVID-19 y las medidas restrictivas de movilidad que se impusieron a lo largo de seis meses.

Este proceso de regularización exigía ciertos requisitos: pasaporte (con mínimo cinco años de caducidad para quienes ya viven en Ecuador), los antecedentes penales (legalizados y apostillados en Venezuela), partidas de nacimiento para las niñas, niños y adolescentes (legalizados y apostillados en Venezuela) y el pago de 50 dólares del formulario de solicitud.

Pero estos requisitos representaron un enorme desafío para una población que vive con urgencias económicas (muchos sin trabajo) y dependientes de un gobierno venezolano que presenta serios problemas para emitir los documentos que exige el gobierno ecuatoriano.

En resumen la VERHU ha sido un proceso muy sesgado donde el Estado ecuatoriano le ha dicho los venezolanos: aquí tienes una oportunidad, pero bajo estas reglas. Al final del día este proceso se transformó en un cultivo para las irregularidades, para sacar los documentos que se exigía en Ecuador, el sistema venezolano ofrece tres plataformas para tramitar los antecedentes penales, las partidas de nacimiento y la legalización de dichos documentos, previo a la apostilla. Cada uno de estas plataformas genera su propio usuario y clave.

Hubo personas que alguna vez gestionaron uno de los documentos a través de un tramitador, pero ya no recordaban ni el usuario ni clave ni el correo electrónico que se usó. Entonces, para recuperar ese acceso había personas que cobraban entre 100 a 300 dólares en Venezuela.

Los casos de estafa estaban a la orden del día, había personas que llegaban con sellos falsos en los documentos o que al ingresar a alguna de las plataformas no encontraban el documento que se tramitó.

Otro asunto era el pasaporte. Si bien el proceso del VERHU pedía un pasaporte con mínimo cinco años de caducidad, hubo personas que cruzaron la frontera solo con la tarjeta andina o quienes se enteraron de esta exigencia en el camino, es decir, estando en movilidad migratoria. Para una persona como esa, pagar 280 dólares por un pasaporte en Venezuela era complejo. Es mucho dinero, porque la mayor parte de los venezolanos trabajan en el sector informal, vendedor ambulante, por ejemplo…

O incluso, en el caso de que sí contaban con los 280 dólares, el pago se tenía que realizar con una tarjeta MasterCard del Banco del Pacífico.

En ese sentido se tenía que buscar a un ecuatoriano que preste la tarjeta o el migrante venezolano tenía que gestionar una. Pero, “¿quién va a tener una cuenta [del banco] si no está regular en el país?”

En otro escenario, si uno ya estaba en situación regular y disponía de dicho valor se presentaba otra dificultad: esperar mínimo tres meses para que te entreguen el pasaporte.

Los antecedentes penales que se tenían que gestionar en Quito o en Guayaquil. Es decir, el migrante venezolano tenía que tramitar tanto el antecedente penal venezolano y el ecuatoriano. Si usted vive en Sucumbíos (frontera con Colombia y Perú) y le han pedido ese documento, entonces, tiene que movilizarse –en plena pandemia– hasta Quito, si estás en Manta te tienes que mover a Guayaquil (pasajes ida y vuelta), pagar el trámite y costearte los alimentos.

Pero la irregularidad mayor radica en que ese documento no es un requisito oficial, no a todos les pedían esos papeles. “Dependía mucho del asesor consular que te atendía, así de simple”.


En otras palabras, los requisitos eran imposibles de cumplir para la mayor parte de la población venezolana, Ecuador intentó vender esto como una amnistía migratoria para hacer ver al país como caritativo e intentar lavarse las manos sobre el tema migratorio.

Sin embargo, terminado el proceso y viendo todas las debilidades que presentó, no puede llamarse amnistía migratoria cuando para una mayor parte de la población venezolana los requisitos fueron excluyentes.

Pero se viene otro problema: ¿Qué va a hacer el Gobierno con las personas que se encuentran en situación irregular y no alcanzaron a regularizarse? desde el Viceministerio de Movilidad Humana de la Cancillería de Ecuador se ha dicho que las y los venezolanos pueden acogerse 34 opciones (en alusión a los tipos de visa que ofrece el país). Pero si hubo personas que no pudieron acceder a la llamada VERHU (por los requisitos y el costo de 50 dólares) menos podrán reunir el dinero para cualquiera de las otras visas, cuyos montos superan los 250 dólares, entonces ¿qué va a pasar con quiénes no lograron regularizarse?. Si no alcanzaron a la VERHU el venezolano afronta una multa por estar de manera irregular en el país. Si se quiere optar, por ejemplo, por la visa de trabajo. Hay que sumar a ese costo el valor del pasaporte si es que no lo tiene. En resumen, una persona venezolana tendría que invertir entre unos 1200 a 2000 dólares para regularizarse en Ecuador.

Otra interrogante está relacionada al manejo de recursos de los organismos internacionales que trabajan con la población migrante venezolana. “Si la apuesta de los organismos internacionales es que la población [venezolana] se regularice la pregunta es por qué parte de los fondos que han recibido no se destinó en exclusiva para regularizar a la población”.


Si asumiéramos que son 400 mil personas las que se tienen que regularizar en Ecuador y la solicitud para la VERHU costaba 50 dólares, cubrir todo eso daba 20 millones de dólares. Eso es la milésima parte de lo que han recibido, el gobierno ecuatoriano.

Por lo pronto la comunidad Venezolana lo que pide es un período de regularización justo igualitario y eficaz, las personas necesitan una visa porque si en eso no pueden trabajar.

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