Han transcurrido ocho años desde la detención de «el Capi». Ninguna prueba, pero le condenan a treinta años. El cortocircuito de Jorge Rodríguez: «La extrema derecha quería matarle».
Ocho años de encierro no han quebrado el ánimo de Oswaldo Castillo. Me lo cuenta alguien que pasó por El Rodeo I, quien le recuerda como una persona audaz y solidaria al mismo tiempo. «Un buen zuliano», dirían los regionalistas.
«¿Quién fue el primer hombre en ir al espacio?», se le escucha preguntar de repente, tras las rejas. «Otra vez «el Capi»», dicen los otros presos entre sí, llamándole por su sobrenombre y reconociendo el tono de voz, grave e infantil al mismo tiempo.
Oswaldo vence el encierro con la historia, ejercicio de libertad que le ayuda a elevar el pensamiento más allá de su celda. Sus píldoras de historia espabilan a los demás presos, recordándoles que todo pasa y que el mundo no se detiene allí, en cuatro metros por dos.
La misma dirección de El Rodeo I halla en él un compañero fiable para los primerizos, inclusive extranjeros, que en 2024 llegaban por decenas.
Condenado sin pruebas a treinta años
Oswaldo, nacido en 1993 y capturado el 6 de octubre de 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, cumple una condena absurda: 30 años, pena máxima, infligida por el Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo. Decisión ratificada por la Corte de Apelaciones.
Le acusan de haber participado en el pintoresco atentado con drones ocurrido el 4 de agosto de 2018, con la supuesta intención de atentar contra la vida del expresidente Nicolás Maduro Moros, en plena avenida Bolívar (Caracas), durante el acto de conmemoración del 81.º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Luego le impusieron un paquete de cargos, en combo: homicidio intencional calificado en grado de frustración, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir e instigación pública. Ninguna prueba, sino todo lo contrario: una funcionaria del Sebin, bajo juramento, llegó a declarar que Oswaldo no participó en los delitos que se le imputan; otros dos agentes, que realizaron inspecciones forenses en el transporte público en el que el joven viajaba en el momento de su detención, confirmaron la ausencia de evidencias que pudiesen incriminarle.
La confesión bajo tortura que le absuelve
Queda a la literatura el video publicado por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), días después de su detención. Bajo coacción y tortura, los carceleros imponen a Oswaldo la lectura de una confesión escrita. Empieza admitiendo su adhesión a las protestas organizadas por el Movimiento Estudiantil desde el 2014 en adelante, que resume en la palabra «Resistencia».
Luego se le nota incómodo: mira de reojo hacia ambos lados, entrelaza los dedos; la dicción se interrumpe. No es su letra, no son sus palabras, tampoco su carácter, sino el guion impuesto por Jorge Rodríguez, que para ese entonces era vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura.
Lee nombres: «Génesis», «Anthony Briceño», «Julio Borges». Al comentar sobre su presunta implicación en el atentado, Oswaldo explica: «Al ver todo lo que estaba pasando, decidí huir y escapar del campamento (al cual había sido invitado, n. d. r.) porque no me parecían las ideas… Y estuve todo este tiempo en la clandestinidad».
El culpable-víctima y otras contradicciones
Incluso si creyésemos a ciegas en todo esto, la confesión misma absuelve a Oswaldo del «Caso dron»: él mismo habría abandonado la causa al enterarse de la presunta conspiración.
De allí se desata un extraño cortocircuito en la psiquis de Rodríguez, que presenta a dos personas distintas en el mismo discurso, lo que amerita más de una sesión de psicoanálisis: la primera, culpable por su participación en el Caso dron; la segunda, perseguida, y en riesgo de muerte, por no haber participado en dicho atentado.
«¿Por qué está en la clandestinidad? —exclamaba Rodríguez—. La colombianización política de una cierta extrema derecha venezolana. Lo estaban buscando para matarlo, para que no pudiera hacer esta confesión».
El delirio del entonces vicepresidente toma vuelo: «Lo iban a tratar como un desertor, de la manera en la que son tratados los desertores por el paramilitarismo colombiano y por el narcotráfico colombiano».
Y añade: «Iba a ser asesinado, alias «el Capi»». Los únicos soportes a su tesis son el guion escrito por los carceleros de Oswaldo y una foto, un selfie, de «el Capi» junto a un tal «Morfeo», culpables de atravesar el puente Simón Bolívar, como otros cientos de ciudadanos que cada día cruzan la frontera.
El ejercicio retórico prosigue, con el trasfondo rojo, que ya no existe por aquellos lados: «Alias «el Capi» sencillamente decide no participar en el magnicidio en grado de frustración y, en consecuencia, deserta y se esconde».
El desertor, perseguido por la «extrema derecha»
Luego el actual presidente de la Asamblea Nacional repite nuevamente: «¿Por qué se esconde? Porque lo iban a matar. Y esa fue una de las razones por las cuales los organismos de seguridad de Venezuela logran la captura de Oswaldo Gabriel Castillo Lunar; porque se le estaban acabando los escondites y sabían (los agentes de Inteligencia, n. d. r.) que tenía factores de la extrema derecha venezolana que lo estaban buscando para asesinarle».
Rodríguez describe por ende la figura de un «desertor», es decir, un «soldado que desampara su bandera», según el diccionario de la Real Academia Española, y que por ende resultaría «tránsfugo» o «prófugo» de la causa por la cual se le imputa. El Estado, en nombre del cual Rodríguez habla, presenta a Oswaldo como un perseguido de la «extrema derecha venezolana» —cosa que no tendría cómo negar ni confirmar, pues quien lo afirma no presenta evidencias—, pero al mismo tiempo le condena como autor material de los hechos, sometiéndolo a más de cien audiencias, de las cuales al menos 22 fueron diferidas. En el peor de los casos, el único hecho punible para Oswaldo sería el haberse enterado de dicho plan y no denunciarlo inmediatamente a las autoridades.
Sin embargo, renunciando a nuestras cartas y jugando con las de Rodríguez, la urgencia de resguardar su vida ante un peligro inminente se lo habría impedido. Y el derecho a la vida «es inviolable», dice el artículo 43 de la Constitución de 1999. Según el vicepresidente, la Inteligencia venezolana manejaba la información de que «lo estaban buscando para matarlo». De ser así, nadie debería ser condenado a 30 años por escapar de un plan —si es que el plan alguna vez existió— del cual se disoció desde un principio. Le mantiene preso un mecanismo ideológico, parecido al de la Inquisición española, que de alguna forma se manifiesta en las prácticas represivas aplicadas durante la década de Maduro y aún vivas en el Rodrigato.
De retorno a la Inquisición
El estilo de la Inquisición lo explica el escritor italiano Leonardo Sciascia mientras habla de su novela Morte dell’inquisitore. «En la mayor parte de los casos la gente termina convenciéndose de haberse efectivamente equivocado, así como ocurría durante los juicios estalinistas —dice Sciascia a la periodista Marcelle Padovani, que le entrevista en el libro La Sicilia come metafora (Mondadori)—. Se empieza diciéndole al procesado: «Más allá del hecho de que tú hayas cometido o no este error, desde que eres acusado de haberlo cometido, es evidente que la confesión del mismo podrá servir al menos para evitar que otros lo cometan». Luego se termina convenciéndole de que ha cometido el error».
Es decir, golpear a uno para educar a otros cien. Hoy, tras ocho años de delirio, Oswaldo sigue condenado sin pruebas, bajo un proceso a lo que una vez pudieron ser sus convicciones, la «Resistencia», tal como ocurría en la Inquisición. Rodríguez ha cambiado el tono y el color de partido, luego de la caída de Maduro: «A mí no me gustan los presos políticos». El presidente de los EE. UU., Donald Trump, prometió que «saldrán todos» los presos políticos. Oswaldo, sin embargo, sigue allí, víctima de un Interinato que se muestra fuerte con los débiles (el pueblo, los presos políticos) y débil con el fuerte (la administración Trump, que le tutela).
Estefano Tamburrini
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