En un análisis de Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción se concluyó que, a pesar de que el registro de bienes y sociedades es público en Francia, hay un “muro de ladrillos” que impide que la sociedad haga seguimiento del dinero ilícito escondido en la compra de propiedades multimillonarias
Los nombres del exministro de Transporte, Haiman El Troudi, y del operador financiero de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Luis Alfonso Oberto Anselmi, volvieron a surgir en medio de una investigación trasnacional por sospechas de lavado de dinero.
De acuerdo con un reciente reporte del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), ambos adquirieron propiedades en zonas lujosas de Francia a través de empresas creadas entre 2008 y 2016.
El hallazgo, para el que también trabajó el medio de investigación Armando.info, evidencia el valor que tiene acceder a la información pública y conocer los beneficiarios finales de las sociedades.
La posibilidad de saber el nombre de los dueños reales de las empresas representa una de las herramientas más útiles para luchar contra la Gran Corrupción y reducir la impunidad en casos de desfalco a los patrimonios públicos.
La investigación fue posible gracias al acceso a series de datos publicados por el gobierno de Francia, un país que suele ser buscado por los capitales sucios dada la gran cantidad de propiedades de lujo que posee.
Aunque el país ha avanzado en dar acceso a los registros de propiedad aún queda un largo camino por recorrer para que la información de interés público esté disponible.
Como complemento a la investigación, Transparencia Internacional Francia, Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción realizó un análisis de los registros disponibles sobre las empresas y los bienes raíces en ese país, que permitió concluir que más de 1,5 millones de personas jurídicas “no han declarado quién posee y se beneficia de ellas, a pesar de estar obligadas a hacerlo desde 2017”.
Las organizaciones advirtieron que los datos incompletos sobre los beneficiarios finales y los vacíos legales “están creando un muro de ladrillos” que impide que la sociedad civil rastree el destino del dinero ilícito en propiedades francesas.
¿Quién investiga a El Troudi?
En la base de datos construida por OCCRP y Armando.info sobre las propiedades en Francia figura la familia política del exministro de Transporte venezolano, Haiman El Troudi. Entre 2012 y 2016, dos empresas recién creadas y a nombre de la suegra y del cuñado del exministro, Elita Del Valle Zacarías Díaz y Pedro Donaciano Baptista Zacarías respectivamente, compraron tres apartamentos en una zona lujosa de Paris, que suman un total de 5,5 millones de euros.
La investigación periodística refiere que la empresa Santa Elena Estates INC, constituida en la isla San Cristóbal y Nieves el 24 de abril de 2012, compró en julio de ese mismo año dos apartamentos: uno por 1,2 millones de euros y otro por 2,3 millones de euros.
El primero fue vendido en noviembre de 2022 por 966.000 euros. El tercer apartamento lo adquirió Saint Mathis 238 por 2 millones de euros en el mismo mes en que se constituyó como empresa en Francia, julio de 2016.
Para llegar a esta última compra, un empresario venezolano intervino. Se trata de Domingo Amaro Rangel, quien desde el año 2000 ha estado relacionado con más de 30 empresas ubicadas en Venezuela y Panamá.
De acuerdo con OCCRP y Armando.info, Amaro Rangel cedió la opción de compraventa a los familiares de El Troudi a través de una “cláusula de sustitución” debido a que Zacarías Díaz “buscaba con urgencia un lugar para ubicar en París a un familiar que recibiría atención médica”.
La suegra y la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías, son viejas conocidas.
En 2017, Suiza congeló más de 40 millones de dólares relacionados con ambas y, aunque envió las pruebas a la Fiscalía venezolana, a cargo de Luisa Ortega Díaz, y fueron citadas en calidad de imputadas, la investigación fue cerrada por orden de un tribunal que consideró nula e improcedente cualquier medida solicitada en perjuicio de ambas y de El Troudi.
Este seguimiento por parte del Ministerio Público estaba basado en la supuesta vinculación de estas cuentas bancarias con la empresa brasileña Odebrecht y las coimas que presuntamente la constructora pagó en el momento en el que El Troudi ocupaba la presidencia del Metro de Caracas (2010-2015) y el Metro Los Teques (2010-2014), y era ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas (2013-2015).
Durante su gestión, el exfuncionario usó documentos complementarios para modificar los montos en los contratos de obras como Metro Caracas-Guarenas-Guatire, Línea 5 del Metro de Caracas, Línea 2 del Metro Los Teques y Metrocable Mariche-La Dolorita.
La participación de Odebrecht en Venezuela significó millones de dólares del país comprometidos, obras inconclusas, presuntos pagos de sobornos para obtener contratos a dedo, impunidad y un silencio por parte de las autoridades que, hasta la fecha, no han abierto la primera investigación para determinar responsabilidades en este caso.
San Bartolomé para un operador financiero
Luis Alfonso Oberto Anselmi es el otro venezolano relacionado con propiedades en jurisdicción francesa. Según la investigación periodística, a través de dos sociedades, Bucefalus creada en 2008 y Ganesha en 2012, el empresario compró varias propiedades en la isla San Bartolomé valoradas en poco más de 31 millones de dólares.
No obstante, en 2022 fueron confiscadas, luego de que la justicia de Francia abriera una investigación en su contra por detectar operaciones financieras sospechosas que hacía desde cuentas en el banco suizo CBH, correspondientes a las empresas Violet Advisors S.A. y Welka Holdings Limited, para financiar las propiedades en la isla.
“Ambas empresas están directamente conectadas con un escandaloso caso de corrupción en la estatal Pdvsa”, recuerda Armando.info.
Esta no es la única investigación en contra de Oberto Anselmi. Venezuela lo señala de participar en una trama de corrupción que implicaba dar supuestos créditos a Pdvsa y que comprometió 4.850 millones de dólares durante la gestión de Rafael Ramírez.
Se conoció que Estados Unidos envió un exhorto a Suiza con el propósito de obtener información sobre Oberto Anselmi, debido a un proceso de investigación que llevan las autoridades de ese país referente al desvío de activos pertenecientes a Pdvsa.
Oberto Anselmi ha estado vinculado con al menos 11 empresas ubicadas en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y San Vicente y Las Granadinas.
Como ha quedado en evidencia, una de las formas de esconder el origen de los fondos ilícitos es comprando bienes.
En Transparencia Venezuela hemos identificado más de 350 bienes que han sido incautados por parte de Estados Unidos por estar relacionados con casos de corrupción venezolana, que van desde relojes, vehículos, yates, oro, hasta caballos y dinero en efectivo.
Investigación «Panamá Papers»
Según las filtraciones de base de datos de empresas offshore, Domingo Amaro Rangel junto a Samuel Levu Duer y Mauricio Andarcia conforman una trilogía de empresas, las cuales según investigaciones oficiales son utilizadas deliberadamente para lavar activos.
Otros implicados
Así como también se sospecha de FVI Fondo de Valores Inmobiliarios SACA, la cual es una empresa con sede en Venezuela dedicada principalmente al desarrollo, adquisición, venta y arrendamiento de propiedades inmobiliarias. Además, a través de sus filiales, participa activamente en la promoción y gestión de instalaciones recreativas y de entretenimiento, locales comerciales, centros comerciales y estacionamientos, así como en la operación de franquicias.
Al 30 de septiembre de 2012, la Compañía tenía participaciones menores en el Grupo Aguasal Litoral.
En dicha empresa, participan, Luis Emilio Velutini Urbina, Tulio Guillermo Chacon Carmona, Jose Vicente Melo Lopez, Luis Andres Guerrero, Luis Delgado Lugo, Alvar Nelson Ortiz, Horacio Velutini Sosa, Carlos Acosta Lopez, Luis Garcia Montoya y Alejandro Petit Mena.
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