Algo no cuadra en el convenio petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.
Delcy Rodríguez asegura que durará 25 años, pero Reuters informó sobre derechos por 100 años para explotar 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana establece un máximo de 25 años, prorrogable por otros 15. El límite legal sería de 40 años, no 100. Además, el artículo 12 de la Constitución declara los yacimientos propiedad inalienable e imprescriptible de la República.
La comparación internacional resulta inevitable.
Después de la invasión de Irak, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1483 de 2003. Los ingresos petroleros iraquíes fueron depositados en un fondo administrado bajo la autoridad ocupante, aunque formalmente debían utilizarse en beneficio del pueblo iraquí y estaban sujetos a supervisión internacional.
Hoy se plantea que los ingresos petroleros venezolanos sean depositados en cuentas controladas desde Estados Unidos. No es la misma situación jurídica: sobre Irak existía una resolución del Consejo de Seguridad y un mecanismo internacional de vigilancia. En el caso venezolano hablamos de un acuerdo bilateral negociado con escasa transparencia y cuyo texto completo continúa sin publicarse.
La semejanza está en el mecanismo: se reconoce formalmente que el petróleo pertenece al país, mientras actores externos adquieren control determinante sobre su producción, comercialización y dinero.
Esto también choca con la Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la soberanía permanente de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales, cuyo aprovechamiento debe realizarse en beneficio del desarrollo nacional y de la población.
En medio de la guerra contra Irán y del riesgo sobre el estrecho de Ormuz, Venezuela representa para Washington un seguro energético cercano, abundante y estratégicamente controlable. Estados Unidos reduciría su dependencia de Oriente Medio y desplazaría a China, Rusia e Irán del petróleo venezolano.
Venezuela necesita inversión, pero no puede negociar su principal riqueza entre sombras.
La exigencia es elemental: publiquen el contrato completo. Que expliquen su duración, beneficiarios, regalías, administración de ingresos y mecanismos de control.
Porque cuando una potencia extranjera controla el petróleo, sus compradores y el dinero producido, la soberanía puede continuar escrita en la Constitución mientras desaparece en la práctica.
Juan Carlos Lozano
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