El 27 de mayo de 2026, durante el Consejo de Ministros, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó dos decretos que marcan un punto de inflexión en la arquitectura institucional del chavismo post-Maduro. Designó a Héctor Rodríguez (vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro de Educación) como Comisionado Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional. Junto a Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación, deberá presentar en noventa días un plan integral para rediseñar el aparato estatal.
En paralelo, nombró a Anabel Pereira, ministra de Economía y Finanzas, como comisionada para la gestión eficiente. El objetivo declarado: adaptar el Ejecutivo a la «nueva realidad» de Venezuela, un país que, según Rodríguez, «renace desde su identidad y su historia libertadora».
Esta iniciativa trasciende la operación técnica. En la ciencia política, las reformas administrativas en gestiones con marcadas limitaciones, rara vez se agotan en la eficiencia burocrática. En este orden, suelen ser, antes que nada, instrumentos de poder.
La presidente Delcy Rodríguez enfrenta un doble desafío:
preservar la cohesión del chavismo y proyectar una imagen de renovación pragmática ante la comunidad internacional.
La reingeniería gubernamental se configura, entonces, como respuesta estratégica a ambas presiones.
Héctor Rodríguez, para la mirada de la presidente , pareciera ser la persona indicada para esta tarea que, de entrada, traería un costo político complejo. Abogado de formación, exgobernador del estado Miranda y figura de lealtad probada al proyecto bolivariano, combina arraigo territorial con capacidad de movilización de bases populares.
Su designación no es casual: consolida el control sobre las políticas sociales (núcleo del discurso chavista), dirige un movimiento político que se llama Futuro y concentra en un círculo de confianza la tarea de rediseñar ministerios, vicepresidencias y flujos de decisión. En términos de lógica del poder, se trata de una centralización selectiva.
Al encomendar la reestructuración a un cuadro orgánico del PSUV, Rodríguez evita que el proceso derive hacia sectores más críticos o técnicos ajenos al núcleo duro, y envía simultáneamente una señal de continuidad ideológica.
El plazo de noventa días es ambicioso, pero también da una connotación de premura. Denota urgencia: el Gobierno enfrenta sanciones residuales, una economía aún frágil y cuestionamientos por parte de su propio sector (universo de izquierda). La comisión paralela de Anabel Pereira, orientada a la «gestión eficiente», apunta a una racionalización financiera y administrativa que podría contemplar fusiones de entes, simplificación de trámites y mayor coordinación intergubernamental.
Desde la perspectiva de la política comparada, este tipo de reingeniería evoca experiencias latinoamericanas en las que la «modernización del Estado» sirvió tanto para ampliar la capacidad estatal como para afianzar el control político. En el caso venezolano, el énfasis en «adaptarse a la nueva realidad» entrelaza pragmatismo económico con retórica bolivariana cada vez más dejada en segundo plano.
La verdadera prueba, sin embargo, estará en la implementación. ¿Implicará la reestructuración una desconcentración efectiva del poder o, por el contrario, una recentralización que fortalezca al Ejecutivo frente a gobernaciones y alcaldías de signo opositor? ¿Producirá mayor transparencia institucional o una burocracia más ágil pero igualmente vertical? La designación de cuadros como Héctor Rodríguez y Anabel Pereira, con trayectorias de lealtad inequívoca, sugiere que la lógica del poder prevalece sobre la lógica gerencial. Delcy Rodríguez, primera mujer en ejercer la Presidencia, aun en condición de encargada, busca legitimarse como artífice de un chavismo «renovado pero fiel a sus raíces».
La reingeniería gubernamental es, en ese sentido, un ejercicio de supervivencia adaptativa: modernizar las formas sin alterar sustancialmente el fondo del sistema de poder.
Un elemento clave que ya se perfila en esta reingeniería es la reforma orientada a la privatización parcial del sector eléctrico. Dentro del plan que Héctor Rodríguez y Ricardo Menéndez deben entregar en noventa días, se anticipa la apertura controlada de Corpoelec a inversión privada nacional e internacional, con el argumento de resolver la crisis crónica de generación, transmisión y distribución que ha paralizado industrias, hospitales y hogares durante años.
La medida se presenta como un “pragmatismo necesario” para atraer capitales, modernizar infraestructura obsoleta y mejorar la confiabilidad del servicio. Sin embargo, desde la lógica del poder, esta privatización selectiva no implicaría una renuncia al control estatal: el Ejecutivo mantendría, al menos eso se esperaría, la regulación estratégica, la fijación de tarifas y la propiedad de los activos clave (represas y redes troncales), mientras delega la operación y mantenimiento a operadores privados aliados o a consorcios con participación minoritaria del Estado. De esta manera, la reforma del sector eléctrico se convierte en un instrumento dual: por un lado, envía una señal de apertura económica a inversores y organismos internacionales, por el otro, permite al chavismo reconvertir un sector estratégico en fuente de nuevos pactos clientelares y de lealtades económicas, sin ceder el núcleo del poder.
Esto, teniendo de fondo el reconocimiento de que el sector oficial no podría por sí solo, sin inversión privada, rescatar el sector eléctrico que hoy en día limita el crecimiento económico, petrolero y la calidad de vida del venezolano.
En un contexto de tutelaje declarado por parte de EE.UU., donde el chavismo navega entre la presión externa y las demandas internas, esta reforma del Estado revela más sobre la naturaleza del poder que sobre la eficiencia administrativa.
Héctor Rodríguez y su equipo no solo rediseñan organigramas: reconfiguran los cimientos de la gobernabilidad que apunta a gestiones autónomas, es decir, al ejercicio administrativo post – tutelaje. El éxito o el fracaso de esta iniciativa determinará si Delcy Rodríguez logra consolidar un nuevo equilibrio entre continuidad revolucionaria y adaptación pragmática.
Politólogo, Jesús Castillo Molleda.
@castimolleda
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