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Opinión

Prácticas impropias de la administración de justicia Por Robert Alvarado

 “Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor.” Francisco de Quevedo

Esta frase de Quevedo no es gratuita, entraña una realidad inseparable del sistema judicial venezolano en el devenir de este siglo, siendo normal que en los tribunales se erijan en vencedores quienes se hacen acompañar de Benjamin Franklin, Ulysses S. Grant, Andrew Jackson y Alexander Hamilton, los dos primeros, por las denominaciones de los billetes en que aparecen, suelen engrosar el peculio de jueces y magistrados, inspectores de tribunales y fiscales del Ministerio Público, mientras los dos últimos, quedan en el camino, en mano de alguaciles, secretarias y otros bajos funcionarios judiciales, pa´ los frescos, una bendición. Si algo hacen ver esos personajes ligados al cono monetario de EEUU, es la baja ralea de la fauna judicial a la que pertenece, entre tantos otros, el juez superior Pedro Rafael Solórzano Martínez, que por su servilismo recibió como gratificación el Apartamento 7A, en el Piso 7 del Edificio Misti, ubicado en la 4ta. Transversal de la Urbanización Calicanto, Girardot (Maracay), Aragua, de manos del profesor de la UBA que se lo compró a Hilda Martínez.

La falta de acceso a la justicia, resultado de esas prácticas impropias de la administración de justicia, irrebatibles en esta tierra de gracia, hace que los afectados, los vencidos, recurran a los medios, a las redes, a denunciar, a increpar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a dejar al descubierto la falta de ética en magistrados del TSJ, jueces y fiscales, un tema difícil de abordar, pero inagotable por lo prolífico que son los operadores de justicia en generar situaciones reprochables, éticamente hablando. Los honestos, que también los hay, guardan silencio, pero aportan información valiosa de los vicios y decisiones injustas que se dictan en los tribunales, algo que un alguacil, en condición de anonimato, sintetizó en la siguiente frase: “Los acusados guardan silencio, pero las conciencias de los honestos hablan”. Dos casos en materia penal, de esos llamados emblemáticos en una circunscripción judicial en la que la corrupción e impunidad campean, comandada por un “comandante”, valga la redundancia, le permitirán amigo lector llegar a la conclusión de que no exagero.

En una Carta Pública, fechada en Maracay, el  18 de abril de 2023, el abogado Luis Aguilera, manifiesta: “Ciudadano Fiscal General de la Republica, Tarek William Saab, ante la inacción de la Fiscalía General del Ministerio Publico, me veo obligado a escribirle y hacer público las innumerables irregularidades cometidas por el poder judicial bajo la complicidad de la institución que usted preside.” A continuación describe circunstancias que ilustran la baja ralea de los funcionarios judiciales involucrados, que transcribo textualmente por su pertinencia al respecto:

“El hijo de mi patrocinado Ignacio Landaeta, cuyo nombre omito por su minoría de edad (17 años), fue ajusticiado el 29 de diciembre de 1.996 por funcionarios de la policía del estado Aragua, (expediente de la fiscalía N°. MP-05F15-0615-11) como un acto de venganza contra su padre al haberse atrevido a denunciar la ejecución extrajudicial de su otro hijo mayor de edad, Higmar Landaeta, cuyo expediente fue extraviado en la corte de apelación del circuito judicial penal del estado Aragua.”

Usted, amigo lector, pudiera decir que esto es viejo, pero está más vigente que nunca:

“El expediente del menor ha recorrido siete de ocho tribunales de juicio que existen en el estado Aragua, sin que a la fecha haya pasado de la fase de juicio, mientras que los procesados continúan laborando en el mismo cuerpo policial, recibiendo cada año condecoraciones y ascensos.

En la actualidad, conoce del caso el tribunal octavo de juicio, nomenclatura 8J-0210-22, en el cual se ha diferido el debate oral en tres ocasiones: en la primera oportunidad por inasistencia de los procesados, en las siguientes dos fechas la defensa privada no compareció y en ninguna de las tres convocatorias asistió el fiscal dieciséis del estado Aragua, Carlos Acacio.”

Para finalizar, luego de realizar un ejercicio semántico, partiendo de la conceptualización del término corrupción, el litigante increpa al Fiscal General: “Al respecto le pregunto: ¿o es que 26 años y 3 meses de espera por el esclarecimiento de los hechos y la condena de los tres autores materiales de la ejecución extrajudicial del menor, no lo considera usted como un acto de corrupción? Pues pareciera que no, debido a que el silencio institucional así lo demuestra”.

Se habla de la circunscripción judicial del estado Aragua, particularmente del circuito judicial penal comandado por el comandante Abello, donde, como se aprecia, retrasan ciertos juicios, pero otros los aceleran, aperturándolos a la “machimberra”, así lo hizo por estos días una jueza de nombre Carmen Zenahir Rodríguez, un exabrupto que contó con la anuencia de todos los jueces superiores del circuito de violencia, Alfonzo Elías Caraballo Caraballo, Mirla Bianexis Malavé Sáez y Yelitza Coromoto Acacio Carmona, por supuesto, también contó con la aprobación del juez superior Pedro Rafael Solórzano Martínez, ya que en ese caso, de una supuesta víctima que ahora hace proselitismo en el Palacio de Justicia, tiene fuertes intereses el profesor de la Universidad Bicentenaria de Aragua que le regaló el apartamento a Solorzano, obvio, de a gratis no fue.

Hablando de hijos, menores de edad, los jueces superiores Alfonzo Elías Caraballo Caraballo, Mirla Bianexis Malavé Sáez, Yelitza Coromoto Acacio Carmona, especialmente Pedro Rafael Solórzano Martínez, a sabiendas de que ese catedrático de la UBA, ayudado de su progenitor, secuestró al hijo del empresario a quien Carmen Zenahir Rodríguez le aperturó juicio sin tener elementos para ello, hacen a un lado un cúmulo de decisiones judiciales para seguir favoreciendo en los estrados tanto al profesor que le debe a cada santo una vela como a su esposa, quien junto a su madre homónima ha hecho de sus pretensiones judiciales un medio para afligir y arruinar a dicho empresario, asimismo para obtener su permanencia en EEUU, algo que han venido cristalizando gracias a la corrupción que caracteriza a ciertos magistrados del TSJ y a todos los jueces que laboran en el circuito de violencia contra la mujer del estado Aragua y que como el mono, bailan por la plata, y por la plata se hacen los ciegos, mudos y sordos, como Shakira, para facturar al igual que ella a cambio de obviar agravantes de la conducta dolosa contra la administración de justicia del profesor, su esposa, su suegra y amigos suyos sumados a los subterfugios legales y triquiñuelas que hasta ahora los han hecho vencedores en los estrados con cabras judiciales.

Veamos cuáles son esos agravantes, el niño secuestrado por el director del “escritorio jurídico Pérez & asociados Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)”, o sea, el profesor de la UBA, para el momento que él lo secuestra, lo saca del país e ingresa a EEUU valiéndose de una partida de nacimiento chimba expedida en la oficina pública donde trabajaba la suegra, ese niño de cuatro años de edad, nacido el 18/08/2012, tenía Medida de prohibición de salida del país y Retención de Pasaporte, acordada el 09/08/2017, en el Asunto: DH13-X-2017-000208, por la Abg. Ledis Silva, Juez Séptimo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua-sede Maracay, y esta juez notificó de la doble medida al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a la Dirección de Migración Zonas Fronterizas, al Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre y Aduanero y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. De entrada, el profesor incurrió en un cúmulo de delitos, además de secuestrar al niño, se lo llevó por los caminos verdes al exterior y lo ingresó en territorio extranjero con documentación falsa, una partida de nacimiento forjada por la suegra, en la cual figura sólo el apellido de la progenitora, cual madre soltera. Tremendo catedrático y de Derecho, de la UBA, que también se pasó por el arco del triunfo una decisión no menos importante, un Tribunal de la República, dicho así, lacónicamente, otorgó la custodia del niño al padre. Saquen ustedes conclusiones.

Visto así, el niño secuestrado está con unos delincuentes, lo indica la lógica criminal, igualmente las decisiones judiciales expuestas. Los delincuentes, el profesor y su esposa, ah, también la suegra, es obvio que se han burlado y se siguen burlando del sistema de justicia venezolano y americano con las acciones promovidas por ellos tanto aquí en el país como en EEUU, donde aducen argumentos validados por magistrados (as) y jueces venezolanos que, como el mono, bailan por la plata y los regalitos que le hacen llegar el director del “escritorio jurídico Pérez & asociados Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)” y su esposa, “una adultera convicta y confesa”, según algunos de sus ex compañeros de clase en la UBA. A decir verdad, el apartamento que le dieron al juez superior Pedro Rafael Solórzano Martínez en el edificio Misti, más bien es un “regalote”, tan es así, que los otros jueces, comenzando por Alfonzo Elías Caraballo Caraballo, Mirla Bianexis Malavé Sáez y Yelitza Coromoto Acacio Carmona, desde la revelación de esa prebenda se han empezado a quejar de lo poco que reciben, en lugar de pedir una investigación en contra de Pedro Solórzano, como debe ser. Oído Doctora Gladys Requena, no deje que la engañen otra vez en el circuito de violencia de Aragua, como ya lo hizo una vez Alfonzo Elías Caraballo Caraballo. ¡Actúe, Inspectora General de Tribunales! Lo anterior, de los regalitos y el regalote, puede sonar jocoso, sin embargo, usted no negará, amigo lector, que denota la gravedad del problema de la corrupción en el ámbito judicial venezolano, en especial, en la tierra que el Benemérito hizo suya.

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