Al referirse a la integridad y al honor personal, George Washington expresó: «Espero poseer la firmeza y la virtud suficientes para conservar lo que considero el más envidiable de todos los títulos: el carácter de un hombre honesto».
¡VENEZUELA, LA CASA DE EMPEÑO DE UNA ESTRUCTURA CRIMINAL!
Vi apenas una parte de una interesante entrevista realizada por Sergio Novelli. No necesité verla durante mucho tiempo porque, cuando los hechos han destrozado la confianza, de nada sirve la gimnasia del verbo.
La política es cumplimiento. Todo lo demás es publicidad con una bandera de fondo. El poder de la palabra ya no arrastra multitudes ni merece aplausos cuando las acciones gritan, en el idioma brutal de la tragedia, todo lo que está padeciendo nuestra gente. El discurso puede presentarse vestido de traje y corbata; los hechos, en cambio, siempre terminan llegando sin maquillaje.
No tenemos salvadores. Culpable, en cambio, sí hay uno: el chavismo. Lo demás son consecuencias repartidas entre una nación agotada, una dirigencia fragmentada y una comunidad internacional que, como resulta natural, protege primero sus propios intereses.
Cada quien busca su beneficio, nos guste o no reconocerlo.
Los países no tienen amigos eternos ni enemigos permanentes: tienen intereses. Las empresas tampoco son instituciones de caridad y los gobiernos extranjeros no administran sus recursos pensando primero en las necesidades venezolanas.
Eso no debería sorprendernos.
Lo verdaderamente escandaloso no es que otros defiendan sus intereses, sino que quienes hablan en nombre de Venezuela parezcan incapaces de defender los nuestros.
En la política internacional, la caridad casi nunca se sienta en la mesa de negociación; y, cuando se sienta,generalmente pregunta quién pagará la cuenta. Hoy Venezuela se parece a un padre desesperado que entra en una casa de empeño con su hijo enfermo y un reloj de oro en la mano. Quien está detrás del mostrador no observa el verdadero valor del reloj: mira la angustia en los ojos del padre. No le ofrece lo que vale en el mercado, sino lo mínimo que su desesperación lo obligará a aceptar.
En las casas de empeño de la geopolítica, la necesidad del débil siempre se convierte en el descuento del fuerte. Pero nuestra tragedia es todavía más perversa: Venezuela es, al mismo tiempo, el padre desesperado, el reloj de oro y la casa de empeño. El pueblo representa al padre; nuestras riquezas son el reloj, y la estructura criminal controla el mostrador, firma los recibos y decide cuánto vale el futuro de todos nosotros.
La patria entra en esa casa de empeño con petróleo, oro, gas y minerales, pero sale con un pequeño recibo de cartón donde alguien escribió: «Renovación automática del sufrimiento».
Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y los Generales corruptos saben perfectamente que no existe una salida democrática que les permita abandonar el poder sin enfrentar la justicia. No tienen incentivos para desprenderse voluntariamente del único instrumento que los protege: el control del Estado.
Sin embargo, miran por la ventana de sus despachos y se saben dueños dictatoriales de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Ellos no ven una nación: ven un inventario.No observan escuelas destruidas, hospitales sin recursos, jubilados condenados a la miseria, familias separadas ni millones de venezolanos dispersos por el planeta. Ven pozos petroleros, minas, puertos, contratos, concesiones y posibilidades de supervivencia política.
En la contabilidad del régimen, el sufrimiento humano aparece en la letra pequeña; los barriles de petróleo, en cambio, ocupan la portada. Ese petróleo es su escudo, su moneda de negociación, su salvoconducto y su garantía. No les pertenece, pero lo administran como si lo hubieran recibido en herencia mediante un testamento firmado por Simón Bolívar y todos nuestros próceres libertadores.
Hasta un usurero con cierta decencia empeña lo suyo. Ellos, en cambio, están empeñando el patrimonio de tus hijos, de tus nietos y hasta de generaciones de venezolanos que todavía no han nacido.
No están negociando su rendición: están alquilando su permanencia en el poder con bienes que pertenecen a toda la nación.
Esa es la perversidad central del negocio.
Cada barril, cada contrato y cada concesión pueden convertirse en días adicionales de supervivencia política. El verdadero beneficio de la estructura criminal no siempre se calcula en dólares: también se mide en tiempo. Tiempo para reorganizarse, dividir a sus adversarios, disminuir la presión internacional, fabricar nuevas narrativas y transformar una concesión temporal en otro capítulo permanente de la dictadura. Olviden por un momento la pelea contable alrededor del barril. El precio, el margen de ganancia, las condiciones de explotación y la distribución de los beneficios forman parte de acuerdos que cualquier gobierno sensato deberá revisar, auditar y, cuando corresponda conforme al derecho, renegociar desde sus primeras decisiones presidenciales.
Porque aquí no basta con preguntar cuánto cuesta un barril.
También debemos preguntar quién firma, con qué autoridad lo hace, durante cuánto tiempo compromete los recursos nacionales, quiénes actúan como intermediarios, cuánto reciben por sus servicios, dónde se deposita el dinero, qué porcentaje llega realmente al país y cuáles obligaciones heredará un futuro gobierno democrático.
Esa es la auditoría que Venezuela necesita y que muchos parecen interesados en evitar.
Primero, debe realizarse una auditoría de legitimidad. ¿Quién autorizó esos acuerdos? ¿Qué mandato popular poseen quienes comprometen el patrimonio nacional? ¿Qué institución independiente los supervisa? ¿Fueron sometidos a algún control constitucional o simplemente nacieron de una conversación privada entre funcionarios, empresarios e intermediarios?
La propiedad pública no puede administrarse como una bodega familiar donde el dueño abre la caja registradora, cuenta el dinero y luego nos pide confianza porque perdió la factura.
Segundo, hace falta una auditoría patrimonia. ¿Cuál es el valor verdadero de lo entregado? ¿Cuánto pierde Venezuela mediante descuentos, comisiones, condiciones preferenciales o contratos negociados bajo la desesperación? ¿Quiénes son los beneficiarios finales? ¿Cuánto recibirán los intermediarios que descubrieron, milagrosamente, su amor por Venezuela justamente cuando comenzaron a oler petróleo? La solidaridad internacional puede ser muy conmovedora, especialmente cuando viene acompañada de una comisión bancaria.
Tercero, necesitamos una auditoría política.
¿Qué recibe inmediatamente la estructura criminal y qué entrega a cambio? Si el régimen obtiene dinero,reconocimiento, oxígeno financiero y tiempo presente, mientras promete para mañana elecciones, garantías o respeto constitucional, no estamos frente a un acuerdo equilibrado.
Estamos pagando por adelantado la palabra de quienes han convertido el incumplimiento en política de Estado.
Una promesa futura no puede tener el mismo valor que un beneficio económico recibido hoy. Mucho menos cuando quien promete posee un extenso historial de diálogos utilizados para ganar tiempo, dividir a la oposición y reducir la presión internacional.
Si una parte recibe el dinero de inmediato y la otra recibe una promesa sin fecha, sin verificación y sin consecuencias, eso no se llama negociación. En cualquier barrio venezolano tiene un nombre mucho más sencillo: estafa.
Cuarto, debe existir una auditoría institucional.
Todo acuerdo necesita condiciones públicas, fechas precisas, mecanismos independientes de verificación y consecuencias automáticas ante el incumplimiento. Sin esos elementos, el documento puede tener sellos, firmas y fotografías diplomáticas, pero continúa siendo una servilleta elegante.
La buena fe no puede sustituir los controles.
Confiar sin verificar no es diplomacia: es ingenuidad protocolaria.
Y quinto, Venezuela necesita una auditoría moral.
¿Cuántos hospitales, escuelas, carreteras, salarios, pensiones y servicios públicos representa cada concesión entregada por debajo de su verdadero valor? ¿Cuánto cuesta mantener en el poder a una estructura que utiliza las riquezas nacionales como garantía de su propia impunidad?
No todo puede medirse en barriles. También deben contabilizarse las vidas destruidas, los hogares separados, los niños que crecieron lejos de sus padres, los profesionales obligados a emigrar y los ancianos que murieron esperando volver a abrazar a sus hijos. El petróleo puede recuperarse. El tiempo robado a una familia, jamás.
El problema no es que existan tiburones capaces de aprovecharse de la desesperación venezolana. Los tiburones no se convierten en vegetarianos por delicadeza diplomática. El verdadero problema es que, del lado que debería proteger nuestros intereses, aparecen operadores raquíticos de carácter, huérfanos de patriotismo y extraordinariamente dotados para justificar su propia cobardía.
Confunden negociación con capitulación, prudencia con parálisis y realismo con resignación.
Después se presentan ante el país con rostro solemne para explicarnos que entregar ventajas era inevitable, que guardar silencio era estratégico y que aceptar otra prórroga constituía una brillante maniobra política. En Venezuela, cada derrota de la falsa oposición viene acompañada de una conferencia donde alguien explica por qué, en realidad, fue una victoria. La Asamblea Nacional elegida en 2015 y muchos de quienes todavía hablan en su nombre les extienden la alfombra roja a los mismos personajes que destruyeron la institucionalidad. Luego pretenden vendernos la narrativa de que Delcy, Diosdado y Jorge actuarán de buena voluntad. Como si quienes han pasado tantos años pisoteando la Constitución pudieran despertar mañana padeciendo un súbito ataque de honestidad.
La legitimidad otorgada por los ciudadanos no puede transformarse en una concesión vitalicia. Un mandato popular no es un título nobiliario ni una franquicia política que pueda heredarse, alquilarse o utilizarse indefinidamente para negociar en nombre de un país.
La Asamblea Nacional de 2015 nació de una decisión ciudadana. Por eso mismo, quienes todavía invocan aquella legitimidad tienen la obligación moral de explicar qué hicieron con ella, qué resultados consiguieron y por qué pretenden seguir administrándola casi once años después.
También ellos deben rendir cuentas.
La democracia no consiste únicamente en exigir transparencia al enemigo. Quien afirma representar a los ciudadanos debe comenzar por explicar sus propios actos, decisiones, silencios, acuerdos y fracasos.
¿Qué más debe hacer la estructura criminal para que el mundo entienda que dialogar sin condiciones verificables solo produce incumplimiento, engaño y falsedad?
Cada nueva mesa de diálogo termina sirviendo el mismo banquete: el régimen gana tiempo, algunos intermediarios ganan relevancia, la falsa oposición gana fotografías y el pueblo venezolano, como siempre, termina siendo el plato principal. Nos hablan de pasar la página, pero nadie pregunta quién escribió la página anterior, quién la manchó de sangre, quién arrancó sus párrafos y quién pretende ahora esconderla debajo de la mesa. No vamos a pasar la página.
Pasar la página sin verdad ni justicia no es reconciliación: es encubrimiento. La justicia no significa venganza, pero la impunidad tampoco significa paz. Una verdadera transición debe establecer responsabilidades individuales, reparar a las víctimas y garantizar que aquello que destruyó al país no vuelva a repetirse con otro uniforme, otro nombre o una nueva campaña publicitaria.
No puede exigírseles a las víctimas que olviden para facilitarles la jubilación política a sus verdugos.
Tenemos casi tres décadas tolerando la ofensa, poniendo la otra mejilla tantas veces que ya casi no nos queda rostro y elaborando solemnes discursos estratégicos cuando, políticamente, no tenemos una verdadera herramienta de presión en las manos.
Hemos convertido la paciencia en un deporte nacional, la ingenuidad en una doctrina política y el fracaso en una especialidad académica.
Cada vez que la estructura criminal incumple, aparece algún especialista recomendándonos más paciencia. Siempre debemos esperar seis meses, un año, otra elección, una nueva negociación o la llegada de mejores condiciones. El único calendario que nunca se detiene es el de quienes continúan enriqueciéndose mientras Venezuela envejece en la sala de espera. Eso no es una estrategia: es anestesia.
Somos ese 85 % del país encerrado en una jaula y vigilado por los carceleros de nuestra propia riqueza. Nadie los eligió, pero se nombraron custodios del botín. Tampoco tienen moral; esa, seguramente, fue la primera cosa que empeñaron.
Aquí existen dos visiones claramente enfrentadas.
La primera consiste en sentarnos a esperar que quienes le robaron la vida a toda una generación decidan, por un milagroso arrebato de constitucionalidad, cumplir lo establecido en la Carta Magna, atendiendo las súplicas de una Asamblea Nacional elegida en 2015.
La segunda consiste en enfrentarlos desde el poder que verdaderamente se ejerce cuando se busca la libertad: el poder de la organización ciudadana, la legitimidad popular, la denuncia documentada, la presión internacional, la unidad con propósitos claros y la exigencia de consecuencias reales ante cada incumplimiento.
Porque la libertad no se mendiga ante el carcelero ni se negocia eternamente con quien conserva las llaves de la celda.
Si alguien está dispuesto a tomar ese control para devolverle la libertad al país, que levante la mano. Pero que no la levante para pedir otra prórroga, convocar otra mesa de diálogo o tomarse otra fotografía mientras Venezuela continúa hipotecada.
Espero que María Corina Machado siga firme, hasta el final.
El 28 de julio no puede convertirse en una fecha decorativa, en una consigna envejecida ni en otro recuerdo archivado por conveniencia. Representa la voluntad de un pueblo que decidió expresarse a pesar de las amenazas, los obstáculos y el miedo.
Gane o pierda, no me bajo del barco del 28 de julio para subirme al crucero de utilería donde el chavismo y la falsa oposición comparten camarote, brindan por la convivencia y pretenden cobrarle el pasaje al mismo pueblo que dejaron abandonado en la orilla. Prefiero resistir la tormenta con mis convicciones intactas que llegar a puerto convertido en cómplice. Venezuela no necesita otro administrador para su casa de empeño. Necesita recuperar el reloj, cerrar el negocio y sentar ante la justicia a quienes hipotecaron el futuro de una nación entera. Porque no se trata de pasar la página. Se trata de impedir que quienes incendiaron el libro pretendan escribir el final, firmarlo como autores de la paz y cobrarnos, además, el precio de la nueva edición.
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