Thomas Jefferson vinculó la legitimidad del gobierno con los derechos inalienables y el consentimiento de los gobernados, es decir; del PUEBLO. La Declaración de Independencia estadounidense de 1776, de la que fue su principal redactor, lo expresó al afirmar que los gobiernos «derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados».
Jefferson también utilizó la expresión «Imperio de la Libertad» para imaginar una unión republicana en expansión. Aquella idea no incluía ambiciones territoriales y debe leerse con sus contradicciones históricas. Pero el principio que aquí interesa sigue siendo claro: el poder necesita el consentimiento de quienes estarán sometidos a sus decisiones.
De ese principio nace la pregunta de esta columna: ¿Qué lugar ocupa el consentimiento de los venezolanos cuando se negocia el futuro de su principal riqueza?
¿UNA TRANSICIÓN PARA RESTAURAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA O UNA TRANSACCIÓN GROTESCA DE SUS RECURSOS Y SUS RIQUEZAS?
Hubo un momento en que quise creer que las palabras moral, ética y democracia todavía conservaban su significado en el libreto de esta llamada transición venezolana. Pero ciertas escenas obligan a abrir los ojos, aunque haya quienes prefieran mantenerlos cerrados para no interrumpir el aplauso.
Una de ellas fue la aparición de Alejandro Betancourt en una transmisión con Delcy Rodríguez, difundida el 23 de octubre, desde instalaciones petroleras del Estado Zulia Venezuela. Allí estaba también John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. El escenario incluía la macolla B-84 de Petrozamora. Petróleo, empresarios, representación diplomática y cámaras de televisión: todos los ingredientes para anunciar prosperidad.
Solo que a mí me faltaba el ingrediente principal: la certeza de que los venezolanos podrán decidir libremente quién gobierna y bajo qué condiciones se compromete su futuro.
Esto me hace pensar que no todo lo que la administración actual de los Estados Unidos está haciendo en la transición venezolana es correcto. A quien de verdad le importe la democracia le corresponde decirlo, aunque incomode a quienes esperábamos ver del lado de la libertad.
Porque, viendo semejante puesta en escena, uno termina preguntándose si estamos presenciando la restauración de una república o la presentación comercial de sus yacimientos. Cambiaron algunos saludos, apareció otro interlocutor y el vocabulario empresarial se acomodó frente al micrófono. La libertad, mientras tanto, sigue esperando que le den el pase.
Señalarlo y criticarlo no nos hace apátridas, traidores ni saboteadores. Nos recuerda, como pueblo, que nuestra dignidad también merece estar sentada en esa mesa. La amistad con Estados Unidos debería permitirnos hablar con franqueza y exigir coherencia a quienes invocan sus principios democráticos.
Todos queremos que la industria petrolera se levante. Todos queremos inversión, empleo, tecnología y recuperación económica. Pero, de verdad, ¿vamos a seguir aplaudiendo como focas cualquier decisión que la usurpadora de Delcy Rodriguez disponga con los intereses de Venezuela? Después de tantos años de obediencia impuesta, sería una desgracia acostumbrarnos a obedecer también cuando nos prometen libertad y menos aún democracia.
Alejandro Betancourt merece escrutinio por razones concretas. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha documentado las investigaciones en España y Suiza sobre blanqueo de capitales y sus vínculos empresariales con Derwick Associates. Otros reportajes han recogido denuncias de sobreprecios relacionadas con los contratos de la emergencia eléctrica. Betancourt niega irregularidades y, según la información publicada por Reuters, nunca ha sido acusado formalmente, a excepción de Suiza, pero Donald Trump le solicitó desestimar esa investigación.
Esa precisión debe quedar clara. La presunción de inocencia merece respeto; la selección de quienes participarán en negocios sobre recursos públicos exige explicaciones. Las investigaciones deben resolverse con pruebas, y las decisiones políticas deben someterse al escrutinio de los ciudadanos.
Al país que padeció el desastre eléctrico le corresponde preguntar por los antecedentes de sus nuevos protagonistas petroleros. Bastante hemos sufrido para que ahora nos pidan recibir cualquier presentación empresarial como si fuera un certificado de buena conducta expedido por la providencia divina de los Hermanos Rodriguez.
Y quienes han construido su discurso político denunciando el saqueo tienen una obligación adicional: explicar sus criterios con la misma energía cuando el personaje cuestionado aparece cerca de sus aliados. La indignación que depende del lugar donde se sienta el señalado termina pareciéndose demasiado a una reservación de restaurante.
Los términos anunciados merecen una discusión pública seria. El 31 de agosto, la Casa Blanca informó de concesiones de cien años para 17 campos petroleros a North American Blue Energy Partners, NABEP. También anunció una participación estadounidense del 35 % en la matriz de la empresa y el derecho a comprar, a costo de producción, el 20 % del petróleo de los campos operados por ella. Washington presenta este esquema como parte de su plan de estabilización, reconstrucción y transición democrática.
Son términos de enorme importancia. Exigen conocer los contratos, las obligaciones de inversión, el cálculo de los costos, las auditorías y el beneficio efectivo para la población Venezolana. Un comunicado promocional puede anunciar maravillas; las cuentas tienen que permitir comprobarlas.
Resulta admirable la facilidad con la que algunos encuentran fórmulas para comprometer operaciones por un siglo, mientras el derecho de los ciudadanos a elegir continúa sujeto a explicaciones sobre paciencia y preparación.
El 2 de septiembre, Trump sostuvo que Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones. Qué examen de madurez tan curioso: pareciera que el país alcanza la edad suficiente para comprometer su riqueza, pero necesita seguir en el pupitre cuando pregunta por las urnas.
El 28 de julio de 2024, los venezolanos demostraron su capacidad de organización electoral. El Centro Carter explicó que los testigos opositores reunieron actas de aproximadamente el 80 % de las mesas y que esas actas mostraban una amplia victoria de Edmundo González Urrutia. El organismo cuestionó la falta de resultados verificables que respaldaran el anuncio del Consejo Nacional Electoral.
Esa voluntad merece respeto. El esfuerzo de los ciudadanos por votar y resguardar las actas debería ocupar un lugar central en cualquier proyecto que se presente como democrático. Hay algo profundamente ofensivo en tratar la capacidad política de un pueblo como una autorización que otro gobernante de otra Nación concederá cuando lo considere conveniente.
El 22 de octubre, Anne Applebaum publicó en The Atlantic «What the U.S. Is Really Doing in Venezuela». Advierte que los acuerdos petroleros pueden desplazar la democratización y cita a Ricardo Hausmann, quien habla de una «coalición de dos cleptocracias». También recoge una estimación, todavía especulativa, de más de 13.000 millones de dólares en crudo vendido desde enero y denuncia respuestas insuficientes al Congreso sobre esos ingresos. Su investigación no demuestra que ese dinero haya sido robado, pero tampoco confirma a dónde fue a parar.
Precisamente por eso hacen falta cuentas públicas y comprobables. La opacidad deja al ciudadano sin herramientas para distinguir una buena administración de un abuso. Quienes manejan esos ingresos deberían tener el mayor interés en despejar las dudas, con documentos que puedan examinarse.
Al pueblo venezolano le interesa saber cuánto se recibe, quién lo administra, bajo qué reglas y qué resultados obtiene la población. Supongo que pedir recibos todavía cabe dentro de las buenas costumbres democráticas. Aunque, viendo ciertas reacciones, pareciera que preguntar por la caja se ha convertido en una grosería diplomática.
Las conversaciones políticas existen. El Departamento de Estado celebró el 22 de octubre la conclusión de una tercera ronda de diálogo. Corresponde medir ese proceso por sus resultados: garantías para participar, instituciones independientes, libertad de expresión y condiciones verificables para decidir el futuro del país.
También corresponde mirar hacia las cárceles. Foro Penal continúa registrando cientos de presos políticos en Venezuela. Cada uno representa una vida y una familia que merecen algo más que una mención al margen de la agenda económica. La libertad de esas personas debería tener, por lo menos, la misma urgencia que la firma de un acuerdo petrolero.
Hay quienes dicen que señalar las fallas perjudica la unidad. Qué conveniente resulta esa unidad cuando se utiliza para repartir silencios. Después de casi tres décadas de chavismo, lo mínimo que deberíamos haber aprendido es a desconfiar de cualquier proyecto que nos exija bajar la cabeza para poder avanzar.
La unidad democrática debe poder soportar preguntas incómodas. Debería fortalecerse con ellas. El dirigente que pide confianza tiene que aceptar la fiscalización; el aliado que promete ayudar tiene que entender que el agradecimiento también puede hablar con voz crítica.
Si eso convierte a los Venezolanos y a su máxima líder María Corina Machado en un escollo o en un estorbo, pues le van a tener estorbando, porque el pueblo y María Corina Machado no se piensan callar. Por lo menos, déjelos expresar su asco ante tanta mierda.
Quiero ver otro final para esta historia. Quiero que la cámara abandone por un momento la plataforma petrolera y acompañe al preso que cruza la puerta de su libertad; a la familia que vuelve a reunirse; al ciudadano que puede opinar y organizarse sin calcular el precio de una represalia.
Quiero que, cuando anuncien prosperidad, podamos seguir el recorrido del dinero hasta una escuela, un hospital o un servicio que funcione. Y que, cuando pronuncien la palabra democracia, el venezolano pueda reconocer en ella su propia voz.
Que se abran los contratos. Que se publiquen las cuentas. Que se libere a los presos políticos. Que se respete la voluntad popular y se establezcan garantías verificables para ejercerla. Esas exigencias deberían orientar cada negociación que pretenda hablar en nuestro nombre.
Entonces podremos mirar de frente la pregunta del título y evaluar qué clase de transición se está construyendo. Hasta ese momento, conservaré mi derecho a dudar, a señalar y a escribir lo que incomoda.
Que nadie baje el telón mientras el pueblo siga encerrado y el petróleo y las riquezas de Venezuela ya haya salido por la puerta grande.
«Tiemblo por mi patria cuando reflejo que Dios es justo; que su justicia no puede dormir para siempre.»
(
Thomas Jefferson)
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