El Tribunal de Control 1, a cargo del juez Noel Rojas, dictó medida privativa de libertad contra el exdiputado y dirigente social Giovanni Urbaneja. La Fiscalía Séptima del Ministerio Público, imputó al presidente de la Fundación Socialista de Integración del Sur, por el delito de incitación al odio.
El abogado defensor Adrián Moreno indicó que los cargos contra Urbaneja resultaron de una denuncia interpuesta por el alcalde oficialista del municipio Guanipa, Francisco Belisario Landis, cuya gestión fue criticada por Urbaneja a través de sus redes sociales.
Moreno insistió que los mensajes públicos de su cliente no constituyen ningún tipo de delito, en los que “emitía opiniones contrarias a la gestión de algunos gobernantes”. Aclaró que los delitos de odio son aquellos que promueven actos violentos o de guerra, lo cual no sería el caso.
Denunció además que los cargos contra Urbaneja no se derivaron de un hecho puntual, sino a las molestias que sus comentarios causaron entre ciertos dirigentes, lo que a su juicio desestima la acusación.
Quedará detenido en Poliguanipa
El Tribunal también definió a la Policía Municipal de Guanipa como centro de reclusión de Giovanni Urbaneja mientras espera la celebración de su audiencia preliminar, dentro de un lapso de 45 días, según estipula la ley.
Sin embargo, la defensa solicitará la reconsideración de la medida y el traslado al Centro de Coordinación Policial El Tigre (Polianzoátegui). Adrián Moreno alegó que Poliguanipa es dirigida por el alcalde Belisario Landis, quien formaría parte de la causa. “Tememos por la integridad de Giovanni”, así como de los familiares que tengan contacto con él durante su reclusión.
El abogado defensor se manifestó preocupado por la violación de los derechos de su cliente, desde el momento de su detención “por razones políticas” la noche del 20 de agosto en su residencia. Señaló además que la presentación ante tribunales debió llevarse a cabo en un lapso de 48 horas, pero se cumplió luego de 110 horas de detención.
Adrián Moreno también lamentó la Fiscalía se “prestara a dichas actuaciones de carácter político”, violando la libertad de expresión de Urbaneja como dirigente social, tipificada en el artículo 57 de la Constitución Nacional.
Redacción Sergio Salazar
El Tigre
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