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PROVEA: Sumando al expediente CPI



La reciente detención arbitraria y orden de encarcelamiento contra los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García de la organización Fundaredes es la continuidad de un ataque generalizado y sistemático contra la población venezolana y represión selectiva contra defensores de derechos humanos.

No es un suceso aislado. Es la continuidad de una política de Estado que, al menos desde 2014, se ha ejecutado de manera planificada con la participación de funcionarios del Estado.

Es la misma política con la cual se ha perseguido a diputados, líderes sindicales, estudiantiles, forzando su exilio o encarcelándolos.

La gravedad de las violaciones a los derechos humanos es de tal magnitud que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estableció en su Informe de diciembre de 2020 que, de la información disponible en la etapa del Examen Preliminar, existe un fundamento razonable para considerar al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

Esos crímenes se siguen cometiendo y con ello se acrecienta el expediente mediante los cuales los responsables de su perpetración pueden empezar a ser investigados en un futuro inmediato para que rindan cuentas.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet lo volvió a señalar en su más reciente informe: “Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación. Resalto, en particular, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición”.

En el caso de la detención y encarcelamiento de los tres defensores de derechos humanos de Fundaredes es importante destacar son procesados un tribunal de control con competencia en delitos de terrorismo. Las imputaciones las realiza un fiscal del Ministerio Público. Es decir, el Sistema de Justicia activado como instrumento para la persecución política.

Se les impuso un defensor público con lo cual se atentó contra su derecho a la defensa el cual incluye la posibilidad de designar un defensor de su confianza. Tan evidente fue esta violación que la Alta Comisionada se pronunció en su informe al referirse a las restricciones del espacio cívico: “El arresto de tres miembros de Fundaredes hace solo tres días es un ejemplo preocupante. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogado defensores de su elección.

Por otra parte, previo al encarcelamiento de Javier Tarazona el gobierno lanzó una intensa campaña de estigmatización y criminalización con la participación directa en esa campaña de altos funcionarios del gobierno y el uso de los medios públicos. Se repite el patrón represivo en el cual las campañas de desprestigio forman parte de la estrategia del Estado venezolano para perseguir y detener.

Toda la campaña contra el director de Fundaredes y los otros dos integrantes de esa organización, así como la detención arbitraria, se realizó con el absoluto silencio del Defensor del Pueblo. Así, continúa también sumando a su expediente por la complicidad para que se produzcan graves violaciones las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Desde el gobierno se ha venido manifestando que, como consecuencia de las opiniones e informaciones difundidas por redes sociales, avanza el proceso en la Corte Penal Internacional con la posibilidad pronto continúe hacia la fase de investigación y a partir de casos concretos, se establezcan unos presuntos responsables.

No, no es el ejercicio de la libertad de expresión, lo que permite avanzar. Son las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas a los derechos de la población, es la constancia de las víctimas exigiendo justicia, así como la documentación seria e integral de organizaciones de la sociedad civil, lo que permite a la Corte cumplir de manera independiente sus funciones y trabajar para que no haya impunidad.

La persecución, la arbitrariedad, las detenciones arbitrarias, las desaparición forzada y violaciones al debido proceso, la política de Estado contra disidentes, es lo que refuerza el expediente en la Corte Penal Internacional contra los presuntos responsables de los crímenes que han ocurrido y continúan sucediendo en Venezuela.

En la Corte Penal Internacional no se desarrolla un proceso contra el Estado venezolano. Es contra individuos. Aquellos que han participado de manera directa en los crímenes y forman parte de las cadenas de mando ya sea desde posiciones en el gobierno o en las estructuras policiales y militares. Son personas con nombre y apellido, quienes pudieran ser procesados. Por lo tanto, las afirmaciones de funcionarios que se trata de una acción contra la República, es totalmente falsa.


Conflicto en la Cota 905: La prioridad es la vida de la gente
Posted: 09 Jul 2021 12:43 PM PDT
Imagen de la Cota 905, referencial
(Caracas, 9 de julio 2021) Organizaciones sociales y ONG venezolanas: Exigimos poner como prioridad la vida de la gente y evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia. Solicitamos el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población.

Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido a sus hijos en esta nueva confrontación armada y en particular con las familias de los funcionarios policiales que han perdido su vida en estos operativos. Exigimos procesos de acompañamiento y reparación para ayudar a sobrellevar estas pérdidas.

Se deben investigar todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales

Con relación a los enfrentamientos ocurridos a partir del día 07.07.21 entre grupos de la delincuencia organizada y funcionarios policiales en todas las parroquias del sur-oeste de la ciudad un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos que venimos trabajando sobre la situación de seguridad ciudadana, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la vida y seguridad de sus pobladores e instar a las autoridades a las siguientes medidas de urgencia y políticas de más largo aliento ante estos recientes hechos:

1. El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana. Las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento. Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía.

Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos. Solicitamos la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios para el acompañamiento en el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana y así garantizar la vida y la integridad física de la población. Esta debe ser una estrategia transparente con la presencia de la iglesia, comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del acuerdo.

2. En el corto y mediano plazo se deben diseñar e implementar políticas públicas integrales que desarrollen, simultáneamente, acciones y planes operativos y situacionales de contención dentro del marco legal, así como preventivos de más largo alcance.

Insistimos que cualquier política de seguridad ciudadana debe ser sustentable, lo que exige la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios para su implementación. Asimismo, estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación por parte de la ciudadanía, con líderes legítimos de las comunidades afectadas y voceros de diferentes lados del espectro político.

3. Las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Esto significa mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integran las instituciones involucradas (fuerzas policiales, sistema de justicia y el sistema penitenciario), así como asignar los recursos materiales suficientes para garantizar condiciones laborales y salariales dignas para los funcionarios policiales, que permitan brindar un servicio de calidad a la población.

Urge asimismo el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos. Es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.

4. El fenómeno de la violencia urbana ha ocasionado la aparición del fenómeno de desplazamiento interno, por parte de familias que quieren escapar de los enfrentamientos entre bandas antisociales, entre estas y la policía o los operativos policiales realizados con el uso indiscriminado de la fuerza. En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización.

5. Finalmente, exigimos que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo.

Organizaciones:

1) Acceso a la Justicia 2) Acción Solidaria 3) ACCSI Accion Ciudadana Contra el SIDA 4) ACEB Santísima Trinidad 5) A.C. Catia Somos Todos 6) A.C. Médicos Unidos de Venezuela 7) A.C. Ciudadanos Luna Nueva 8) A.C. Democracia Emprendedora 9) A C Escuela de Cine y Televisión ESCINETV 10) A.C. Radar de los Barrios 11) A.C. Justicia y Paz OP Venezuela 12) A.C Escuelas Arquidiocesanas de Maracaibo 13) Aquí Cabemos Todos 14) AlertaVenezuela 15) Apostolado Seglar de Ejercicios Espirituales (ASE) 16) Arboreus Derechos Humanos AC 17) Arteascopio A.C 18) Asociación de Profesores de la UCV 19) Asociación Civil Saber es Poder (Asosaber) 20) Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz) 21) Asociación Venezolana de Mujeres 22) Asociación Venezolana en Chile 23) Asociación de Profesores de la Universidad Nacional del Táchira 24) Centro de Derechos Humanos de la UCAB 25) Caleidoscopio Humano 26) Caracas Mi Convive 27) Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 28( CECAVID, Lara 29) CECODAP 30) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana 31) Centro de Desarrollo Humano Sustentable 32) Centro Arquidiocesano de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia 33) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV 34) Centro de investigación de la crisis venezolana 35) Centro de Investigaciones Populares 36) Centro Monseñor Arias Blanco 37) Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE) 38) Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) 39) Centro de Justicia y Paz – Cepaz 40) Civilis Derechos Humanos 41) Ciudadanía Con Compromiso AC 42) Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos 43) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU 44) Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogado del estado Apure 45) Comisión Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela estado Táchira 46) Comisión Nacional DDHH Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, estado Guárico 47) Comisión Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida 48) Comité de Derechos Humanos de la Guajira 49) Compromiso Compartido 50) Comunidad En Movimiento AC 51) Conciencia Ciudadana 52) Conferencia Venezolana De Religiosos- CONVER 53) Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) 54) Congregación de Religiosas Esclavas de Cristo Rey 55) Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional 56) Colegio de Médicos Monagas 57) Convite AC 58) Colegio de Enfermeras de Caroní estado Bolívar 59) Coordinadora de Lucha Vecinal Lara 60) Creemos Alianza Ciudadana 61) Creemos Alianza Ciudadana – Zulia 62) CT APEP La Vega 63) Defiende Venezuela 64) Diócesis de El Tigre, Anzoátegui 64) Diócesis de Guasdualito, Apure 65) Educa libre Venezuela 66) Equalia 67) Equipo de defensa de DDHH del Estado Táchira (EDDHET) 68) Equilibrio Hatillano 69) Espacio Público 70) EXCUBITHUS Derechos Humanos en Educación 71) Fedecámaras Monagas 72) Federación Venezolana de Maestros (FVM) 73) Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes-FENASOPADRES- 74) Frente en Defensa del Norte de Caracas y Asamblea de Ciudadanos de Candelaria 75) Foro San Antonio 76) FUNCAMAMA 77) Fundacion Aguaclara 78) Fundación Blanca Nieve Sierra 79) Fundación Centro Gumilla 80) Fundación CERLAS 81) Fundación Agua Sin Fronteras 82) Fundación Bengoa 83) Fundación Celiaca de Venezuela 84) Fundación Derechos Humanos Anzoátegui 85) Fundación Espacio Abierto 86) Fundación Grupo de Apoyo A Todo Pulmón 88) Fundación Iribarren Lucha 89) Fundación Itaka escolapios 90) Fundación El Zulia Recicla 91) Fundación La Gran Victoria 92) Fundación Lucelia 93) Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI 94) Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene 95) Fundación para el Desarrollo Integral del Docente FUDEIND 96) Hearts On Venezuela 97) Hermanas de San José de Tarbes 98) Gaia,Centro de las mujeres 99) Gente del Petróleo 100) Gobiérnatec 101) Grupo interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja Agua 102) Grupo Social Cesap 102) Hermanas Misioneras Medicas 103) Hope of Justice International 104) Instituto Mead de Venezuela AC 105) Jóvenes por Venezuela 106) Labo Ciudadano 107) Laboratorio de Desarrollo Humano 108) Laboratorio de Innovación Social Venezuela Hikola 109) Laboratorio de Paz 110) La Choza del Espíritu Santo AC 111) Las Piloneras 112) Meals4Hope Alimentando Esperanza 113) Miranda Intercultural 113) Movimiento Ciudadano Dale Letra 114) Movimiento de Educadores Simón Rodríguez 115) Movimiento por la Democracia (MPD) 116) Movimiento Sindical de Base (MOSBASE) 117) Movimiento Pedagogía por Venezuela 118) Natural Bio Conservation AC 119) Nunca dejes de soñar ( NUDDSO) 120) Obras Misionales Pontificias 121) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 122) Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) 123) Observatorio Global de Comunicación y Democracia 124) Observatorio de Ecología Política (OEP) 125) ONG El Escudo de Dios 126) Observatorio Electoral Venezolano (OEV) 127) Observatorio Venezolano de Violencia (OEV) 128) Organización Comunitaria Las Brisas 129) Organización Comunitaria Las Carolinas 130) Organización Humanitaria Las Vírgenes 131) Organización Humanitaria Zona 10 La Gran Victoria 132) Organización Social Católica San Ignacio 133) Otro Enfoque 134) Padres Escolapios 135) Parroquia San Alberto Hurtado 136) Parroquia José Gregorio Hernández 137) Parroquia San Miguel Arcángel, El Cementerio 138) Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 139) Pijamada Amor Propio 140) Plataforma Contra el Arco Minero 141) Plataforma Nacional de Conflicto (PNC) 142) Plural UCV 143) Prepara Familia 144) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 145) Proyecta Ciudadanía AC 146) Proyecto 860 147) PROMEDEHUM (Mérida) 148) Radio Fe y Alegría 149) RED+HUMANOS 150) Red Educativa San Alberto Hurtado 151) Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNA) 152) Red solidaria Arcores Venezuela. Agustinos Recoletos 153) Religiosas Adoratrices Esclavas del Smo Sacramento y de la Caridad 154) S. C. El Paraíso Organizado 155) Servicio Social Vzla 156) Sindicato Unitario del Magisterio del Edo Sucre 157) Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil 158) Sociedad Hominis Iura (SOHI) 159) Todos por el Futuro 160) UAIN “El agua nos une” 161) Una Ventana a la Libertad 162) Unión por Venezuela 163) Unión Vecinal para La Participación Ciudadana AC 164) Universidad Católica Cecilio Acosta. UNICA 165) UNIVERSITAS 166) 100% Estrógeno

Personalidades:

Ada Barrios, Adicea Castillo, profesora FACES-UCV; Alberto Barrera Tyszka, escritor; Alicia Troconis de Clesca; Alejandra Olivares Hidalgo; Alejandro González Valenzuela, abogado Derecho Constitucional; Alfredo Infante S.J.; Amado Fuguet, periodista; Anabel Castillo, socióloga UCAB; Angey Serrano; Ana María Bordones; Angel Luis Lecuna, abogado; Antonia Luque; Antonio Pérez Esclarin, educador y escritor; Alberto Fuenmayor; Alfonso Marmol; Alicia Troconis de Clesca; Alicia de Pietri; Alirio Suárez, misionero redentorista; Armelim De Sousa, vicario de pastoral; Ayerli Vallejo; Atenea Jiménez Lemon; Beatriz Cisneros Alzuru; Beatriz Valdez, docente; Betty Contreras; Carmela Fuenmayor Mayorca; Carlos Gory; Carlos Ibarra; Carlos Medina; Beatriz González Vivas; Carlota Rojas, periodista; César Miguel Rondón, periodista; César Rafael Sánchez Aveledo; Cinthia Vargas; Cinzia De Santis; Constanza Armas; Claudia Peña Melin, socióloga; Caupolicán Ovalles, cineasta; Dorixa Monsalve Dam; Douglas Gómez; Edgar López, periodista; Enrique Lavín; Elizabeth Bellazzini viuda de Fuenmayor; Emiliano Teran Mantovani, antropólogo; Eugenio G. Martínez, periodista; Euglis Palma; Fernando Morales; Feliciano Reyna Ganteaume, defensor DDHH; Francisco Javier Velasco, antropólogo y ecólogo social; Francisco Alfaro Pareja, politólogo; Gabriel Harris Requena; Gabriela Buada Blondell, periodista; Gaby Ponce, Profesora- Investigadora IIES-UCAB; Gerardo J Pagés A; Gloria Carucci: Gracia Salazar; Hna María Clara Vieira; Hna. Rosalía Cordero; Indira Mercedes Berroterán Gómez; Irene Pereira; Jacqueline Phelan; Jairo Pérez, trabajador comunitario La Vega; Jesús Contreras; Jesús Ollarves Irazábal ; José Baig, Periodista; José Gregorio Fernández Barreto; José Manuel Simons; Josefina Fernández; Judith Pacheco; Juan Manuel Trak; Juan Pedro Quintero Moreno; Juan Vásquez; Ignacio Avalos, profesor universitario; Katiusca Salinas; Keymer Avila, Investigador Instituto Ciencias Penales UCV; Maidy Martínez, docente; Mabel Mundó; Marcelino Bisbal, profesor universitario; María Teresa Urreiztieta Psicóloga social; María Calzadilla; María Concepción Blanco; María José Curiel; María Gabriela Cuevas García, profesora universitaria; Mario A. Beroes Ríos, periodista; Maria A. Lanz; María De Sanctis; María Fernanda Mujica Ricardo, periodista; Maritza Landaeta-Jimenez; Marisela Betancourt; Marelis Alayón; Margarita López Maya, historiadora; Margarita Buosi; Marlene García; Marlene Rodríguez; Marta Sanchez-De Sola; Manuel Zapata, SJ; Maurelyn Rangel, socióloga; Mercedes Morales; Mibelis Acevedo Donís, periodista; Miguel Matos; Mireya Lozada, psicóloga social; Mirla Pérez, Investigadora Social; Misle González, Periodista; Norkys Salcedo; Lilia Rodríguez Rojas; Lissette González, socióloga; Luis E. Lander, profesor FACES-UCV; Luisa Pernalete, educadora; Odette Reggeti; Ofelia Pérez; Oscar Murillo, director Escuela Comunicación Social UCAB Guayana; Osmar Figueroa; Orlando Alzuru Mendoza, Presidente FVM; Patricia B. Parra Hurtado, politóloga UCV; Pbro Gilberto Ocanto Seguerí; Rafael Díaz Blanco; Rafael G. Curvelo E.; Rafael Uzcátegui, sociólogo y defensor DDHH; Raúl Cubas, defensor DDHH; Rebecca Hanson ; Rosa Amelia Asuaje; Rosana González; Sonia Borges, psicóloga; Susana Pérez Ortega; Verónica Zubillaga, investigadora REACIN; Vladimir Villegas, periodista; Xiomara García; Yelimar Rodriguez, Madres Guerreras en Argentina; Yury Jckelin Castro Guerrero; William Requejo, defensor DDHH; Zoe Puig Asuaje

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