La demanda asegura que Hernández tomó represalias porque Tundidor se postuló al concejo.
La Ciudad de Hialeah y su ex alcalde Carlos Hernández irán a mediación con los familiares del concejal Jesús Tundidor, quienes demandaron a la municipalidad por el allanamiento de su bar nocturno, en represalias a la postulación de su pariente, según la querella.
La demanda en contra de Hernández guarda similitudes con la que enfrentó el comisionado de la Ciudad de Miami, Joe Carollo, donde se argumentaba que el político presionó a los jefes de departamento para que “convirtieran en un arma” la ejecución del código en represalias contra dos empresarios de La Pequeña Habana por apoyar a su oponente político.
El allanamiento del establecimiento Bellas Cabaret en Hialeah se efectuó el 25 de julio de 2019 bajo órdenes del entonces alcalde Hernández en “represalias contra el negocio de la familia de Tundidor”, luego de que este se postulara al Concejo Municipal, asegura la demanda.
El local nocturno es propiedad de James Tundidor Sr. y James Tundidor Jr., familiares del presidente del concejo de Hialeah, así como Dulce Tundidor, esposa de su padre.
Desde que los Tundidor presentaron la demanda contra el gobierno municipal el 24 de julio de 2023, la ciudad ha presentado dos mociones para que se desestimara la querella. El juez, Roy K. Altman, no ha respondido a ellas, pero pautó una mediación para el 25 de abril, con el propósito de que las partes lleguen a un acuerdo.
La demanda civil, presentada en un tribunal federal, asegura que Hernández “usando su maquinaria política y los recursos disponibles para él como alcalde, actuó como un poderoso guardián de los siete escaños del Concejo Municipal”.
Al allanamiento asistieron agentes de policía, inspectores de códigos y bomberos; estos últimos encontraron 14 violaciones que incluían deterioro de los estacionamientos, detectores de humo e interruptores, licencias ocupacionales faltantes, así como alteraciones de la propiedad sin permisos. Dichas infracciones ocasionaron el cierre del local por seis meses.
Los demandantes alegan que no hubo orden judicial ni causa probable que justificara la acción contra su establecimiento.
José Smith, magistrado especial de North Miami, advierte que es muy extraño que una ciudad decida hacer un allanamiento con “una tribu” de empleados de todos los departamentos, como hizo Hialeah en dicho cabaret, pero asegura que “los clubes de striptease son conocidos por el tráfico de niños y están sujetos a una estricta aplicación de la ley”.
“Es muy raro que se hayan involucrado tantos empleados de la ciudad en este allanamiento y que un medio de comunicación haya tenido acceso”, puntualizó Smith. “Parece que se quería crear un drama”.
El concejal Jesús Tundidor (izq.) y el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández (cent.), durante una reunión en el ayuntamiento de la ciudad en febrero del 2020. La familia del concejal está demandando al exalcalde y la ciudad por haber allanado un bar nocturno de su propiedad en 2019 como “represalias” por la postulación de Tundidor al concejo PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com
IMPLICACIONES DE LA DEMANDA CONTRA HIALEAH
La familia Tundidor argumenta que Hernández y la ciudad violaron la Primera y Cuarta enmiendas de la Constitución, con el allanamiento de su bar, por lo que solicitan una sentencia a su favor por lucro cesante, daños compensatorios, daños a la reputación, angustia emocional y honorarios de abogados.
Sin embargo, probar que se violó la libertad de expresión y que el allanamiento fue irracional es una tarea titánica, apuntan los expertos.
Smith considera que hay evidencias de “las huellas de Hernández en ese hecho”. Ve probable que la queja contra el ex alcalde avance en el tribunal si los demandantes pueden comprobar que fue él quien ordenó el allanamiento con el propósito de evitar que Tundidor se postulara al concejo.
Sin embargo, confía en que la ciudad ganará el caso, causando una vertiente entre las dos partes demandadas.
“Los demandantes no han podido demostrar que la ciudad tenga consistentemente un patrón de abuso constitucional contra un individuo, por lo que estoy convencido que Hialeah ganará la demanda”, opinó Smith.
La mediación de índole confidencial únicamente podría divulgar el resultado si se logra un preacuerdo que lleve a la Ciudad de Hialeah a solicitar al concejo, presidido por Tundidor, su aprobación.
En caso de ocurrir esta votación, el concejal tendría que abstenerse.
CUÁNTO PAGARÁN LOS CONTRIBUYENTES DE HIALEAH
Hasta febrero de 2024, los contribuyentes de Hialeah han pagado $16,404.59 al bufete Wydler Law en su defensa ante el tribunal, según información obtenida por el diario Nuevo Herald.
Pero si mantiene el desacuerdo, el juicio continuará su curso hasta que un jurado determine las responsabilidades de Hernández y Hialeah en este asunto, lo que podría resultar en un cuantioso gasto para la ciudad.
Al igual que en Miami con Carollo, no está claro si de hallar responsable a Hernández, la Ciudad de Hialeah tendría que asumir los gastos por daños y prejuicios ocasionados a la familia Tundidor.
Sobre Carollo, ya un tribunal ordenó una indemnización de $63.5 millones, pero sus demandantes ahora piden que sea su ciudad la que pague.
Según el calendario propuesto, si hubiese juicio, la fecha tentativa de inicio sería el 21 de enero de 2025.
Tomado de https://www.elnuevoherald.com/noticias/florida/hialeah/article286685925.html
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