Sucesos

Roberto Deniz y el equipo periodístico de Armando.Info enfrentan nueva investigación penal en Venezuela

Un tribunal de Caracas admitió una demanda por difamación contra el equipo del portal especializado en investigación, Armando.info, ante los continuos reportajes en torno al caso del empresario colombiano, Alex Saab, contratista del Estado venezolano y actualmente a punto de ser extraditado desde Cabo Verde a los Estados Unidos.

El hecho ocurrió luego de la publicación del reportaje “De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro”, que se difundió el 3 de septiembre de 2017, en el que los periodistas revelaron irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, a través de negociaciones que involucran al Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de la empresa Group Gran Limited, que ha suscrito contratos con el gobierno nacional, por más de 120 millones de dólares para la venta de toneladas de alimentos importados, de acuerdo a la investigación.

La investigación encontró vinculaciones con otros funcionarios y políticos venezolanos, así como la relación con empresarios colombianos investigados por supuestos, delitos de narcotraficantes.

Este trabajo de investigación descubrió la relación de Alex Saab, cercano a la ex-senadora colombiana, Piedad Córdoba, con el negocio de la venta de las bolsas de comida, que reparten los Clap, y que había sido denunciada anteriormente por la abogada y ex-fiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, fuera del país, posteriormente.

La primera demanda fue presentada por Saab el 8 de septiembre de 2017

El colega periodista Roberto Deniz Machin, quien actualmente vive en Colombia y desde allí junto a un grupo de comunicadores sociales forman parte del equipo del portal web, quienes nuevamente enfrentarían una investigación penal, presuntamente por instigación al odio, difamación y extorsión; ya en el año 2017, Alex Saab había demandó a Deniz y a los editores del portal: Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, diciéndoles que no era un empresario cercano a Nicolás Maduro, que no tenía nada que ver con el plan estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); y que afectaba también la reputación de su familia.

A Deniz, lo atacan por las redes sociales, y desde un laboratorio estratégico en Caracas, planifican una campaña sucia en su contra; por su trabajo de periodismo de investigación sobre el sonado caso Saab, quien lo ha acusado con una supuestas pruebas, que viene publicando desde hace ya unos 5 años, al destapar la olla del mega-guiso de los bolsas o cajas del Clap entre otros no menos importantes temas.

Venezuela: Roberto Deniz denuncia orden de allanamiento

El periodista «y su familia tienen medidas de protección dadas por la CIDH», dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa; al denunciar este miércoles (13.10.2021) que hay una orden de allanamiento de la vivienda de su familia en Caracas.

«Recibo información de que hay una orden de allanamiento contra vivienda de mi familia en Caracas. Es público que desde 2018 no estoy en Venezuela, no tengo bienes, ni siquiera carro. Desde inicios de 2020, tanto yo como mi familia tenemos medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) afirmó que Deniz se encuentra fuera del país por haber recibido amenazas tras su investigación sobre los negocios de Saab. «Él y su familia tienen medidas de protección dadas por la CIDH. El SNTP insiste en el llamado a respetar a medios y periodistas, pero, sobre todo, denuncia la utilización de la justicia como medida para imponer la censura», advirtió la agrupación gremial.

«Los ataques, el hostigamiento y las falsas acusaciones llevan meses y ante el fracaso legal de Alex Saab en Cabo Verde sólo han aumentado», aseguró Deniz en su cuenta twitter.

Con la firma de Deniz, el site especializado en periodismo de investigación, documentó en un par de reportajes la vinculación de Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno venezolano de alimentos para los famosos CLAP.

El periodista aseguró que si la campaña en redes, impulsadas por cuentas que incluso han sido bloqueadas en Twitter por contenido ofensivo y violar las reglas de la comunidad, «ya podemos suponer lo que es la justicia en Venezuela».

Las primeras campañas en redes contra los periodistas de Armando.Info incluyeron amenazas y la exposición de datos personales desde cuentas anónimas en redes sociales, situación que se ha repetido estos años y los hackeos, que le han hecho al portal, para que no pueda ser visualizado en nuestro país, utilizado todo el aparato del Estado y la CANTV, para silenciar las denuncias de corrupción hechas por Deniz y su gente.

Libertad de Expresión en peligro

En ese momento, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenó la demanda y denunció que el Gobierno venezolano usa leyes de difamación y procesos judiciales para intimidar a la prensa. También se espera de un momento a otro, un pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.

Para la ONG IPYS Venezuela, ha dicho que estas acciones penales son regresivas para la libertad de expresión y ponen en riesgo el ejercicio del periodismo, como un oficio natural, para escrutar el poder y de contraloría social. Esta organización considera el sistema de justicia debería proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados -de manera pertinente adecuada y oportunamente- sobre los asuntos de interés público, y no aplicar penas por difamación. Estos delitos deben ser eliminados de la legislación nacional de acuerdo al exhorto que hizo al Estado Venezolano el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en julio de 2015. Este mismo llamado ha sido reiterado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversas oportunidades.

Por ello, Ipys Venezuela insiste que este tipo de acciones legales contra periodistas que buscan silenciar denuncias que son de interés público y que vulneran los estándares internacionales sobre libertad de expresión y el derecho a la información, establecidos y ratificados en los artículos 23, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este tipo procesamiento de demanda a medios y comunicadores, podría ser otro intento por callar a la prensa libre e impedir que se conozcan los nuevos actores de poder, y de culpar al periodismo de los males del país. “Mientras que en el resto de América Latina los delitos de opinión representan una violación a la libertad de expresión y al derecho a la información por incentivar la censura, en Venezuela las leyes penales continúan coartando todos los asuntos de interés público y todo aquello que se salga del discurso oficial.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos humanos reconoce la libertad de opinión y expresión en su dimensión individual y una social y  exige a los Estados garantizarlas en forma plena y simultánea. Toda prohibición u obstaculización en la difusión de la expresión constituye una violación a ambas dimensiones

El artículo 13 de la Convención Americana sobre derechos humanos establece la protección a las expresiones inofensivas o indiferentes y de forma especial a aquellas que “ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”, entendiendo que son necesarias en una sociedad democrática, abierta, plural y tolerante.

La jurisprudencia interamericana protege de forma especial tres tipos de discursos debido a su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos en la democracia: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa.

La Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet (2011), establece que la libertad de expresión se aplica en Internet de la misma forma que a todos los medios de comunicación y cualquier restricción solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales y persiguen una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional.

En desarrollo…


Enrique López Alfonzo

Periodista Independiente

+584264094171

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