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Opinión

Ruptura entre lo que la administración de justicia es y lo que debería ser Por Robert Alvarado

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”  Paul Auster

Es un hecho notorio que gran parte de las decisiones sobre casos judiciales son decididas entre la Fiscalía Superior y la Presidencia de los Circuitos Judiciales Penales correspondiente a los estados de cada circuncisión judicial. Dicha injerencia, produce sentencias injustas y acomodaticias, características en casos entubados, incluso desde el Olimpo Judicial, como pareciera ocurrir cada vez más. Temática sobre la que hemos escrito ampliamente y en la que cada día se suscitan circunstancias dignas de ser reseñadas por afectar el acceso a la justicia de todos los venezolanos.

En la presente entrega abordaré la gestión de esas decisiones en un emblemático Circuito Judicial Penal: el Circuito Judicial en Materia de Violencia contra la Mujer del estado Aragua. Ahí, los jueces, para poder decidir, en la coordinación, corte de apelaciones o en los tribunales, deben levantar el teléfono para consultar sus decisiones, cuadrarlas y/o simplemente a juicio de lo que puedan pagarle o quien pueda pagarles, dando vida al slogan: “el Mejor Abogado es el Dólar Americano”.

En Maracay, la norma es que todo es decantado en la Presidencia del Circuito Judicial Penal. Los jueces obedecen las órdenes del Presidente del Circuito, sino están botados. El gobierno del palacio de Aragua es de un ex teniente coronel del ejército, quien consentiría prácticas impropias de la administración de justicia, bien por crasa ignorancia de los jueces o bien por el miedo a emitir una sentencia que le cueste el cargo o la libertad. La mayor de las veces, por los dividendos que generarían tales decisiones, que como comenté en mi anterior entrega, las han convertido en objeto de comercio en predios judiciales del estado Aragua, contribuyendo al debilitamiento del sistema de administración de justicia venezolano, no de ahora, sino desde antes que le pusieron los ganchos a la jueza Mary Carmen Amarista Herrera (https://800noticias.com/dictan-arresto-domiciliario-a-la-ex-jueza-mary-carmen-amarista-por-corrupcion)  por extorsión.

Recientemente, una colega manifestó en un grupo de WhatsApp:

“Los tribunales con competencia en delitos de violencia contra la mujer donde he ejercido son un desastre, Caracas, Valencia y Maracay, donde la supuesta víctima siempre tiene la razón, aunado al retardo judicial. Por ejemplo, en Aragua no tenemos Corte de Apelaciones Accidental desde hace 2 años y medio […] en audiencia pública con el Presidente del Circuito Judicial Penal, Dr. Luis Abello, le solicite ayuda y el mismo se comprometió en elevar ante la Presidencia del TSJ la solicitud. Pero no es mentira que las directrices del TSJ en materia de violencia son violatorias de todo derecho.

También he presentado la queja ante el Dr. Alfonso Elías Caraballo Caraballo del maltrato al que somos sometidos, abogados y demás usuarios, por parte de los alguaciles y algunos empleados donde ejercen violencia contra las mujeres que vamos al tribunal”.

Dicho sea de paso, no es la primera vez que acusan a quienes integran el mentado Circuito Judicial en Materia de Violencia contra la Mujer aragüeño de cometer “actos violentos”, que no es más que violencia institucionalizada, ajena a lo que debe ser la resolución de los asuntos en el derecho, tanto sustantivo como adjetivo; y, por el otro lado, los factores reales del Poder Judicial imperante, enquistados en el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo papelillos el Estado de Derecho, puesto que en el caso que abordaré a continuación han tomado participación directa y protagónica connotados magistrados desde los espacios del Olimpo del Poder Judicial venezolano.

La locura, aberración, usura, ignorancia, ineptitud, desconocimiento y lisonja llegan a su máxima expresión en este escenario, dentro del cual destaca un profesional del derecho que representa antivalores opuestos a la ética como fundamento de la justicia: Pedro Rafael Solórzano Martínez, segundo a bordo en el Circuito Judicial en Materia de Violencia contra la Mujer del estado Aragua, quien tiene como domicilio un apartamento en el Edificio Misli, ubicado en la Urbanización Calicanto de Maracay, estado Aragua, propiedad de un ciudadano y casualmente la esposa de ese ciudadano está inmersa en varios procesos judiciales y él, Pedro Rafael Solórzano Martínez, es uno de los principales operadores de justicia dado a la tarea de brindarle protección a ese matrimonio con la manipulación de esas causas penales, por una sencilla razón, está endeudado con el propietario del apartamento donde dicho juez tiene fijado su domicilio principal. Sucede que aún no ha terminado de pagarle ese inmueble al ciudadano en cuestión, a cambio se muestra espléndido con ellos y les allana todos los escollos que se les presentan por carecer de elementos de convicción para sustentar sus pretensiones judiciales. Por cierto, en ese inmueble, la esposa del ciudadano recibía boletas de notificación o citación expedidas por tribunales especializados en materia de violencia de género. Mayor descaro, imposible, en el trasiego de decisiones aberrantes.

Ese comportamiento, es el mismo que asumieron, a la par de Pedro Solórzano, los jueces Néstor Eduardo Zuñiga Sosa y Alifer Cecilia Lugo Uzcátegui, ex Coordinadora del mencionado circuito de violencia, sólo que fueron cesados en sus funciones en circunstancias extrañas, para no evidenciar los actos de corrupción en los que estaban incursos. Pedro Solórzano no es más que un operador de Alfonso Elías Caraballo Caraballo, Coordinador del Circuito Judicial en Materia de Violencia contra la Mujer del estado Aragua, que a fin de cuentas responde a las órdenes del teniente coronel del Ejército que regenta el coso penal en la Ciudad Jardín. Caraballo Caraballo, cual sargento policial o militar en alcabala, está en la obligación de recoger una cuota mensual para sus jefes, el inmediato, y aquellos que desde el TSJ tienen al Palacio de Justicia de Maracay como un predio preciado y rentable que se niegan a soltar, es el caso de dos conocidas ex magistradas aún encumbradas en el Poder Judicial: Francia Coello González y Yanina Beatriz Karabín de Díaz, a quienes religiosamente le han llevado la contraprestación en metálico o enseres por su decidido apoyo al matrimonio en cuestión.

Dianifer Alejandra Bello Velázquez, Katerin Bello y Delsy del Carmen Escalante Aguilar, jueces primero, segundo y tercero, respectivamente, de los tribunales con competencia en delitos de violencia contra la mujer, se suman a este entramado que hace de las causas penales excelentes oportunidades de negocio, precisamente como el del matrimonio aludido, que a cambio de los buenos oficios de Pedro Rafael Solórzano Martínez, le dejaron en cómodas cuotas un apartamento en una prestigiosa urbanización de la capital aragüeña. ¡Malo no es! Expreso mi fuente al darme los detalles de la ubicación del inmueble y la tradición legal del mismo.

La Corte de Apelaciones, en materia de violencia, en la cual Alfonso Elías Caraballo Caraballo ocupa un lugar preponderante, en su condición de coordinador, Yelitza Coromoto Acacio Carmona, que salió muy mal parada de la fiscalía a su paso por esa institución, es de las más acérrimas decisoras cuando a sus arcas llegan divisas o bolívares, como ella misma diría, no importa lo que llegue, lo importante es que llegue, así de mercantilizado está su desempeño, cuando en realidad se requiere de mayores y mejores aportes, y la participación activa de profesionales en el área jurídica con las capacidades y conocimientos que garanticen la autenticidad del fenómeno jurídico.

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