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Sigue el escándalo: Arrestado ex Congresista Rivera trabajaba en secreto para Maduro, dice acusación

El ex congresista David Rivera, quien fue arrestado el lunes en Atlanta, actuó enérgicamente pero en secreto para tratar de contener la creciente hostilidad de la política estadounidense hacia el régimen de Nicolás Maduro, concertando citas con legisladores estadounidenses y funcionarios de la Casa Blanca y, en al menos una ocasión, viajando a Caracas para reunirse con el gobernante socialista, muestra la acusación judicial presentada en su contra.

Rivera, quien obtuvo al menos $20 millones por sus esfuerzos, firmó un contrato con PDV USA para tratar de ocultar que se había comprometido con el régimen venezolano para actuar a su favor en los Estados Unidos, segun la acusación.

En papel, su relación era con la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, pero para quien realmente trabajaba era Maduro, resalta la acusación. Rivera es acusado de incumplir con las leyes estadounidenses que obligan a cualquier persona o compañía que representan intereses extranjeros a reportarlo a las autoridades. El ex congresista, quien por un tiempo ejerció gran influencia en la política de Miami, fue arrestado el lunes en Atlanta donde vivía.

El Miami Herald no pudo comunicarse con Rivera ni con su abogado el lunes por la noche, pero Associated Press informó que el Servicio de Alguaciles reportó que Rivera había salido de la cárcel esa tarde después de comparecer por primera vez en la corte federal de Atlanta. El martes, el abogado defensor de Rivera, Jeffrey Feldman, le dijo al Miami Herald que no quería comentar sobre los nuevos cargos que acusan a su cliente de ser un agente extranjero no registrado para Venezuela.

“El propósito de la conspiración era que los acusados se enriquecieran ilegalmente participando en actividades políticas en los Estados Unidos en nombre del Gobierno de Venezuela y representando los intereses del Gobierno de Venezuela ante funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en un esfuerzo por influir en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela”, resalta la acusación presentada contra Rivera y contra la consultora política Esther Nuhfer.

En el centro de la operación se encontraba el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien servía de enlace entre Rivera y de Nuhfer con las autoridades del régimen venezolano. Según la acusación, fue la entonces canciller Delcy Rodríguez la que ordenó a la refinería Citgo que tramitara el contrató a través de PDV USA.

Como parte de sus esfuerzos, Rivera y Nuhfer se reunieron en al menos dos ocasiones con elsSenador de Florida Marco Rubio, aunque éste solamente aparece en la acusación como el Senador 1. También tramitaron reuniones con un funcionario de la administración Trump, identificado solo como Asesor de la Casa Blanca 1, para tratar de propiciar un cambio en la política estadounidense hacia Venezuela.

“El Asesor 1, Rivera y Nuhfer organizaron dos reuniones con el Senador 1. La primera de estas reuniones involucraron a Rivera y el Senador 1 en una residencia privada en Washington D.C. en la que Rivera le dijo al Senador 1 que Gorrín había convencido al presidente Maduro de aceptar un acuerdo a través del cual él sostendría elecciones justas y libres en Venezuela”, señala la acusación.

“La segunda reunión se llevó a cabo en un hotel en Washington, D.C. e involucró a Rivera, Nurfer, Senator 1, individuo extranjero 1 (Gorrín), político venezolano 2 (por teléfono) y otros, durante la cual se discutieron asuntos relacionados con Venezuela”, agregó el documento.

Un portavoz de Rubio dijo a el Nuevo Herald en un correo electrónico que durante la reunió de julio del 2017, que Gorrín estaba interesado en entregar personalmente una carta de Maduro al presidente Trump en la que esbozaba un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas y dejar el poder.

“Unos días después, Gorrín asistió a una breve reunión en Washington, pero no presentó tal carta y ni siquiera mencionó la posibilidad de tal acuerdo”, dijo el portavoz de Rubio.

El portavoz enfatizó que Rivera y sus asociados ‘nunca revelaron a ninguno de los funcionarios de los Estados Unidos con los que se reunieron que estaban haciendo cabildeo en nombre del Gobierno de Venezuela’, tal como señala la acusación, documento que además reitera lo que Rubio ha dicho públicamente durante más de cinco años: que la única forma en que se deben levantar las sanciones es si el régimen acepta la realización de elecciones libres y justas.

“Si, tal como está siendo alegado, se trataba de un esfuerzo para suavizar su postura sobre las sanciones, esto fracasó estrepitosamente”, dijo el portavoz.

A mediados de julio de 2017, Gorrín informó que Maduro se había negado a aceptar la celebración de elecciones libres a cambio de establecer una reconciliación con Estados Unidos, pero luego el gobernante chavista aparentemente cambió de opinión y dijo estar dispuesto a considerarlo a cambio de levantar las sanciones impuestas contra su familia.

El contrato firmado entre PDV USA y la compañía de relaciones públicas de Rivera y Nuhfer, Interamerican Consulting, contemplaba cinco pagos de $5 millones cada uno y un pago final de $25 millones para un total de $50 millones.

PDV USA ha demandado a Rivera por incumplimiento de contrato, al afirmar que había hecho muy poco por ayudarla a mejorar su imagen en Estados Unidos y suministrar muy pocos informes a la filial estadounidense de PDVSA. Pero según la acusación, Rivera mantenía un contacto muy estrecho con Gorrín y con Delcy Rodríguez para coordinar los esfuerzos de cabildeo, al tiempo que el contrato con PDV USA solo era una coartada para evitar que se conociera en la opinión pública que él estaba trabajando para Maduro.

La acusación señala que Rivera y Nuhfer fueron quienes orquestaron la visita a Venezuela del congresista republicano por el estado de Texas, Pete Sessions, quien se reunió en secreto con Maduro en el 2018.

Previamente, los acusados habían organizado una reunión de Sessions con Rodríguez en Nueva York, en la que también estaba presente un político venezolano que no fue identificado para discutir un proceso para normalizar las relaciones entre Washington y Caracas.

Los acusados también tenían la obligación de conseguir una reunión con ejecutivos de una compañía estadounidense para tratar de alcanzar un arreglo a una disputa legal que tenían por los activos en Venezuela que el régimen le había expropiado, pero el encuentro nunca se materializó.

Para tratar de ocultar sus actividades, los acusados utilizaban claves cuando se enviaban mensajes a través de un grupo creado en Whatsapp, refiriéndose a Maduro como el “El Guaguero”, a Sessions como “Sombrero”, al dinero como “La Luz” y a millones como “melones”.

Según la acusación, Rivera viajó con Sessions a Caracas el 2 de abril del 2018 y estuvo presente, al igual que Gorrín, en la reunión que el legislador sostuvo con Maduro para analizar los próximos pasos necesarios para normalizar la relación entre los dos países.

En la reunión, Sessions acordó entregar al presidente Donald Trump una carta de Maduro, en la que solicitaba que apoyara el plan que estaba presentando Maduro para normalizar las relaciones a cambio de realizar elecciones libres y justas en el futuro.

Pocos días después, Rivera envió un correo electrónico a Gorrín que contenía una versión final de la carta de Maduro al presidente Trump, indicando, en parte , la esperanza del régimen de que Estados Unidos demuestre su voluntad de reconocer el resultado de unas elecciones democráticas en Venezuela con la normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y económicas entre los dos gobiernos. Pero al igual que los esfuerzos anteriores de Rivera, el nuevo intento no logró normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Fuente ENH

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