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The New York Times: Maduro aborda coronavirus desplegando su aparato de seguridad represivo

Nicolás Maduro ha abordado el coronavirus de la misma forma que enfrenta cualquier amenaza interna para su gobierno: desplegando su aparato de seguridad represivo contra ella, según reporta un despacho de prensa publicado por The New York Times.

Los funcionarios del Gobierno Nacional denuncian a las personas que pueden haber estado en contacto con el coronavirus como “bioterroristas” e instan a sus vecinos a denunciarlos. El gobierno detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro sobre el virus.

Y está acorralando a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de contención improvisados por temor a que puedan estar infectados.

En hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas, los venezolanos que regresan son obligados a ingresar a habitaciones abarrotadas con comida, agua o máscaras limitadas y mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses para pruebas de coronavirus o tratamiento con medicamentos no probados, según entrevistas con los detenidos, videos que han tomado con sus teléfonos celulares y documentos gubernamentales. “Nos dijeron que estamos contaminados, que somos culpables de contagiar al país”, dijo Javier Aristizábal, enfermero de Caracas, quien dijo que pasó 70 días en los centros luego de regresar de Colombia en marzo.

En San Cristóbal, activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marcan las casas de las familias sospechosas de tener el virus con placas y amenazándolas con detenerlas, denunciaron algunos habitantes. En Maracaibo, la policía patrulla las calles en busca de personas que reingresaron al país sin autorización oficial. “Este es el único país del mundo donde tener covid-19 es un crimen”, denunció Sergio Hidalgo, activista opositor que apenas dijo que había contraído síntomas de la enfermedad, ya tenía policías en la puerta de su casa y funcionarios del gobierno, acusándolo de infectar a la comunidad.

En la medida que la pandemia golpeaba a los países vecinos, abrumando redes de atención médica mucho más preparadas que el colapsado sistema venezolano, Maduro adoptó un enfoque de línea dura y trató al coronavirus como una amenaza a la seguridad nacional que podría desestabilizar a su nación en bancarrota y poner en peligro su control del poder. “La pandemia presenta claramente una amenaza para el gobierno, porque muestra la precariedad de sus recursos”, explicó el politólogo John Magdaleno. “La prioridad no es lidiar con la pandemia. Es la supervivencia política a corto plazo”.

Los médicos y periodistas que han cuestionado las estadísticas oficiales dicen que han sido amenazados. Al menos 12 médicos y enfermeras venezolanas han sido detenidos por hacer comentarios públicos sobre el coronavirus, según los sindicatos médicos.

Los migrantes venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero a raíz de la pandemia también son un objetivo especial.

Según el gobierno colombiano, alrededor de 95.000 venezolanos han regresado a su país de origen desde marzo y 42.000 esperan su turno a lo largo de la frontera.

En Twitter , las fuerzas armadas instaron a la población a denunciar a los llamados bioterroristas, refiriéndose a los trocheros que evaden los controles fronterizos del gobierno para regresar a casa.

Hacinados en hoteles

The New York Times entrevistó a siete venezolanos que fueron retenidos en centros de contención y varios dijeron que habían sido hacinados en habitaciones sin camas, comida caliente, ventanas o suficiente agua potable. “No se podía pedir ayuda a nadie, porque lo único que recibía era abuso”, dijo Aristizábal, quien fue trasladado a varios centros después de regresar de visitar a su madre en Colombia.

Durante su detención, Aristizábal dijo que, en ocasiones, había dormido en el suelo, en el asfalto de una estación de autobuses o en el piso de una habitación de hotel sin ventanas que compartía con otras cinco personas.

Algunos dijeron que habían sido detenidos con bebés de apenas un año, sin disposiciones especiales para los niños. Otros dijeron que se habían visto obligados a tomar los medicamentos descritos en el protocolo oficial venezolano para tratar a cualquier persona que tenga o se sospeche que tiene el coronavirus, incluso sin mostrar ningún síntoma.

Los medicamentos enumerados en las pautas gubernamentales no están probados para tratar el coronavirus y podrían tener consecuencias peligrosas. Los tratamientos incluyen hidroxicloroquina, que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos advirtió que puede causar anomalías peligrosas en el ritmo cardíaco en pacientes con coronavirus, y un medicamento antiparasitario llamado ivermectina, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no debería usarse para tratar la enfermedad.

Los videos tomados por venezolanos en centros de confinamiento mostraron condiciones insalubres. A Varias personas, que dijeron que no estaban recibiendo tratamiento para condiciones preexistentes, se les dio una sola máscara para su estadía y no pudieron practicar el distanciamiento social.

Pero lo peor, según dijeron, era que no tenían idea de cuánto tiempo estarían retenidos.

Tasas poco confiables

Oficialmente, Venezuela cuenta con una de las tasas de infección más bajas de la región. Cinco meses después de la detección del virus, el número de muertes diarias, según el gobierno, nunca ha superado las 12.

“Se le brinda una atención que es única en el mundo, una atención humana, amorosa, cristiana”, dijo Maduro en un discurso ofrecido el fin de semana.

Pero los expertos en salud dicen que las bajas cifras oficiales son el resultado de tasas de pruebas extremadamente bajas. Las pruebas precisas de coronavirus son escasas y demoran semanas en procesarse en uno de los dos laboratorios aprobados por el gobierno, según ocho médicos de tres estados venezolanos entrevistados para este artículo. Los médicos no quisieron revelar sus nombres por temor a la persecución del gobierno.

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