Lugares sin ley, con esclavas sexuales, fosas comunes y un ecocidio irreparable. El Pollo Carvajal, jefe de la inteligencia de la revolución, acusó sin pruebas al expresidente Rodríguez Zapatero de ser dueño de su propia mina como regalo por sus servicios
María Oropeza, de 25 años, no olvidará jamás los meses que trabajó en las minas de oro del salvaje oeste venezolano. Guarda como recuerdo una fotografía con el tesoro que se trajo del Arco Minero del Orinoco, fronterizo con el Amazonas brasileño, el territorio sin ley: 15 pepitas de oro en bruto. Como en las películas de cowboys.
El anuncio en un periódico -«Para trabajar en las minas, se solicitan damas de buena presencia en edades de 18 a 30 años»-, le arrastró en medio de la gran tragedia nacional. Allí se convirtió en esclava sexual. Muchas noches durmió bajo plásticos en medio de la selva, tras atender a los mineros o a los miembros de los sindicatos, grupos de delincuentes que se disputan las minas. Algunos de ellos guardan como trofeo en sus móviles las fotos con amputaciones de manos, brazos y hasta cabezas cortadas, uno de los modus operandi para imponer el terror. La joven comprobó en primera persona que el oro en su país está cubierto de sangre.
La extradición del magnate colombiano Álex Saab a Estados Unidos ha servido para recordar los distintos negocios millonarios de la revolución bolivariana, incluida la más exótica de las corruptelas, que se desarrolla en las minas que conoció Oropeza. A la fiebre del oro, que ha atraído a miles de criollos al sur de su país, le ha seguido la guerra por el metal dorado, que involucra a delincuentes, militares, mineros, cambistas, compradores, contratistas internacionales y un nuevo actor sumado en los últimos años: la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la disidencia de las FARC.
Empresas chinas y rusas también porfían para participar en tan suculento mercado de una de las mayores reservas del planeta en oro, diamantes y coltán, también hierro, bauxita y manganeso, un mercado al servicio de la revolución. Malaria, dengue, drogas, armas, violencia, esclavas sexuales y dólares, muchos dólares, completan el paisaje humano de las otras venas abiertas en el Arco Minero, más de 100.000 kilómetros cuadrados dedicados de forma arbitraria a la minería. Y, paradójicamente, tan cercano a las maravillas naturales de la Gran Sabana y del Salto del Ángel.
Cuentan los expertos que las imágenes satelitales que se obtienen del Arco Minero dan pavor, muestran mordiscos irreparables contra el medio ambiente. En Venezuela, el oro no se obtiene de un proceso industrializado, se extrae mediante la ruptura de la tierra con agua a presión. Cada día nacen minas nuevas, o bullas, mientras avanza la deforestación. La delincuencia organizada controla la extracción y comercialización de un oro que es comprado en parte por Minería de Venezuela (Minerven), la empresa estatal, que procesa ese oro y lo traslada al Banco Central de Venezuela (BCV) para certificarlo.
Hasta Minerven estiró sus tentáculos Saab. Uno de sus colaboradores, Adrián Perdomo, fue nombrado presidente de la empresa estatal en 2018. Todo estaba atornillado para exprimir al máximo el nuevo negocio. No es casualidad que Minerven enviara oro a Cabo Verde durante el proceso de extradición del falso diplomático de Maduro.
A LA BOLIVARIANA
«Este oro es oro de sangre, oro de naturaleza muerta que el propio régimen contrabandea en el mundo», insiste Andrés Velásquez, ganador en 2017 de las elecciones regionales en Bolívar cuya gobernación no pudo asumir por culpa de un «fraude» manifiesto. Maduro situó a uno de sus generales al frente del territorio minero más rico de América.
«Saab tiene las manos bañadas en oro de sangre», asegura a Crónica el diputado Marco Aurelio Quiñones. «Hemos recogido múltiples denuncias de fosas comunes alimentadas por los cuerpos sin vida producto de la lucha por las minas», añade el parlamentario, quien también destaca el impacto devastador sobre el medio ambiente, un ecocidio que alerta a ecologistas y gobiernos, porque sus efectos afectan a parte del planeta.
En el salvaje oeste venezolano, «quienes controlan las minas de oro son grupos ilegales que operan con la aquiescencia y, a veces, colaboración de las autoridades. Para controlar sus negocios ilícitos y el orden en la zona emplean todo tipo de abusos brutales, hasta cortarle la mano a quien roba», asegura Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch.
La trama que comienza en las minas llega hasta el Banco Central de Venezuela (BCV) que compra parte de lo que allí se obtiene, aunque en torno al 70% del oro es vendido en operaciones ilegales que involucran al chavismo. El BCV, a su vez, se ha valido de herramientas legales para lavarlo.
«El oro ha servido para mantener a la nomenclatura del régimen», aporta otro diputado, Ángel Medina. Maduro repartió minas de oro entre distintos gobernadores para que las explotaran y sacaran de ellas sus recursos. A la bolivariana, sin ningún tipo de controles.
Este mecanismo fue aprovechado por Hugo El Pollo Carvajal, jefe de la inteligencia de la revolución, según algunos medios, para acusar ante la Justicia al expresidente Rodríguez Zapatero de ser dueño de su propia mina de oro como regalo por sus servicios a Maduro. Aunque sin pruebas.
En paralelo, y durante tres años, Saab coordinó con el gobierno turco la entrega de toneladas de oro, valoradas en casi mil millones de dólares, a cambio de las cajas de alimentos subvencionados, llenando los supermercado de alimentos turcos, y también de euros en efectivo que aparecen y desaparecen en las calles de Caracas.
«Maduro y su familia usan la plataforma del Estado, usan el Banco Central de Venezuela, para sacar oro del país. Yo llamo a este sistema de gobierno una empresa criminal», acusó quien conoció desde muy dentro los manejos de la corrupción: el general Manuel Cristopher Figuera, antiguo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Quien fuera jefe de la policía política descubrió que Nicolasito Maduro, hijo del mandatario, compraba oro a bajo precio a los mineros, a través de las mafias, para luego revendérselo con sobreprecio al propio BCV. El Parlamento también acusó a Maduro junior de poseer una mina de coltán en el Amazonas, que además contaba con la vigilancia de la guerrilla colombiana aliada de la revolución.
Fuente Diario El Mundo
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