Zapatero figura como presunto responsable de una estructura dedicada al tráfico de influencias y la obtención de beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos. El periodista español del diario ABC, David Alandete sostiene que el origen de los fondos señalados en la investigación estaría conectado con estructuras de corrupción asociadas al entorno del chavismo.
El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue sido citado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso de la aerolínea de origen venezolano Plus Ultra.
Zapatero figura como presunto responsable de una estructura dedicada al tráfico de influencias y la obtención de beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos. Se trata de la primera vez que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.
Pero también salta otro escándalo en la imputación del exmandatario y es la sospecha de haberse lucrado con la necesidad de los venezolanos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), un sistema creado en 2016 por el gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados directamente a las familias.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el periodista español del diario ABC, David Alandete sostiene que el origen de los fondos señalados en la investigación estaría conectado con estructuras de corrupción asociadas al entorno del chavismo.
Entre ellas menciona Pdvsa, empresa estatal venezolana que ha sido objeto de múltiples investigaciones internacionales por presuntos casos de desvío de fondos y gestión irregular, y el programa clap.
El Clap no es una corrupción cualquiera. Es la trama que, según el Tesoro de Estados Unidos, permitió a Alex Saab canalizar dinero hacia los hijastros de Maduro para obtener contratos públicos sobrevalorados y convertir un programa creado para alimentar a los venezolanos más vulnerables en una maquinaria de sobornos, sobreprecios y enriquecimiento para los próximos al poder. Ese es el universo corrupto que ahora aparece en el auto de Zapatero», sostiene.
Este programa ha sido señalado en distintas investigaciones internacionales como un sistema en el que habrían podido producirse irregularidades en la adjudicación de contratos, sobreprecios y el uso de intermediarios para la importación de alimentos.
En este contexto, el empresario Alex Saab ha sido vinculado por las autoridades estadounidenses a una presunta red de intermediación comercial relacionada con dicho programa.
Según Alandete, estos elementos formarían parte del contexto de una supuesta estructura de blanqueo y financiación irregular mencionada en el procedimiento judicial, aunque las conclusiones jurídicas sobre la existencia de responsabilidades concretas dependen del contenido íntegro de la resolución y del avance de la investigación.
La pista venezolana detrás del caso
El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de Covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. El objetivo era un rescate financiero para evitar su quiebra.
El caso no fue archivado de una forma ordinaria, sino que se trató de una superación de los plazos previstos sin que pudiera llegar a analizar el fondo del asunto.
Pero la Fiscalía Anticorrupción, a llamada de las Fiscalías de Suiza y Francia, empezó más tarde a investigar si parte de los fondos recibidos en el rescate habían sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo de capitales.
Fueron, por lo tanto, Francia y Suiza quienes volvieron a forzar la investigación de Plus Ultra ante la pista de blanqueo venezolano especialmente centrada en el oro, pero, cuidado, también en el dinero procedente de la supuesta lucha contra la pobreza.
En concreto, de dinero controlado por los Clap, los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, gestionados por el gobierno y que afirmaban ser una salvaguarda frente a la pobreza del país. La utilización de política y variaciones de los precios justificados para los alimentos sin control alguno entra de lleno en el caso Plus Ultra y en la presunta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero niega acusaciones
A raíz de está situación, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero negó haber realizado gestiones para favorecer el rescate de la aerolínea Plus Ultra, luego de que la Audiencia Nacional lo citara como investigado en la causa que analiza presuntas irregularidades durante la pandemia.
A través de un video enviado a medios de comunicación, Zapatero aseguró que “jamás” intervino ante ninguna administración pública o entidad estatal para beneficiar a la compañía aérea y defendió la legalidad de toda su actividad pública y privada.
«Jamás he tenido ninguna sociedad mercantil, ni en España ni fuera de España, ni directa ni indirectamente”, afirmó el exmandatario, quien deberá comparecer el próximo 2 de junio ante la justicia española.
El negocio de los Clap
Alex Saab compareció este lunes ante un tribunal federal de Miami, donde la jueza le leyó sus acusaciones por presunta conspiración para lavar dinero y ocultar el origen y control de fondos vinculados a Venezuela.
El caso también incluye referencias a supuesto fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos.
El empresario renunció al derecho a un juicio rápido y deberá volver a comparecer el 24 de junio para la lectura formal de cargos.
Según documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense, Saab está acusado de participar en una trama que habría desviado cientos de millones de dólares destinados originalmente al programa venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para distribuir alimentos a poblaciones vulnerables.
La acusación sostiene que Saab y sus presuntos colaboradores habrían sobornado a funcionarios venezolanos para obtener contratos lucrativos vinculados al suministro de alimentos al país.
Posteriormente, según la investigación, utilizaron empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y documentos manipulados para apropiarse de fondos públicos.
De acuerdo con la acusación, parte del dinero obtenido mediante el supuesto esquema fue transferido o ocultado a través del sistema bancario estadounidense.
La investigación también señala que entre 2019 y enero de 2026 la supuesta red amplió sus operaciones hacia el petróleo venezolano, aprovechando el impacto de las sanciones económicas estadounidenses sobre las exportaciones del país.
Según el expediente, Saab y sus colaboradores habrían obtenido acceso a miles de millones de dólares en petróleo perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y vendido esos recursos mediante operaciones fraudulentas.
Los beneficios derivados de esas ventas habrían sido canalizados a través de cuentas bancarias estadounidenses para sostener y ocultar el esquema asociado al programa CLAP.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en su momento a Saab en su lista negra y congeló todos sus activos. El empresario había sido detenido originalmente en Cabo Verde en 2020, cuando el jet privado en el que viajaba hacia Irán se detuvo para reabastecerse de combustible.
Tras 16 meses de litigios en el país africano, fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, un hecho que el chavismo calificó entonces de “secuestro” y que provocó la suspensión de las negociaciones de paz con la oposición en México.
Durante el proceso judicial previo, trascendió que Saab había cooperado secretamente como informante de la DEA y el FBI hasta el año 2019.
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