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¿Advertencia de la Procuraduría sobre caso Uribe iba para Duque y su gobierno?

Esa fue la discusión que tuvieron los periodistas y expertos al analizar el comunicado en el que el Ministerio Público pidió acatar la justicia.

En el texto, el órgano de control pidió a los servidores del Estado que acaten y no ataquen las decisiones que se toman en instancias judiciales, horas después de la reacción del jefe de Estado y, además, enfatizó:

“Ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”.

Ante esas palabras, el jefe del servicio informativo de la emisora, Ricardo Ospina, dijo que era claro el llamado de atención a respetar la separación de poderes, en medio de la nueva polarización en la que entró el país por la detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe.

Entre tanto, el analista Pedro Viveros, dijo en el espacio de ‘Voz Populi’, que el ‘jalón de orejas’ de la Procuraduría fue para todos los funcionarios del Estado y, por supuesto, el presidente Iván Duque es uno de ellos, y añadió:

“En la Casa de Nariño tienen también que estar oyendo y evaluando muy bien cuáles son las palabras del presidente; entre otras cosas porque habló tres veces sobre el caso, y yo creo que sobraron dos”.

Viveros indicó también que aunque entendía que Duque se refiriera al proceso por el estatus de expresidente de Uribe, pero que habló de más… era muy importante lo que él dijera pero se excedió”.

A su vez, Álvaro Forero, también analista del espacio radial, dijo que aunque el llamado de atención recaía sobre Duque, destacó que “la Procuraduría no tiene capacidad de sancionar al presidente pero a los demás funcionarios sí”.

Y fue más allá, al citar el código disciplinario: “La Ley 734, artículo 35, dice: ‘Prohibiciones, numeral 28, manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sena favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado en su propio beneficio o de un tercero”.

Para Forero, eso es “exactamente lo que están haciendo” muchos congresistas del Centro Democrático al referirse al fallo acusando a la Corte de prevaricar, de corrupción, de persecución sin pruebas.

Por último, Viveros añadió que la situación es un llamado importante para que los colombianos entiendan que esas decisiones se toman en hechos comprobables y que si tienen nuevos elementos que aportar deben llevarlos ante la justicia para que se investigue, y agregó que “no podemos estar en un país diciendo una cantidad de cosas contra un fallo”.

El experto les dijo a quienes son elegidos democráticamente en Colombia que pueden defender a Uribe en debates o en declaraciones ante medios, pero no desconocer la determinación de la Corte Suprema, en especial en un proceso que no ha terminado.

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