Abogados y especialistas expresan sus inquietudes sobre el mecanismo de habilitaciones acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.
El jueves 30 de noviembre, faltando tres horas para vencerse el plazo otorgado por Estados Unidos, el mediador Noruega hizo público el procedimiento acordado por la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para levantar las inhabilitaciones de opositores que aspiren a la presidencia de Venezuela en 2024.
El documento señala que cualquier persona con una medida impuesta por la Contraloría General deberá ejercer un recurso contencioso contra su inhabilitación ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El recurso debe ir acompañado de una solicitud de amparo cautelar, “en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos”.
De acuerdo con el abogado y especialista en Derecho Internacional Mariano de Alba con este mecanismo el gobierno de Nicolás Maduro, en acuerdo con la Plataforma Unitaria y Estados Unidos, se compromete a “una obligación de medio (un proceso de revisión) pero no de resultado (la habilitación de todos los candidatos)”.
También calificó de “llamativos” los compromisos establecidos en el documento que deberán asumir quienes participen en el procedimiento. Destacó los compromisos de: defender la integridad territorial, acatar la decisión y rechazar cualquier forma de violencia.
🧵#Venezuela: El procedimiento anunciado, que desarrolla el numeral 11 del acuerdo electoral de Barbados y mantiene viva la negociación, ratifica que el gobierno de Maduro estaría dispuesto a permitir algunas habilitaciones, pero no la más relevante: la de @MariaCorinaYA. 1/9 https://t.co/9FQDhLK9P5
— Mariano de Alba (@marianodealba) December 1, 2023
“Esos términos intentan preparar el escenario para descartar con mayor facilidad a quienes no se sumen a las iniciativas del gobierno con respecto a la disputa con Guyana y limitar el margen de acción de quienes no se verán favorecidos por el TSJ”, dijo.
Aseguró, en la red social X, que el gobierno de Maduro estaría dispuesto a permitir algunas habilitaciones, pero no la de María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias de la oposición e inhabilitada por la Contraloría General.
En ese sentido, el abogado y exsecretario adjunto de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, calificó como «una trampa» que María Corina Machado acuda al TSJ para solicitar el levantamiento de su inhabilitación política.
“Para mí es una trampa en el caso específico de María Corina Machado porque si ella acude al TSJ por las vías que están estableciendo, por la Sala Político Administrativa, estaría reconociendo que está inhabilitada y lo cierto a la forma como lo hicieron no está inhabilitada porque es un acto inexistente de toda nulidad”, dijo en entrevista con Román Lonzinski para Circuitos Éxitos de Unión Radio.
El abogado Zair Mundaray aseguró, en su cuenta en la red social X, que el caso de María Corina Machado es “complejo” porque su inhabilitación “no existe”. “Noruega vende su mediación como panacea, pero cede ante las imposiciones ilegales de un régimen que no respeta norma alguna”.
En opinión de Mundaray el tema de las inhabilitaciones se hubiese podido resolver con una amnistía dictada por la Asamblea Nacional. “La amnistía aplica en materia penal, administrativa y tributaria”.
Walter Molina Galdi, politólogo, aseguró que si la decisión de habilitar a candidatos opositores depende de la Sala Político Administrativa del TSJ, no será una decisión jurídica sino política “al ser este un brazo ejecutor de un régimen chavista que sigue ganando tiempo y dinero”.
Fuentes: Talcualdigital.com
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