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#GRAVE Florida endurecerá aún más las medidas contra inmigrantes sin documentos

Un gran jurado impulsado por DeSantis hizo tres recomendaciones adicionales.

Desde que la Ley contra la inmigración ilegal SB-1718 entró en vigor en Florida, la discusión en torno a este tema no ha cesado. El gobernador, Ron DeSantis, ha dejado en claro que sus objetivos están enfocados en frenar la presencia ilegal en el estado y evitar que las organizaciones criminales y empresas se aprovechen de ello.

No obstante, la legislación ha sido tildada como una de las más duras. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aseguró que este tipo de herramientas legales son perjudiciales para las comunidades de inmigrantes.

“No queremos que las personas vivan con miedo, ni que otros estados se sumen a adoptar políticas ilegales”, dijeron durante una protesta en julio.

A pesar del tenso panorama, un gran jurado estatal que investiga temas relacionados con la inmigración, pidió recientemente a los legisladores del estado que se impongan nuevas restricciones. A través de un informe publicado en el sitio web de la Corte Suprema de Florida, solicitaron endurecer las medidas contra las empresas que contratan extranjeros.

Además, insistieron en una investigación sobre organizaciones no gubernamentales y exigieron que se establezca un impuesto en las remesas que se envían al exterior.

Exigencias del jurado de Florida sobre las empresas

“Muchos floridanos son peligrosamente ingenuos y no son conscientes de la verdadera magnitud y malevolencia de la industria de la inmigración ilegal”, refieren en el informe de 146 páginas.

Entre las peticiones se encuentra el exigir a las empresas que verifiquen los nombres de los posibles empleados a través de una base de datos federal de inmigración.

La SB-1718 estable que las compañías privadas con 25 o más empleados deben usar E-Verify para saber el estatus legal del personal. No obstante, el jurado cree que es necesario una modificación ya que deja una brecha para que los inescrupulosos jueguen con el sistema.

En ese sentido, pidieron que se aborde y evalúe la concesión de licencias a los contratistas generales. A juicio de los involucrados, algunas empresas utilizan a un tercero para evadir la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los trabajadores.

“Recomendamos que los contratistas generales sean directamente responsables de garantizar que sus subcontratistas den empleo a solo trabajadores legales. En todo caso, deben estar sujetos a los nuevos requisitos de verificación electrónica de Florida”, indicaron.

El gran jurado consideró que la normativa inicial que exige el uso de E-Verify deja una brecha para los inescrupulosos que utilizan a terceros para contratar personal. Foto: Finkel Law Group.

Investigación a las ONG

Por otra parte, criticaron y cuestionaron los métodos de algunas agencias no gubernamentales que reciben dinero federal. El gran jurado de Florida alegó que presuntamente el dinero es enviado para ayudar a inmigrantes indocumentados, pero al momento de indagar sobre cómo operan no proporcionaron información.

Asimismo, dijeron que algunas de ellas se negaron a responder ciertas preguntas directas sobre su estructura y dejaron en claro que “varias” obstruyeron activamente la investigación. En ese sentido, solicitaron que se conforme otro jurado a nivel estatal para centrarse en la vigilancia de estas organizaciones.

“No operan como equipos realmente humanitarios. No se enfocan en transmitir un mensaje donde se exponga la odisea que pone en peligro la vida de estas poblaciones”, apuntaron.

El jurado aseveró que los grupos solo crean una “ilusión” de prosperidad económica al final de un viaje migratorio, cuando es todo lo contrario.

Impuesto a las remesas desde Florida

En cuanto a los envíos de dinero que se hacen desde Florida a otros países, el jurado cree que es posible que los indocumentados incurran en actividades delictivas. Es decir, que alguna de estas transacciones provengan o se destinen al lavado de dinero y tráfico humano.

Aunque admitieron que la identificación de este tipo de crímenes es solo una hipótesis, recomendaron el cobro de una tarifa por cada operación. El jurado mencionó que se trata de una gran cantidad que sale de la economía del estado y por ende debería ser recuperado “una parte de ello”.

El impuesto podría ser del 1.5 % sobre cada transferencia bancaria hacia otros países. Por cada proceso, se generará dinero que puede servir para educación o para las agencias estatales que lidian con menores de edad que llegan sin acompañamiento familiar.

¿Qué dijo DeSantis sobre el informe?

Por ahora, el gobernador no ha hecho comentarios sobre las recomendaciones ni exigencias del informe que se elaboró con ayuda de la fiscal Ashley Moody. La funcionaria que labora en la fiscalía estatal, dijo que el texto expone el “fracaso” de la administración de Joe Biden en el tema migratorio.

Debido al contenido, algunos demócratas elevaron su voz y tildaron al gran jurado de DeSantis como radical. A su juicio, el tono y las acciones que se exponen en el texto, solo demuestra la disposición de Florida de “atentar” contra de los extranjeros indocumentados.

Fuente MiamiDiario

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